Antoni Pigrau, miembro de la junta del ICIP y catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la URV, participa como juez en el Tribunal Permanente de los Pueblos en la sesión sobre la industria minera canadiense, que tiene lugar del 29 de mayo al 1 de junio en Montreal.
Se trata de la sesión número 40 del Tribunal Permanente de los pueblos (TPP), una instancia fundada en 1979 en Italia por el abogado y senador Lelio Basso. En esta sesión, una quincena de personas afectadas y expertas de América latina denuncian, ante un panel de jueces compuesto por personalidades públicas de diferentes países, las violaciones de derechos humanos y los daños ambientales causados por las compañías mineras canadienses apoyadas por el gobierno de Canadá.
Canadá es el actor más importante de la indutria minera mundial gracias a sus leyes, a su fiscalidad y a su política extranjera favorables a este sector: el 75% de las empresas mineras tienen allí su sede y el 60% cotizan en la Bolsa de Toronto. Sin embargo, los megaproyectos mineros son una causa mayor de tensiones: en América latina, se cuentan alrededor de 200 conflictos sociales, de los cuales cerca de 90 implican a compañías canadienses.
El Tribunal examinará el rol y la responsabilidad de las empresas mineras y del Estado canadiense en la violación de derechos humanos y medioambientales en América latina, más específicamente en los casos emblemáticos de los proyectos Pascua Lama (Barrick Gold) en Chile y Argentina; Escobal (Tahoe Resources) en Guatemala; San Martín (Goldcorp) en Honduras; Payback (Blackfire Exploration) y la Platosa (Excellon Resources) en México.
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29.05.2014
