‘Los diálogos de paz de La Habana, entre el gobierno colombiano y las FARC, son un paso hacia una transición en el país, bienvenidos sean, pero los problemas de Colombia van más allá de esta agenda y no se están tratando en la mesa de negociación’. Con este espíritu crítico se expresa Luis Jorge Garay, uno de los economistas colombianos más reconocidos y gran conocedor de la realidad social y política de Colombia, en la conferencia ‘Balance de un año de las negociaciones de La Habana’, celebrada el jueves 17 de octubre en Barcelona y organizada por el ICIP, la Fundación UB Solidaridad y Colombia en Paz.
La tesis de Garay sobre la Colombia actual es clara: el conflicto tradicional -así es como él define el conflicto con la guerrilla de las FARC- es sólo uno de los muchos conflictos que tiene la sociedad colombiana. ‘No es el único – insiste- y cada vez es el menos importante’. Y añade: ‘Hay una multiplicidad de violencias sistemáticas, ejercidas por grupos de poder legales e ilegales, fruto de una cultura de la ilegalidad: narcotráfico, contrabando, drogas ilícitas, mercados ilegales de minerales, etc…’. Ilegalidades que, según Garay, están presentes también en las instituciones -donde se ven, por ejemplo, los pactos entre congresistas y narcoparamilitares-, y en las relaciones entre el estado y las clases poderosas: ‘hay poderes fácticos, que no son la guerrilla, que obstaculizan cualquier avance social y político en el país’.
Además, el economista alerta que hay un 30% de las FARC que no tienen ningún interés en desvincularse del narcotráfico y que no se desmovilizarán aunque el proceso de La Habana salga adelante: ‘Este 30% seguirá en el territorio, manteniendo una alianza con organizaciones mafiosas internacionales, y seguirá siendo un foco de violencia. No se llamarán FARC, se llamarán de otra manera, pero continuarán operando como grupos armados ilegales’.
La lucha por la tierra y el territorio
Y otro elemento primordial que frena la transición hacia una Colombia democrática: la lucha por la tierra y el territorio, que se ha convertido en un eje central de los episodios de violencia de los últimos años. En este sentido, Garay advierte de un fenómeno que aumenta el riesgo de pobreza y marginación de los campesinos colombianos: la extrangerización de tierras – la compra o arrendamiento de tierras por parte de capitales extranjeros, mayoritariamente de países emergentes- y el acaparamiento de subsuelo por parte de inversores privados, lo que conduce a la especulación financiera.
Ante esto, Garay dice que hay que ir hacia un modelo de desarrollo rural ligado al territorio, que reconozca al campesino como agente rural y que le permita mejorar sus condiciones de vida. Un modelo, sin embargo, que él mismo reconoce que ni el estado ni las élites tienen ningún interés en implementar y que por eso está fuera de la agenda de La Habana.
Por todo esto, Luis Jorge Garay evita hablar de proceso de paz en Colombia: ‘conseguir un acuerdo de desmovilización de la guerrilla es útil para un proceso de transición hacia la paz pero la paz se construye con procesos sociales muy diferentes’.

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