Desde su creación, el ICIP tiene el mandato de “impulsar los valores y la práctica de la cultura de paz, de la seguridad humana, del desarme y de la resolución pacífica de los conflictos y de las tensiones sociales”.[1] La cultura de paz es la razón de ser y el pilar de cada una de nuestras acciones, y la entendemos como un conjunto de valores, actitudes, costumbres, comportamientos y modos de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos, incidiendo en sus raíces mediante la educación, el diálogo y la cooperación entre individuos, grupos y Estados.[2] A menudo la cultura de la guerra se presenta como su antagonista, entendida como un patrón competitivo entre sociedades o Estados que hace de la diferencia el arma más violenta y destructiva. Pero desde el pacifismo defendemos que la antítesis de la paz no es la guerra, sino la violencia –en sus múltiples manifestaciones. Así, para continuar apostando por la cultura de paz creemos que es imprescindible analizar y entender cómo se presentan hoy en día el castigo, la dominación, la represión y el control. Si bien son expresiones violentas, actualmente también son elementos vertebradores de las relaciones humanas.
La cultura del castigo se ha materializado en multitud de formas e intensidades a lo largo de la historia, y a día de hoy sigue siendo la cultura predominante. Como tal, alimenta cotidianamente creencias y prácticas de todo el mundo, y se concreta en una corriente mayoritaria: el punitivismo. Como ideología, el punitivismo configura tanto nuestras relaciones personales como los modelos de políticas públicas, especialmente en el campo de la seguridad y la justicia. Si bien son numerosos los estudios que argumentan sus limitaciones y cuestionan las consecuencias negativas de optar por un abuso de aquello punitivo[3], coercitivo o vengativo, vivimos en una contradicción constante donde rechazamos ciertas formas de violencia mientras que defendemos o alabamos otras.
A partir de lo expuesto, desde el ICIP creemos necesario entender y visibilizar cómo se expresa la cultura del castigo en general y el punitivismo en particular, porque son corrientes que normalizan la violencia, reforzándola y, por lo tanto, limitan totalmente las opciones de construir una sociedad en paz. El punitivismo es un sistema simbólico que tiene consecuencias materiales, muchas de ellas contrarias a los derechos humanos, y no siempre somos conscientes de ello. De hecho, muchas de las expresiones punitivas -como las prisiones, la videovigilancia o los cuerpos policiales- siguen inamovibles o van en aumento, y a menudo parecen incuestionables. Es a partir de esta inquietud que nace el siguiente monográfico: ¿qué sostiene al punitivismo a lo largo del tiempo? ¿Y, sobre todo, por qué?
El punitivismo normaliza la violencia y tiene consecuencias sobre los derechos humanos. ¿Por qué se sostiene este modelo a lo largo del tiempo?
Con este número buscamos cuestionar y examinar la cultura del castigo y el punitivismo en todas sus dimensiones, en la legislación y en las actitudes y comportamientos sociales. Queríamos problematizar lo que no funciona, desde la intuición y la evidencia, y también defender lo que sí funciona -desde la ética y la ciencia, como relación indispensable. De esta manera, exploramos los aspectos socioculturales e institucionales del punitivismo, sus raíces históricas y sus consecuencias actuales. Sin embargo, al mismo tiempo nos preguntamos: ¿hay alternativas más humanas, justas y eficaces para abordar la violencia? ¿De ser así, cuáles? De esta manera, indagamos las posiciones y las experiencias que se desmarcan de la tendencia punitivista, pero también señalamos las limitaciones. Así, para valorar las posibilidades de transformar las sociedades punitivistas desde una óptica de paz, hemos querido ofrecer un corpus teórico y práctico que nos acerque a una seguridad y una justicia radicalmente diferentes: unas que beban del antipunitivismo, así como de los derechos humanos y la democracia.
Ya en el primer artículo, escrito por Sandra Martínez, responsable del área de trabajo del ICIP “Alternativas de seguridad”, reflexionamos sobre cómo se nombra y se despliega de manera interrelacionada la paz, la seguridad y la justicia desde el punitivismo. La pregunta base que se plantea en este punto de partida es: ¿hacerlo desde el antipunitivismo puede servir para reorientar las debilidades y fracasos de las políticas actuales?
Seguidamente, el politólogo y criminólogo Albert Sales enmarca el principal debate que se relaciona: para hacer frente a la delincuencia y a las violencias, ¿hay que invertir en políticas punitivas, o hay que hacerlo en políticas sociales? El autor expone una breve descripción histórica del populismo punitivo mientras que se adentra en la implicación de algunas de las fórmulas punitivas –como la masificación de las prisiones, la instrumentalización de las víctimas, y el fomento del miedo. La criminóloga Paz Francés desgrana en el artículo siguiente precisamente cómo el miedo se convierte en un instrumento político para manipular a la opinión pública, y se pregunta: ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación y los partidos políticos en la creación de mitos y de un marco mental a favor del discurso punitivista?
Cuestionamos la cultura del castigo y el punitivismo en todas sus dimensiones. ¿Hay alternativas más humanas, justas y eficaces para abordar la violencia?
Por su parte, la filósofa Clara Serra reflexiona sobre el reto que tiene el feminismo de no caer en esta manipulación: ¿cómo gestionar las violencias sin recurrir a un sistema penal que perpetúa las desigualdades y el desamparo? Propone indagar estrategias alternativas, complementarias, que se centren en las víctimas y que, al mismo tiempo, también apuesten por trabajar con las masculinidades. Desde esta fundamentación ética también se sitúa el artículo de la conflictóloga Noe Ayguasenosa, quien aboga por colocar la ética del cuidado en el centro de las relaciones comunitarias y del modelo público de gestión de las inseguridades y las injusticias. Sobre la eficacia de la justicia restaurativa y transformativa, como contraposición a los vacíos y fracasos de la justicia meramente retributiva, también nos hablan Teiahsha Bankhead y Rachel V. Brown, líderes de organizaciones que promueven prácticas restaurativas exitosas en las escuelas, las comunidades y el sistema de justicia juvenil.
A lo largo de los artículos caminamos por las similitudes y las diferencias que se presentan en diferentes sociedades, tiempos y países. De hecho, a pesar de las divergencias contextuales, las abogadas Claudia Cesaroni y Paola Zavala reflexionan en torno a las prisiones como máxima expresión del punitivismo y como eje central de los mecanismos de control penal en todo el mundo: ¿el crecimiento del número de internos penitenciarios, se debe a transformaciones en las políticas penales, o a un aumento real de la delincuencia? Para dar respuesta, Cesaroni nos invita a pensar críticamente sobre la cadena perpetua, explicando dos homicidios que tuvieron lugar en Argentina con consecuencias muy desiguales. Por su parte, Zavala apunta los elementos claves de un sistema alternativo de justicia teniendo en cuenta la falta de éxito de las políticas de mano dura en México y sus altos niveles de impunidad.
Para acabar, y como complemento a los artículos centrales, entrevistamos a Howard Zehr, un gran referente de la justicia restaurativa. A través de un recorrido por sus libros y su amplia trayectoria, Zehr nos expone las luces y las sombras de estas prácticas, de por qué son más la excepción que la norma, y nos da pistas sobre si se requiere y existe otra seguridad y justicia posible.
Para transformar y prevenir las violencias, hay que traspasar la inversión y confianza en los mecanismos punitivos hacia mecanismos sociales
Todas las reflexiones que conforman el monográfico son un alegato del “antipunitivismo”, entendido y defendido aquí como una filosofía, una forma de vida y un método de lucha política. Para transformar y prevenir las violencias, este número presenta en consenso la necesidad de traspasar la inversión y confianza en los mecanismos punitivos hacia mecanismos sociales. Si bien todas las autoras hablan desde diferentes aristas y matices, todas ellas coinciden en señalar el punitivismo como una respuesta simplista y altamente ineficaz para abordar la complejidad y multicausalidad de los conflictos. Al mismo tiempo, el consenso también lo encontramos en la necesidad de incluir la justicia social y la responsabilidad colectiva en la gestión de las violencias y en la promoción de una vida digna para todo el mundo, así como en examinar las implicaciones éticas y morales de los debates expuestos.
Desde el ICIP queremos agradecer a todas estas voces que han participado en el monográfico, porque nos recuerdan la necesidad de incorporar en el centro de las discusiones, de las dudas y de las propuestas, tanto las personas más directamente afectadas por las violencias, como las personas expertas que trabajan diariamente para combatirlas –y transformarlas. También porque creemos que todas ellas provienen de y promueven la paz positiva, la seguridad humana y la justicia restaurativa, a la vez que fomentan la reflexión crítica y el diálogo constructivo sobre la cultura del castigo. Pero, sobre todo, porque nos acercan a hacer todavía más deseable y tangible la cultura de paz.
[1] Ley 14/2007, del 5 de diciembre, de creación del Instituto Catalán Internacional para<A[por|para]> la Paz
[2] AGNU «Declaración y Programa de acción sobre una cultura de paz«, Resolución 53/243, Asamblea General de las Naciones Unidas, 1999.
[3] En este monográfico hemos respetado, tanto en los originales como en las traducciones, el uso que ha hecho cada autora de los conceptos. En algunos artículos “punitivismo” se presenta en referencia a un paradigma; “punitivista” como una “corriente”, mientras que “punitivo” funciona como adjetivo complementario. En otros se expone lo “punitivo” como un uso ordinario del castigo, mientras que el “punitivismo” o “punitivista” sería la tendencia o lógica abusiva.
Esta es una traducción del artículo original, escrito en catalán.