El reciente y macabro descubrimiento del rancho Izagurre en Teuchitlán, Jalisco, como centro de reclutamiento forzoso, adiestramiento y exterminio por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha puesto el foco sobre el drama de las desapariciones forzadas en México y la expansión del crimen organizado. Teuchitlán no es un caso aislado. Estamos ante un fenómeno sistémico que no funcionaría sin la colusión existente entre organizaciones criminales e instituciones públicas.
Según datos de enero 2025 del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el país contabiliza a 121.651 personas desaparecidas. Una cifra que no ha parado de crecer a lo largo de las últimas dos décadas y seguramente se queda corta. Por desconfianza hacia las instituciones y miedo a posibles represalias, muchas familias optan por no denunciar. Y pese a la magnitud del problema, el silencio y la indolencia persisten. Casos tan escandalosos como el de Teuchitlán, o hace diez años Ayotzinapa, sacuden conciencias y hacen reaccionar a las autoridades. Sacudidas fugaces y reacciones más performativas que transformadoras. Recordémoslo, el nivel de impunidad es prácticamente absoluto.
Las familias, organizadas en más de 200 colectivos repartidos por todo el país, siguen reclamando verdad, justicia y reparación. También medidas de prevención y de no repetición: “Que ninguna otra madre tenga que vivir mi calvario” es una frase que se repite en cada conversación con mujeres buscadoras. Ante la falta de diligencia del Estado, son las familias quienes, armadas de picos y palas, llevan la batuta en la búsqueda de fosas clandestinas y en la identificación forense. Una responsabilidad que, por prescripción legal, recae en las autoridades.
Este martes en Barcelona, la Taula per Mèxic, Furia Mexicana y el ICIP han organizado un evento para dar visibilidad al caso Teuchitlán y a la crisis de desapariciones de México. El acto ha contado con el apoyo del CEPAD de Jalisco y la Plataforma para la Construcción de Paz en México y con la participación de extraordinarias periodistas mexicanas especializadas en la investigación de violaciones de derechos humanos: Martha Guillén, Mónica y Mónica Cerbón. Ha sido una oportunidad muy emocionante para escuchar a un grupo de mujeres pertenecientes a Guerreros Buscadores de Jalisco, el colectivo de familias que denunció los hechos.
Madres, hermanas, mujeres e hijas de personas desaparecidas nos han hablado del impacto al entrar en el rancho, donde se han encontrado evidencias de las torturas y otras violencias, crematorios, restos humanos calcinados y cientos de objetos de víctimas que pasaron por el centro. Nos han hablado también de la frustración por la negligencia de las autoridades. De su exigencia de tener acceso a la investigación y de una serie de demandas para esclarecer los hechos y evitar su impunidad.
En sus intervenciones las familias han mencionado una realidad especialmente desoladora y que se repite en los testimonios de la gran mayoría de colectivos: las constantes revictimizaciones a las que se enfrentan, la indiferencia social a su dolor, la falta de empatía generalizada e incluso la estigmatización que rodea a las personas desaparecidas y sus familiares.
Ante ello, toca redoblar esfuerzos para impulsar y reforzar gestos de solidaridad con las víctimas de desapariciones, dar visibilidad a sus casos y poner en valor el enorme trabajo que realizan las buscadoras. Un trabajo que va mucho más allá de la búsqueda de sus seres queridos y que no es más que una lucha imprescindible por los derechos humanos y la construcción de paz.
El mundo se tambalea por todas partes, las emergencias se multiplican por todas partes, presenciamos un genocidio en el Mediterráneo, una guerra en Europa, un rearme global y una subida de los autoritarismos. Aun así, la crisis de violencia que vive México, ilustrada por decenas de miles de desapariciones, y el acuperpamiento a las víctimas deben seguir siendo una prioridad para quien quiera un mundo más justo, pacífico y seguro.
Sabina Puig, responsable del área «Violencias fuera de contextos bélicos» del ICIP