Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack
Helen Mack se ha convertido en un referente internacional en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad en Guatemala. Desde el asesinado de su hermana Myrna, el 1990 en una operación de inteligencia, ha luchado para hacer justicia y para que se sepa la verdad. Una lucha llena de obstáculos, que persiste a día de hoy.
¿Qué supuso para las víctimas la creación de la Comisión de la Verdad en Guatemala?
Cuando se empieza a hablar en Suramérica de los conceptos de lo que ahora se llama justicia transicional –verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición– se incrementan las expectativas y con la creación de la Comisión de la Verdad en Guatemala las víctimas y sus familiares vieron la oportunidad directa de poder dar su testimonio y que realmente se dijera la verdad de lo que está ahí. Esto fue algo muy satisfactorio porque muchas personas no cuentan lo que sucedió hasta que se les da esta oportunidad. Además, la metodología fue buena y la comisión se acercó a las víctimas en las poblaciones más remotas, donde no hay desarrollo y no tenían posibilidad de viajar. Sin embargo, de la comisión salieron una serie de recomendaciones que desafortunadamente, al no ser vinculantes, no se han cumplido.
¿No ha habido voluntad política?
Efectivamente. El presidente de la República –Álvaro Arzú– no llegó a recibir el informe de la comisión cuando se presentó, lo que simbólicamente se interpretó como que no fue aceptado. Hay una verdad escrita, la que está en los textos de la comisión, pero ha habido un rechazo, una negativa, a aceptar esta verdad. Y sigue siendo una verdad no conocida por la mayoría, porque no está recogida en nuestro sistema educativo. Ellos quieren imponer su verdad, no la que está escrita y dicha por las víctimas.
¿A quién se refiere cuando habla de ellos?
Como dijo recientemente el comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), Iván Velázquez, el Estado de Guatemala se diseñó para guardar la impunidad de la élite militar, política y económica que ha controlado el país y a quien no le interesa ni el desarrollo ni la verdad, sino seguirse beneficiando de sus propios intereses. Ha habido impunidad para los delincuentes de cuello blanco, de esta élite, y así es como se ha ido cooptando al Estado. En la transición hacia la democracia la corrupción se democratizó, y la impunidad del pasado es la impunidad del presente. Los mismos actores de violaciones de derechos humanos en el pasado, están siendo imputados hoy por corrupción, y son los que impiden que se haga justicia para las víctimas. El ejército en Guatemala fue el vencedor de la guerra –a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en Argentina– y eso hace que la lucha por la justicia y por esa verdad todavía se siga peleando.
El Estado de Guatemala está diseñado para mantener la impunidad de la élite militar, política y económica que controla el país
En el caso del asesinato de su hermana, Myrna Mack, tampoco se ha esclarecido toda la verdad.
A mi hermana la mataron en septiembre de 1990. En el año 1993 fue el primer caso en que logramos una condena por violaciones de derechos humanos del autor material y hasta el 2014 no tuvimos la sentencia contra un coronel, un militar de rango superior. Demostramos como el caso de Myrna había sido una operación especial de inteligencia y como, para dejarlo en la impunidad, hubo necesidad de matar al policía que hizo la investigación e identificó al principal sospechoso, Beteta Álvarez. Junto a este policía, Mérida Escobar, dos civiles fueron capturados y torturados, uno asesinado y el otro desaparecido. Ahora, en abril, después de 27 años tuvimos la sentencia del caso del policia Mérida Escobar. Yo esperaba que al finalizar este proceso podría hacer el cierre del duelo que llevo desde hace 27 años. Y ¿cuál fue la sentencia? Reconocen la existencia de un plan pero absuelven al jefe de la policía y solamente condenan a tres agentes a 25 años. Esa verdad supuestamente jurídica no es la verdad; la verdad dicha desde la justicia no es la verdad completa debido al sistema de impunidad que existe. Estamos al 97% de impunidad en Guatemala.
En este escenario, ¿está siendo útil el trabajo contra la impunidad de la CICIG?
La CICIG está jugando un papel importante en la lucha contra la corrupción y está develando los entuertos de la impunidad del presente, que es la impunidad del pasado. Su trabajo sí ha sido un aporte, pero como dijo el comisionado Velázquez, este Estado está diseñado para asegurar la impunidad de la élite. Y los jueces –aunque no todos– están para garantizar esta impunidad.
Sin verdad ni justicia, no puede haber reconciliación…
Efectivamente. No puede haber reconciliación cuando la verdad no sale a luz, cuando no se va a la raíz del conflicto ni hay ninguna reforma institucional. Además aquí hay otra discusión: se dice que no se puede hablar de reconciliación porque nunca habíamos estado conciliados, que es el paso previo. Y eso también aparece en las conclusiones de la Comisión de la Verdad: la exclusión y la discriminación, que persiste a día de hoy. Esta es una de las tres conclusiones más destacadas del informe, junto a la concentración de poder –que también continua hasta el día de hoy– y el hecho de que los ciudadanos no podemos canalizar nuestras peticiones, debido a esta concentración de poder que está solamente al servicio de este pacto político–económico-militar, lo que la CICIG ha nombrado como “redes políticas y económicas ilícitas”. Aquí te das cuenta de que el informe de la Comisión de la Verdad fue muy valioso para las víctimas pero no para el país por esa falta de voluntad política.
La verdad dicha desde la justicia no es la verdad completa, no es la verdad de las víctimas
Durante el conflicto armado, la represión fue especialmente dura para las poblaciones indígenas y las mujeres. ¿Veinte años después la protección de estas comunidades sigue siendo un reto?
No ha habido ninguna reparación para las poblaciones indígenas y, una vez más, el Estado ha incumplido los compromisos de los Acuerdos de Paz para que se hicieran inversiones en aquellos lugares más afectados por el conflicto, en la parte occidental del país. Y eso ha hecho saltar nuevamente la crisis de los “niños no acompañados” [menores que huyen de la violencia e intentan cruzar la frontera de Estados Unidos], que se ha convertido en un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Ahora la exigencia de mayores inversiones en las zonas habitadas por comunidades indígenas viene por parte del gobierno americano, no porque le interesen los derechos humanos, sino porque tienen un problema con la inmigración.
¿La inexistencia de una ley de memoria histórica es también un obstáculo para avanzar hacia la paz?
Esta es otra batalla de las víctimas, que el Estado se encarga de que no se lleve a cabo. Otra vez, si nos fijamos en las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, no se ha constituido una comisión para investigar las desapariciones forzadas y tampoco se han hecho los memoriales. Y lo que se ha hecho en este sentido es gracias al esfuerzo de las víctimas, con apoyo de la comunidad internacional, o porque hay algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que así lo ordenan.
Sin embargo, el descubrimiento del archivo de la Policía Nacional fue un hecho significativo para la recuperación de la memoria. ¿Qué supuso para las víctimas?
Fue un descubrimiento fortuito y efectivamente aporta información sobre las víctimas que confirma como la policía era un apéndice operativo del ejército y una fuente de información. Confirma cómo la policía detuvo y entregó a las autoridades para que fueran torturados y asesinados. Desde una perspectiva institucional, hasta el día la policía no es reconocida en la Constitución, porque el ejército quiere mantener el control para seguir utilizándolo para sus propios intereses.
Los procesos de paz se llevan a cabo porque son rentables económicamente, no porque haya un interés real de acabar con el conflicto
¿Qué lecciones se pueden extraer de la situación de postconflicto en Guatemala?
Cada país tiene circunstancias distintas pero lo que vemos es que en estos los procesos de paz se llevan a cabo porque tienen una ventaja económica, no porque haya un interés real de acabar con el conflicto. Si la paz no es rentable económicamente ¿para qué voy a firmar la paz? A nivel internacional lo que se busca, a través de la paz, es la explotación de los recursos naturales y acuerdos económicos con empresas multinacionales.
¿Tiene esperanza que la situación pueda cambiar?
No, porque no se ve una alternativa de un sistema económico que sea más justo. En Guatemala las nuevas generaciones tienen un pensamiento más crítico, y esto es positivo, porque ven que la continuidad del modelo de estado que tenemos les afecta en conjunto. Están cansados de la corrupción y han tomado un papel más activo, donde están exigiendo el cambio. Pero quienes somos de las generaciones más antiguas debemos de acompañarles y apenas estamos comenzando a caminar con la tormenta; ni siquiera hemos llegado al ojo del huracano. La resistencia de esta concentración de poderes todavía no se ha resquebrajado.
¿Le quedan fuerzas para seguir luchando?
Vamos a apelar la sentencia del caso Mérida Escobar, claro, aunque te das cuenta que nada cambia. Y está la criminalización que hacen hacia las víctimas, nos dicen que queremos vivir en el pasado, seguir removiéndolo, y que no queremos la reconciliación. Para el Estado las personas fueron un expediente, pero para nosotros son nuestros seres queridos. ¿Cómo se concilia eso?
Fotografia : CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos
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