Decenas de miles de migrantes siguen atravesando Libia en un intento desesperado de llegar a Europa. Poco o nada se sabe de las circunstancias en las que estas personas desaparecen por el camino, ya sea falleciendo a causa de las durísimas condiciones del viaje o porque, presas a manos de grupos criminales, su paradero se convierte en desconocido para todo el mundo, incluso para sus familiares.
Todo empieza con un viaje de cinco días a través del desierto en la trasera de un camión cargado de todo tipo de cosas, desde muebles hasta cabras. Les dicen que se aten con cuerdas, que el conductor no se detendrá si alguien cae. Por el camino, verán esos cadáveres abrasados por el sol. Los primeros en desaparecer en la ruta libia hacia Europa lo hacen ya antes de entrar en el país. Nadie conoce sus nombres y tampoco hay estadísticas; ¿quién podría acometer una tarea tan magna en la inmensidad del Sahel? Pero dicen que mueren más ahí que en el Mediterráneo.
Ya en tierra libia, los supervivientes apenas se han recuperado del shock cuando vuelven a caer en un nuevo infierno. Sabha, en el extremo sur del país, es una primera parada imposible de evitar, un lugar en mitad del desierto donde las mafias se dedican a la caza de subsaharianos.
Los primeros en desaparecer en la ruta hacia Europa lo hacen antes de entrar en Libia. Sin nombres ni estadísticas; ¿quién podría acometer una tarea tan magna en la inmensidad del Sahel?
Cada calle en la capital del sur cuenta con su propio “gueto”, que es como se llama a los lugares en los que los migrantes son retenidos y golpeados hasta que alguien, generalmente su familia, paga el rescate que las mafias exigen para su liberación. El dinero, si es que acaba llegando, lo hace a través de la hawala (significa “transferencia” en la jerga bancaria árabe). Hablamos de un sistema que no deja rastro y en el que una persona acepta la cantidad en depósito y una segunda la paga en otra parte del mundo. Cuando se hace, la familia del secuestrado recibe un código que tiene que mandar por SMS al secuestrador. El retenido será liberado hasta la próxima vez que vuelva a caer en manos de otra mafia.
Decenas de historias como las recogidas por este periodista –tanto en Libia como a bordo de los barcos de la flota humanitaria de rescate– corroboran este relato. Cambian obviamente los nombres de las víctimas y el periodo de espera hasta ser liberados, pero las cantidades del rescate parecen ser más o menos fijas, entre los 500 y los 700 dólares. A veces ocurre que la familia es demasiado pobre para pagar o, simplemente, que el secuestrado no tiene a quien recurrir. En ese caso, la víctima será vendida a un capataz para que trabaje como un esclavo en labores de limpieza o construcción. Si su salud está tan deteriorada que nadie está dispuesto a pagar por ella, sus captores la matarán ahí mismo.
Será únicamente la falta de contacto prolongado en el tiempo con familiares o compañeros de viaje la que les ponga sobre la pista de su desaparición. En un país sin instituciones eficaces, nadie se hará responsable de su pérdida ni llevará a cabo una investigación.
La vulnerabilidad alcanza su máxima cota cuando se trata de mujeres. Si bien son mucho menores en número –más o menos una de cada diez en las pateras rescatadas–, testimonios recogidos por numerosos periodistas y ONG apuntan a que los abusos sexuales son la norma. No en vano, este periodista fue testigo de cómo la mayoría pedía hacerse la prueba del sida nada más pisar la cubierta de un barco de rescate. Las que se quedan en tierra buscarán un trabajo como asistentes domésticas o limpiadoras en los principales hoteles de ciudades como Trípoli o Misrata. En el peor de los casos, desaparecerán en redes de prostitución.
La vulnerabilidad alcanza su máxima cota cuando se trata de mujeres. Si bien son mucho menores en número, los abusos sexuales son la norma
La costa
La Organización Internacional para las Migraciones sitúa el número de migrantes en Libia entre 700.000 y un millón, pero, como todo en Libia, son estimaciones aproximadas más que datos cotejables, porque resulta imposible arrojar cifras sobre el número de los que desaparecen en manos de las mafias ni tampoco a manos de esa suerte de milicias armadas que se autoerigen en las Fuerzas Armadas de ambos Gobiernos en disputa. La mayoría de estas opera en la costa, donde vive el 90% de la población y donde los migrantes empezarán de cero una y otra vez hasta reunir la cantidad con la que poder saltar a una patera rumbo a Europa. Basta con acercarse a lugares como el puente del barrio de Gargaresh de Trípoli para dar con una multitud de individuos, la mayoría subsaharianos, esperando subirse a la trasera de una pick up para trabajos ocasionales en la construcción o la limpieza. En un buen día pueden reunir hasta 20 dinares libios –unos cinco euros al cambio; en uno malo, acabarán, capturados por una nueva mafia del tráfico. Y vuelta a empezar. Mahmud, un nigerino de 26 años contaba que estaba levantando un muro en Tajoura –al este de Trípoli– cuando lo secuestraron.
“Me dijeron que llamara a mi familia a través de un teléfono móvil que me dieron y que les dijera que me matarían si no pagaban 700 dólares. Mientras hablaba con mi tía, me golpeaban sin parar, supongo que para que vieran que me matarían a palos si el dinero no llegaba”, recordaba el nigerino. Tras dos meses entre palizas y amenazas, el rescate acabó llegando a través de la hawala.
Las víctimas de estos abusos rara vez son capaces de aportar detalles que permitan saber dónde fueron encerradas, no se suele poder resolver si se trataba de un centro de detención oficial, también llamados de “retención”, o de uno de esos lugares en los que alguna banda las habría encerrado. Resulta imprescindible el permiso del Ministerio del Interior en Trípoli para visitar los primeros. Los retenidos pueden estar más o menos hacinados en habitaciones desconchadas y, con suerte, la falta de agua corriente en los baños se suplirá con bidones de cinco litros apilados en los mismos. El menú, generalmente a base de pasta y arroz, resulta indiscutiblemente monótono, y somos conscientes de que el ocasional reparto de manzanas y cigarros se debe a la visita de periodistas o trabajadores humanitarios. Generalmente son escuelas o almacenes en desuso cuyo reacondicionamiento se limitó a extender colchonetas en el lugar que antes ocupaban sillas y pupitres. Organizaciones humanitarias como Human Rights Watch o Amnistía Internacional dan cifras aproximadas de en torno a veinte centros por el oeste del país que van cambiando de localización por razones de seguridad o, simplemente, porque alguien acaba reclamando el edificio en cuestión.
La situación de vulnerabilidad extrema de los migrantes en suelo libio se entronca en la atomización del poder tras la guerra que puso fin a la dictadura de Gadafi
El número de los retenidos resulta imposible de calcular. A veces se producen liberaciones masivas ante un inesperado aluvión de nuevos detenidos o, simplemente, desplazamientos entre los centros. Cada uno de éstos cobra una cantidad fija del Gobierno de Trípoli por cada interno, por lo que la “compra-venta” de seres humanos es habitual incluso en la red bajo el paraguas del Ministerio del Interior. La prisión de Geryan –a 90 kilómetros al este de Trípoli– es conocida tanto por las terribles condiciones de los retenidos como por liderar el “mercado” de la compraventa.
De los centros “no oficiales”, los que las mafias utilizan para retener a los secuestrados, únicamente llegan imágenes sacadas con teléfonos móviles por los propios captores o los que participan en subastas de seres humanos.
Esta situación de vulnerabilidad extrema que sufren los migrantes en suelo libio se entronca en la atomización del poder en el país tras la guerra que puso fin a cuatro décadas de dictadura a cargo de Muamar al Gadafi. Actualmente, Libia es un país con dos Ejecutivos sobre el papel –uno en el este y otro en el oeste– y cientos de milicias que dictan sus propias leyes sobre el terreno. La situación para los migrantes se ha deteriorado aún más desde abril de 2019, cuando el general Haftar, líder militar de las fuerzas del este del país, lanzaba su ofensiva sobre la capital libia. Los enfrentamientos se siguen produciendo en una zona al sur de la capital próxima al aeropuerto, un distrito industrial donde sobran los hangares vacíos susceptibles de ser utilizados como centros de detención. “La amenaza para refugiados y migrantes en Trípoli nunca ha sido tan alta”, trasladaba entonces al británico The Guardian Matthew Brook, el jefe adjunto de la misión de ACNUR en Libia. Los supervivientes a la criba del Sahel, el infierno en el sur de Libia y el fuego cruzado en la costa se jugarán sus últimas cartas ya sobre una patera. Si la travesía marítima es peligrosa, atravesar este rincón del Sahel con vida también constituye todo un desafío.
Uno de los errores principales a la hora de intentar entender lo que ocurre en Libia es considerar a las mafias, milicias y fuerzas de seguridad como elementos independientes
“Muertos y desaparecidos”
Uno de los errores principales a la hora de intentar entender lo que allí ocurre es considerar a las mafias, las milicias, las Fuerzas de Seguridad como elementos independientes unos de otros. Lo cierto es que hablamos de una intrincada red de vasos comunicantes. Así, ¿cómo pedir a la Policía que investigue la desaparición de un individuo retenido en manos de una milicia pro-gubernamental? ¿Cómo exigir a un juez que abra un caso contra un ministro cuyo hermano es un conocido traficante de personas? En Libia, la policía y el ejército son nombres sobre el papel para entidades que todavía no existen sobre el terreno. La seguridad, o la falta de la misma, corre de la mano de los grupos insurgentes que se levantaron contra Gadafi, pero que siguen defendiendo sus propios intereses, casi siempre en claves tribales por encima de las ideológicas o incluso las religiosas. Ante la ausencia de un Estado, la tribu es la única que te protege, y cientos de miles de migrantes y refugiados en suelo libio carecen de ella.
Fue a finales de octubre de 2016 cuando 89 cadetes y oficiales libios constituyeron la primera remesa en recibir entrenamiento en el marco de la llamada Operación Sophia, la misión naval conjunta de la UE para combatir el tráfico de seres humanos y armas en el Mediterráneo central. El entrenamiento de los guardacostas libios, aún en vigor, es uno de los puntos más controvertidos, máxime tras los cada vez más numerosos incidentes entre la flota libia y ONG que participan en misiones de búsqueda y rescate. Incluso la Misión de las Naciones Unidas para Libia (UNSMIL) asegura tener «pruebas concluyentes» de que miembros de las instituciones del Estado y algunos funcionarios locales participan en el contrabando y el tráfico de personas. Hay casos confirmados en los que guardacostas cobran «mordidas» por dejar pasar a las pateras rumbo a Europa. Las que no lo hacen son retenidas y sus ocupantes devueltos a centros de detención en los que se abusará o comerciará con ellos. Mientras tanto, la flota libia, entrenada por la UE y con barcos de factura italiana resulta cada vez más eficaz en el papel de “cortafuegos” al flujo migratorio que tanto preocupa en la orilla norte del Mediterráneo. Se ha pasado del pico máximo de llegadas a Italia de 180.000 individuos en 2016 a los poco más de 10.000 del pasado año (cifras de Naciones Unidas). Las cifras de “muertos y desparecidos” (2913 y 750 respectivamente) corresponden únicamente a la última etapa, la marítima, de la ruta hacia Europa. Así, cada vez resulta más difícil llegar, por lo que los migrantes que no desaparecen en el mar son devueltos a la costa libia. Es una pesadilla en bucle, la vuelta a la “gincana” mortal que todos sueñan con dejar atrás.
Ante la ausencia de un Estado, la tribu es la única que te protege, y cientos de miles de migrantes y refugiados en suelo libio carecen de ella
Una balsa vuelca en mitad del mar antes de ser rescatada por un barco de la flota humanitaria o los guardacostas libios. Horas o días más tarde, los cadáveres aparecerán en la playa, o se enredarán en las redes de algún pescador. Cuando los cuerpos llegan a recogerse, será la Media Luna Roja la que los procese para su identificación, aunque no siempre es posible. Los cuerpos se enterrarán en lugares como el cementerio improvisado de Zuwara –al oeste del país– donde, frente a la inacción de unas autoridades negligentes, un grupo de voluntarios se encarga de enterrarlos. Solo allí hay más de 2.000.
Todo por hacer
Si bien las imágenes de migrantes en este rincón del Magreb se han multiplicado en nuestro imaginario colectivo en los últimos años, los movimientos humanos hacia Europa desde Libia no son ni mucho menos algo nuevo. Desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XIX, los puertos de Trípoli y Bengasi fueron destino final para caravanas de esclavos procedentes del interior de África; rutas mercantiles que se institucionalizaron durante los cuatro siglos de dominación otomana. Luego vendría el experimento demográfico italiano de los años veinte del siglo pasado [cuando Italia promovió la emigración de su «exceso de población» a su entonces colonia de Libia], pero la dirección del tráfico humano se invirtió durante la segunda mitad del siglo XX. Decenas de miles de migrantes y refugiados partían entonces hacia Italia en precarias embarcaciones mientras los oficiales libios miraban hacia otro lado. Gadafi era plenamente consciente de la preocupación que dicho tráfico suscitaba entre los antiguos amos de Libia y sus vecinos. Fue en 2004 cuando empezó a firmar acuerdos con diversos estados europeos para controlar el flujo migratorio. “Europa se volverá negra sin mi ayuda. Tendrá que decidir entre ser un continente desarrollado y unido, o ser destruido como ocurrió con las invasiones de los bárbaros”, alertó el mandatario libio en 2010, durante su discurso antes de una cena con 800 invitados organizada por su antiguo amigo y aliado, Silvio Berlusconi. Durante aquel evento, Gadafi pidió 5.000 millones de euros al año a cambio de cerrar su país y su costa a refugiados y migrantes. El resto es historia: tras el salvaje linchamiento de Gadafi, en octubre de 2011, el hasta entonces monolítico Estado libio se fragmentó en pedazos con forma de ciudades-estado, en las que grupos armados pugnan por el control de barrios y calles.
El drama de la migración irregular a través de Libia no puede ser abordado con eficacia mientras no se restablezcan unas mínimas estructuras de Estado
El caos es la norma en el país, por lo que la solución al drama de la migración irregular a través de Libia no puede ser abordada de forma eficaz mientras no se restablezcan unas mínimas estructuras de Estado solventes que puedan garantizar la seguridad de locales y foráneos. Asimismo, si damos por buenas las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones de en torno a un millón de migrantes en suelo libio, basta con hacer una sencilla regla de tres para darnos cuenta de las dimensiones del desastre en un país cuya población local no llega a seis millones. Es como si a una España en ruinas y en mitad de una guerra se le pidiera atender las necesidades de unos ocho millones de individuos en tránsito por el país.
Queda todo por hacer. En mayo de 2019, la UNSMIL mostraba “gran preocupación por los casos de arrestos arbitrarios y detenciones, secuestros y desapariciones sufridas por oficiales, activistas y periodistas”. Entre otras cosas, se trata de una declaración elocuente del caos que atraviesa el país. Y si el grupo mencionado es víctima de tales abusos, también da una idea de la pesadilla a la que se enfrentan los migrantes sobre suelo libio. En agosto del mismo año, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, envió un informe elaborado por varias agencias de la ONU donde se denunciaban abusos como el de «la pérdida de libertad y detención arbitraria en lugares de detención oficiales y no oficiales; tortura, incluida la violencia sexual; secuestro con fines de rescate; extorsión; trabajos forzados; asesinatos ilegales…». Las desapariciones forzosas se incluyen en el paquete. El informe daba la cifra de 4.900 migrantes actualmente detenidos en prisiones del Gobierno, pero apunta que «otro número desconocido de personas están detenidas en otras instalaciones clandestinas».
En diciembre de 2019, un grupo de ONG nacionales, regionales e internacionales pidieron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que actúe con urgencia para garantizar el «establecimiento de un mecanismo de investigación internacional sólido sobre crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y violaciones de los derechos humanos en Libia”. También se incluía a los sufridos por los migrantes.
Europa ha optado por establecer un “cortafuegos” al flujo migratorio que pasa por apoyar a milicias locales lideradas por reconocidos traficantes de personas
Mientras la situación se deteriora tanto para los de casa y los de fuera, la injerencia externa desde el abanico de potencias –tanto regionales como internacionales– que apoyan a ambos Gobiernos libios hace imposible que se pueda alcanzar una estabilidad sobre la que cimentar un acuerdo para reconstruir el Estado. Frente al caos que hoy es Libia, Europa ha optado por establecer ese “cortafuegos” que mencionábamos antes para cortar el flujo migratorio, sin duda el resultado más buscado de una controvertida política cortoplacista que pasa por apoyar a milicias locales lideradas por reconocidos traficantes de personas. Se deja al lobo al cargo de las ovejas en Libia, un país en cuyo vacío de poder muchos creen ver entreabierta una puerta hacia Europa. También es una enorme fosa común.
En alguna aldea de Nigeria, Eritrea o cualquiera de esos países en los que los jóvenes acaban siendo escupidos hacia Europa, una familia se pregunta por el paradero de ese hijo o marido que prometió llegar al norte del Mediterráneo para poder mantener a los suyos en el sur. Decimos que se pregunta, en reflexivo, porque no tienen a nadie a quién hacerlo.
SOBRE EL AUTOR
Karlos Zurutuza es periodista especializado en derechos humanos y conflictos armados en la región MENA. También es autor de Tierra Adentro, vida y muerte en la ruta libia hacia Europa (Libros del K.O., 2017), entre otros libros de crónica y ensayo.
Fotografía Mercado de Hawala.
© Generalitat de Catalunya