En las últimas dos décadas, el número anual de víctimas por homicidios intencionados ha fluctuado entre las 400.000 y las 450.000 personas en el ámbito global. Con 458.000 víctimas contabilizadas, 2021 fue un año especialmente letal. Para entender la envergadura del fenómeno, fue como si cada hora fueran asesinadas 52 personas en el mundo. Así lo reporta el Estudio Mundial sobre Homicidio 2023 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Publicado en diciembre de 2023, este estudio – el cuarto que se ha realizado desde 2011 – recopila los datos más recientes disponibles en la materia y hace un análisis, con comparativas regionales y enfoques temáticos o geográficos que nos ayudan a entender mejor una de las peores manifestaciones de violencia. Lectura imprescindible para captar la magnitud de su impacto y tomar medidas para un mundo más pacífico y seguro.
Siguiendo la tendencia de los últimos años, entre 2019 y 2021 el número de homicidios intencionales en el mundo fue cinco veces superior al número de muertes violentas en conflictos armados y veinte veces superiores al número de muertes en actos terroristas. Si bien en 2022 el número de muertes en conflicto armado aumentó un 95% (básicamente por la escalada de violencia en Burkina Faso, Etiopía, Malí Somalia y Ucrania), el número global de homicidios ese año fue el doble que las muertes en conflictos armados.
Como el mismo estudio reconoce, en situaciones tan extremas como una guerra, no siempre es fácil o posible tener un registro completo de las pérdidas de vida ni identificar con suficiente claridad las diferentes causas de la letalidad, al igual que cada vez es más complejo distinguir a los grupos armados tradicionales de los actores terroristas u organizaciones criminales. Añadimos que no siempre es evidente establecer cuando una situación es calificable de conflicto armado o no. El caso de México es un ejemplo de ello: un país altamente militarizado, con presencia de más de doscientos grupos armados activos que controlan partes importantes del territorio, y cerca de 400.000 homicidios, más de 110.000 personas desaparecidas y miles de personas desplazadas en los últimos 18 años.
Violencia y criminalidad
Globalmente en torno al 40% de los homicidios están relacionados con actividades criminales. De hecho, se calcula que entre 2015 y 2021 el crimen organizado causó 700.000 muertes, tantas como en los conflictos armados de este período. La proporción de actos cometidos por el crimen organizado en las tasas de homicidio es especialmente alarmante en países de América Latina y del Caribe. La crisis de seguridad en Ecuador, que ha sido noticia estos últimos días, es ilustrativa de cómo la expansión de grupos del crimen organizado y la violenta competición que mantienen entre sí por el control del tráfico de drogas han contribuido, junto con otros factores, en el aumento de la violencia. En pocos años, la tasa de homicidios del país se ha cuadriplicado.
Sin embargo, la correlación entre presencia de organizaciones criminales y altos niveles de violencia no es sistemática. Hay regiones de Europa, como la Ruta Balcánica, o de Asia, como Japón, con alta actividad criminal, pero con tasas de homicidio relativamente bajas (o muy bajas en el caso japonés). Según el contexto y los intereses en juego, la violencia se gestiona de una u otra forma. La ausencia de violencia letal no significa sin embargo que los grupos criminales no estén ejerciendo otros tipos de violencias para dominar territorios y mercados. Como indica el estudio, es el caso de las áreas controladas por el Primeiro Comando da Capital, en São Paulo, Brasil.
El acceso relativamente fácil a las armas de fuego es sin duda una de las principales causas del alto número de homicidios, especialmente en América Latina y el Caribe, donde se calcula que más de dos terceras partes de los asesinatos lo son con arma de fuego. El Sahel es otra región particularmente preocupante en cuanto a la presencia de armas de fuego y su impacto en altos niveles de violencia. Históricamente, los homicidios por arma de fuego han sido poco frecuentes en Europa, pero en el continente se observa un repunte de la violencia armada que se relaciona con un incremento del narcotráfico.
En esta radiografía que nos ofrece UNODC, los chicos jóvenes (añadiríamos, y pobres) aparecen como el grupo más vulnerable, especialmente en países con altos índices de homicidios. El 81% de las víctimas directas del mundo son niños y hombres, según datos del 2021. Pero el estudio alerta igualmente sobre el impacto de la violencia en niñas y mujeres. Para la mitad de la humanidad, el espacio más peligroso sigue siendo su propia casa. El 56% de las mujeres asesinadas lo son en el ámbito doméstico, en manos de familiares o (ex)parejas. Es una realidad que se observa en todas las regiones del mundo.
El estudio también explora cómo la violencia homicida afecta a los niños, cómo se da en relaciones interpersonales y comunitarias y cómo se ve también espoleada por factores globales, como el cambio climático y la creciente dificultad para el acceso al agua. Por otro lado, pone de manifiesto la dimensión sociopolítica del fenómeno y apunta cómo determinados colectivos son un blanco especial de la violencia: personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente, líderes comunitarios e indígenas, periodistas, profesionales de la ayuda humanitaria, etc.
Respuestas integrales
No se puede pretender acabar con estas alarmantes tasas de homicidio con medidas que se limiten a la securitización y militarización del espacio público, la represión y sobrecriminalización y el recorte de derechos y libertades. Ciertamente, la receta Bukele en El Salvador es tentadora para todos aquellos gobiernos que deben hacer frente a graves crisis de seguridad, pero es insostenible en cuanto al autoritarismo y el desprecio hacia la vida y la dignidad humana que supone.
Como institución de paz que es el ICIP, un informe como éste nos interpela directamente. Debemos seguir abordando aquellas situaciones que no son conflictos armados pero que generan unos niveles de violencia que igualan o superan a los de las guerras del siglo XXI. Es un llamamiento que el propio Secretario General de las Naciones Unidas hace a su Nueva Agenda por la Paz, donde identifica la violencia continua fuera de los conflictos armados como una de las principales amenazas a la paz que requiere mayor atención por parte de la comunidad internacional.
La respuesta a la violencia armada debe ser tan multifacética como los factores que la instigan, detonan y alimentan. Requiere intervenciones diseñadas en función de las problemáticas y necesidades reales de cada país, ciudad o incluso barrio. También de cada colectivo afectado, sean perpetradores o víctimas de las violencias. Hay que diferenciar entre las diversas expresiones e impactos de las violencias: las acciones para reducir los feminicidios, por ejemplo, no son las mismas que las que deben implementarse para reducir la violencia perpetrada por grupos criminales. Requiere democratizar y fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia, pero no caer en la instauración de una cultura del castigo. Requiere el diseño y el desarrollo de políticas sociales innovadoras en los ámbitos de la juventud, la igualdad de género, la educación y la formación, la salud, la vivienda, el urbanismo, el crecimiento personal y profesional, etc. Requiere también una deslegitimación de las violencias y una promoción de la cultura de paz, del diálogo y de la convivencia. Todas estas medidas deben ser una apuesta a largo plazo, y por largo plazo se entiende ir más allá de los ciclos electorales. Ninguna de ellas puede ofrecer una disminución inmediata de las violencias, pero entre todas sí pueden generar las condiciones por una paz justa y sostenible.