Tras quince meses de guerra, el gobierno de Israel y Hamás han acordado un alto el fuego en Gaza, que ha entrado en vigor el 19 de enero de 2025. El acuerdo pone fin temporalmente a la violencia, permite incrementar el acceso ayuda humanitaria y la liberación de las personas secuestradas y encarceladas.
Sin embargo, es una tregua frágil y pone de manifiesto que los derechos y necesidades de las víctimas del conflicto -las personas secuestradas por Hamás y el conjunto de la población palestina- tienen poca relevancia en el tablero geopolítico y son piezas prescindibles por Israel, Hamás, por los países vecinos y por Estados Unidos.
Asimismo, la credibilidad de la Unión Europea como institución defensora de los derechos humanos ha quedado gravemente afectada por su incapacidad de cuestionar los crímenes de guerra cometidos por Israel.