Los días 16 y 17 de febrero el ICIP celebró en el Palau del Parlament de Catalunya el seminario Empresas y Derechos Humanos: comparando experiencias. Una mirada centrada en la perspectiva extraterritorial, organizado en colaboración con la Dirección General de Cooperación, con el objetivo de abordar el impacto de las empresas sobre los derechos de las personas y del medio ambiente.
El seminario reunió, durante dos días, a una veintena de expertos de todo el mundo –miembros de ejecutivos e instituciones que trabajan en defensa de los derechos humanos– y planteó los principales problemas que afronta el binomio Empresa y Derechos Humanos y al mismo tiempo permitió conocer las iniciativas más avanzadas en la promoción del respeto por los derechos humanos por parte de las empresas. Ejemplos de estas iniciativas son los Planes de Acción Nacionales aprobados por diferentes Estados, entre los cuales hay el Reino Unido o Finlandia, y el proceso de creación de un tratado vinculante a nivel global a partir de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobados en el 2011, que establecen las obligaciones de los Estados de garantizar la protección de los derechos humanos por parte de las empresas. El seminario también abordó las obligaciones extraterritoriales del Estado; instrumentos jurídicos para la promoción y el control del cumplimiento del estándar de la diligencia debida; mecanismos de acceso a la justicia y a la compensación desde la perspectiva extraterritorial. Participaron ponentes del Reino Unido, Finlandia, Canadá, Dinamarca, Bélgica, Estados Unidos, Noruega y Francia.
Estrategia del Gobierno
La clausura del seminario, el viernes 17 de febrero, fue a cargo del conceller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, que detalló la estrategia que impulsará el departamento que dirige, a través de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo, para la promoción de la política de internacionalización responsable de la empresa catalana. Romeva explicó que el objetivo es poder tener a punto esta estrategia “en julio”. La estrategia incluye “los trabajos que tienen que permitir desplegar el centro de estudio y de evaluación sobre los impactos de las empresas catalanas con inversiones en el exterior” con participación de la sociedad civil catalana, un código ético de protección de los derechos humanos y de la igualdad de género y mecanismos concretos para garantizar protección de los defensores de los derechos humanos. El Parlament de Catalunya aprobó en noviembre del 2016 la resolución 359/XI que instaba al Gobierno a iniciar los trabajos de creación de este centro de estudio en el plazo de 8 meses.
Para poner en marcha esta estrategia el conseller explicó que se contará con la participación de todos los actores implicados: ONG, empresas, departamentos, sindicatos y otros actores que pueden ser claves, como las Cámaras de Comercio. También se creará un grupo de trabajo interno del cual formarán parte el departamento de Asuntos Exteriores, a través de la Dirección General de Cooperación, y el departamento Empresa y Conocimiento, y se ha propuesto al Consejo de Cooperación al Desarrollo que el Grupo de Trabajo de Sensibilización en las Empresas del mismo Consejo sea mientras tanto un espacio de consulta del Gobierno en este ámbito.
Demanda de la sociedad civil
El seminario abordó el proceso que se está llevando a cabo en Catalunya para analizar el impacto de las empresas catalanas que operan en el exterior con la mesa redonda “Las empresas catalanas como marca de país: el caso catalán”. Felip Daza, miembro del grupo de trabajo catalán sobre Empresas y Derechos Humanos de Lafede.cat y Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, emplazó al gobierno de la Generalitat a “ponerse a ello” en la creación del centro de estudio y evaluación del impacto de las empresas catalanas en el exterior, que considera una “gran oportunidad para Cataluña para convertirse en un modelo a nivel global”. LaFede.cat propone que este centro tendría que tener como funciones la inspección de las empresas, el apoyo a las víctimas de violaciones de derechos humanos para acceder a la justicia efectiva y el establecimiento de mecanismos sancionadores. El grupo de trabajo catalán sobre Empresas y Derechos Humanos agrupa 120 organizaciones de la sociedad civil y ha recogido las demandas de comunidades afectadas por violaciones de derechos humanos de diferentes puntos del mundo.
En la misma sesión, el catedrático Antoni Pigrau, director del programa «Conflictos armados: derecho y justicia» del ICIP, presentó la propuesta de creación de un código ético de respeto de los derechos humanos por parte de las empresas catalanas que operan en el exterior –un proyecto encargado por parte de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo a la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona–, mientras que la directora de Business and Human Rights, Maria Prandi, explicó el proceso de elaboración de un Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos a nivel español.
Vídeos íntegros de todas las sesiones del seminario
20.02.2017
