Cataluña vive inmersa en una situación política y social de excepción, agravada por los encarcelamientos preventivos de cinco diputados más y la detención del presidente Carles Puigdemont.
Desde el Instituto Catalán Internacional para la Paz, institución que defiende y trabaja para la construcción de paz, los derechos humanos y la resolución de conflictos, condenamos firmemente las detenciones por motivos políticos, como hemos anteriormente a raíz de los hechos del 1 de octubre, y constatamos con preocupación la grave vulneración de derechos políticos y sociales que estamos viviendo. Hay indicios claros de una ruptura de la separación de poderes en el Estado español, que es la base de cualquier estado de derecho. La deriva en la judicialización de un conflicto de naturaleza política no puede ser en ningún caso la vía para su resolución.
Deploramos este debilitamiento evidente de la democracia y, siguiendo el llamamiento a la unidad de acción hecha este domingo por el presidente del Parlament, Roger Torrent, nos ponemos a disposición de las instituciones, partidos y entidades catalanas para trabajar con el objetivo de promover la buena convivencia, arraigada en la justicia y la legitimidad democrática.
Asimismo, apelamos el conjunto de la sociedad catalana a mantener el espíritu pacífico y noviolento en cualquier tipo de reivindicación.
Hacemos nuestra la frase del filósofo y escritor Jean-Marie Muller: “No es la ley la que debe dictar lo que es justo. Es lo que es justo lo que debe dictar la ley”.
26.03.2018
