El punto 5 del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera suscrito el 24 de noviembre de 2016 entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia Ejército del Pueblo (FARC – EP) hace referencia a las víctimas del conflicto armado. Este punto establece un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, incluyendo la jurisdicción especial para la paz y compromiso sobre derechos humanos. Este sistema tiene como objetivos la satisfacción del derecho de las víctimas, la rendición de cuentas, la no repetición, el enfoque territorial, la seguridad jurídica, la convivencia y la reconciliación y la legitimidad. Sus componentes son la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición (en adelante la Comisión de la Verdad); la unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la jurisdicción especial para la paz; las medidas de reparación integral para la construcción de la paz y las garantías de no repetición.
La Comisión de la Verdad prevista en los acuerdos tendrá una duración de tres años y tendrá una fase preliminar de seis meses para preparar todo lo necesario para su funcionamiento. No se señala un período exacto de investigación y sería la propia comisión quien lo establezca, pudiendo fijar un período contextual más amplio y uno de esclarecimiento más corto. Como objetivos centrales, deberá contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas y promover la convivencia en los territorios. Tendrá once comisionados, de los cuales no podrán ser más de tres extranjeros. Los esfuerzos de la comisión estarán centrados en garantizar la participación de las víctimas y podrá celebrar audiencias públicas; esclarecerá las prácticas y hechos que constituyen graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario; contará con enfoques territorial, diferencial (menciona los pueblos indígenas) y de género, así como de los impactos de las violaciones; establecerá reconocimientos voluntarios de responsabilidades individuales y colectivas; será un mecanismo extrajudicial pero asegurará a quienes participen debidas garantías y un trato no discriminatorio; deberá implementar una estrategia de difusión, pedagogía y relaciones con los medios de comunicación; elaborará un informe final y tomará medidas para preservar los archivos una vez finalizado su trabajo; y se creará un comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones.
Las víctimas deben ser las protagonistas de la comisión; nadie puede hablar en nombre de ellas y nadie les puede robar la palabra
El pasado 5 de abril se expidió el decreto presidencial que crea la Comisión de la Verdad, que transcribe los objetivos, los criterios orientadores, el mandato y las funciones señalados en el acuerdo de paz. Lo más novedoso del decreto es lo relativo al acceso a la información, en particular cómo será el acceso a la información reservada y a las funciones que deben cumplir el presidente, el secretario general y el pleno de los comisionados.
Varios retos y desafíos se ciernen en el corto plazo para la conformación, estructuración y funcionamiento a cabalidad de esta Comisión de la Verdad. Lo primero pasa por la designación de los once comisionados y comisionadas que no solo garanticen su independencia, autonomía e imparcialidad sino que tengan la suficiente sensibilidad para priorizar las demandas de las víctimas y que demuestren un compromiso por el respeto y garantía de los derechos humanos. Así mismo, que el personal que laborará en dicha comisión tenga esos mismos perfiles. Se espera que el proceso de postulaciones, selección y designación de las comisionadas y comisionados se realice durante el segundo y tercer trimestre de 2017, con el propósito que la comisión empiece sus labores lo antes posible. Ojalá hacia principios del año 2018 la comisión abra sus puertas, lo que implicaría que previamente haya agotado su etapa preliminar en la que tendrá que definir su metodología, el despliegue territorial en las diversas regiones del país e iniciar una amplia campaña pedagógica para convocar a tantas víctimas del conflicto armado colombiano para que se acerquen a rendir sus testimonios.
La centralidad de las víctimas es fundamento prioritario para el trabajo de la futura comisión. Ellas deben ser las protagonistas. Es sobre todo a ellas a quienes se debe escuchar porque quien cuenta es quien acaba haciendo historia y por eso son las víctimas quienes la deben contar. La toma de testimonios, individuales y colectivos, y las audiencias públicas, son herramientas metodológicas capitales para este proceso. Nadie puede hablar en nombre de la víctima y nadie le puede robar su palabra.
Es de esperar que quienes cometieron los hechos de violencia contribuyan de manera efectiva contando la verdad y pidiendo perdón
El período de los años objeto de investigación debe ser lo suficientemente amplio para que esté acorde con la gravedad de la violencia política. Aunque el período que enmarque las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario para la toma de testimonios pueda ser menor que el de un contexto más general, dicho período debe ser lo suficientemente extenso para abarcar el mayor número posible de víctimas. No se compadece con el pasado de violencia un lapso de tiempo que no cumpla con las expectativas de esclarecer el mayor número posible de hechos. Aunado a lo anterior se deben investigar las violaciones más graves ocurridas durante el conflicto armado que vulneraron los derechos a la vida, a la integridad personal y sexual, a la dignidad personal y a la libertad personal, así como analizar los casos más paradigmáticos que por su masividad e impactos hacen parte de la historia reciente de Colombia.
Garantizar los diversos enfoques que debe tener la comisión no es tarea fácil en un país que durante varias décadas ha tenido miles de víctimas a lo largo y ancho del territorio, en donde no se ha respetado el género, la edad, la raza, las etnias, las opiniones políticas, entre otras. No solo esos enfoques deben estar circunscritos a los hechos sino también a los impactos y a las diversas formas de afrontamiento, así como a la inclusión de una metodología diferencial.
Aunque la comisión sea un mecanismo extrajudicial ese no es un obstáculo para que pueda establecer responsabilidades de quienes perpetraron las violaciones. Ojalá la comisión pueda avanzar más que otras comisiones oficiales que ha tenido América Latina en desentrañar la verdad de los victimarios. Responsabilidades institucionales, individuales, colectivas, nacionales e internacionales hacen parte de esa función de esclarecimiento. Es de esperar que quienes cometieron los hechos de violencia, si piensan ser favorecidos con las medidas de justicia que trae el acuerdo de paz, contribuyan de manera efectiva contando la verdad, asumiendo su responsabilidad y pidiendo perdón.
La Comisión de la Verdad disminuye por lo menos un número relevante de mentiras que existen en contextos de graves violaciones de derechos humanos
El informe final debe ser lo suficientemente comprensivo para que pueda ofrecer una verdad oficial de lo sucedido en Colombia durante el conflicto armado. Su contenido no puede reducirse simplemente a la confrontación armada entre el gobierno nacional y las FARC – EP, sino que debe incluir el esclarecimiento de hechos perpetrados por otros actores como es el caso de los grupos paramilitares y otras organizaciones guerrilleras. Además, la comisión no se agota con el informe final sino que debe ofrecer un proceso de acompañamiento a las víctimas que pueda promover la convivencia en los territorios, justo el tercer objetivo señalado en el acuerdo. El seguimiento de sus recomendaciones será capital para contribuir a reconstruir el tejido social de las comunidades afectadas. Por lo demás, los diferentes componentes del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición deben estar lo suficientemente equilibrados y coordinados, implementados de manera coherente para que todos cumplan con sus propósitos y no generen desbalances en cada uno de sus componentes.
Es de esperar que este mecanismo contribuya de manera significativa a construir un marco público de un discurso de memoria que establezca un nuevo paradigma oficial de verdad, ya que los actuales estándares de la justicia transicional señalan que es uno de los mecanismos que de forma más eficaz satisfacen el derecho a la verdad. Si la justicia será modulada con un sistema de penas donde no serán tan cruciales las penas privativas de la libertad, se requiere que existan altas dosis de verdad para que la justicia transicional esté más acorde con los estándares internacionales. Como ha escrito Michael Ignatieff, una Comisión de la Verdad por lo menos disminuye un número relevante de mentiras que existen en contextos en los cuales han ocurrido graves violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario. Sería conveniente que la comisión que muy próximamente empiece a funcionar en Colombia acabe con algunas de esas mentiras y funde una verdad que contribuya de manera más decida a la paz entre los colombianos y colombianas.
Fotografía : Lowfill Tarmak
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