El seminario Drogas, Políticas y Violencias. Del consenso global a nuevos enfoques, organizado por el ICIP y Casa Amèrica Catalunya, ha reunido durante días en Barcelona a veinte expertos europeos y americanos y a un centenar de asistentes con el objetivo de reflexionar sobre las violencias causadas por el narcotráfico y la guerra contra las drogas y analizar los riesgos y las oportunidades de una regulación del mercado.
El seminario ha abordado cuestiones como la perspectiva histórica en el control de drogas, las nuevas políticas en la materia que superan el prohibicionismo imperante, el dinero de las drogas y su circuito en la economía mundial, el narcotráfico y la captura del estado, la violencia que causan las políticas de drogas y, por último, las drogas en las ciudades. En la mesa final de conclusiones, en la cual han participado diez de los ponentes invitados, se ha compartido la tesis que una reforma de la política de drogas es necesaria si se quiere reducir el alto nivel de violencia que genera actualmente el narcotráfico y su persecución, sobre todo en países de América Latina como Colombia, el Brasil o México.
«Hay que ir hacia un régimen totalmente diferente al prohibicionismo porque este modelo ha fracasado,» afirma la profesora de la Universidad Complutense de Madrid Araceli Manjón-Cabeza, mientras que Constanza Sánchez, del International Center for Ethnobotanical Education, Research & Service, comparte que «la reforma es una oportunidad para la sociedad, hace falta una política pública estratégica encaminada a reducir los daños causados por las drogas».
Análisis de las violencias
Buena parte de los ponentes, como las mexicanas Ana Lilia Pérez y Lisa Sánchez, el comisario de policía brasileño Orlando Zaccone o los profesores colombianos Rodrigo Uprimny y Luis Jorge Garay, han puesto de manifiesto, en sus intervenciones, las múltiples formas de violencia que genera el narcotráfico y, sobre todo, la elevada violencia desplegada por el Estado para reprimir el mercado de drogas y las organizaciones criminales. «Para que un mercado ilícito se instale en un país tiene que haber violencia y corrupción», afirma Uprimny. Una corrupción que en Colombia el profesor Garay define como «cooptación institucional», la infiltración entre los agentes del Estado y las instituciones públicas y privadas dentro de las organizaciones criminales, y que se da también en México, donde la periodista Ana Lilia Pérez constata que el clima de corrupción hace que los cárteles de la droga se adentren en los circuitos financieros y empresariales formales, por ejemplo, en la industria petrolera. «El dinero negro ha permeado en la economía con la presencia de grupos criminales corporativos», afirma Pérez. A su vez, Lisa Sánchez, directora general de la organización México Unido contra la Delincuencia, sostiene que en México hay más violencia perpetrada por la guerra contra el narcotráfico que por las propias redes criminales: «El estado mexicano se ha ensañado con la persecución de los delitos contra las drogas. México ha declarado la guerra contra las drogas y a quien menos combate es a los cárteles de las drogas».
De hecho, una visión compartida ha sido que la persecución del narcotráfico afecta a los actores más débiles del entramado. «Sudamérica es la región del mundo que ha pagado los costes más altos en esta lucha inútil contra las drogas, que ha sido dura con los débiles y débil con los duros. Hay que descriminalizar los eslabones más débiles y criminalizar a los duros», afirma el expresidente colombiano Ernesto Samper. «¿Quién gana con la ilegalidad de este negocio? Los delincuentes de guante blanco siempre ganan», observa Ana Lilia Pérez. En México, desde el inicio de la guerra contra las drogas decretada en 2006 por el presidente Felipe Calderón, «las organizaciones de narcotraficantes han pasado de 12 a 240», ha informado Lisa Sánchez. Mientras, en el Brasil, el 90 por ciento de los encarcelados lo están por tráfico de drogas por cantidades de sólo un gramo, «las prisiones, donde cada día mueren 4 internos, son una máquina de matar con cuentagotas», ha denunciado al comisario brasileño Orlando Zaccone.
En este escenario de violencia, la mayoría de ponentes se han mostrado a favor de nuevas políticas que superen el prohibicionismo actual. «La regulación de las drogas implicaría una reducción de la violencia contundente a medio y corto plazo», afirma Rodrigo Uprimny, que al mismo tiempo manifiesta el riesgo que supondría quedarse con una legalización sólo del cannabis. «El peor sistema es el que tenemos ahora, en el que el control lo ejercen los narcos», dice Araceli Manjón-Cabeza.
Superar el prohibicionismo
En el seminario se han contrastado resultados de las experiencias reguladoras del cannabis en países como Uruguay o Portugal. «La Ley del Cannabis nos ha permitido perseguir con más eficiencia al narcotráfico», explica Augusto Vitale, exdirector del Instituto de Control y Regulación del Cannabis en Uruguay. Y añade que la regulación del cannabis se ha hecho partiendo de un interés general y de salud pública, y que no ha disparado el consumo.
Por su parte, el subdirector general de Drogodependencias de la Generalitat, Joan Colom, ha defendido un modelo regulador intermedio, una «regulación coordinada» que permitiría más transparencia, menos estigmatización y menos carga policial y judicial.
Al otro extremo, y como defensor del modelo prohibicionista, se ha manifestado David Murray, codirector del Centro de Investigación sobre Abuso de Sustancias del Hudson Institute dels Estats Units. «La vaguedad de las propuestas de descriminalización es preocupante. La legalización comercial de la marihuana en Estados Unidos ha provocado efectos astronómicos de prevalencia, lo que generará una problemática catastrófica. La descriminalización sólo empeorará las cosas «, ha afirmado.
26.10.2018
