A raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York, la necesidad de priorizar la seguridad, incluso cuando esta conflictúa con los derechos humanos, cooptó el marco del debate. Esta necesidad implicaba toda una serie de políticas basadas en la vigilancia masiva y el control del movimiento de las personas, e inició un recorte progresivo de libertades. El concepto hegemónico de seguridad retornaba a la visión tradicional de la Guerra Fría, asociada al poder militar del Estado para preservar su existencia y su integridad territorial frente a los enemigos externos o internos. Una asociación estrecha e interesada que fue cuestionada por otras propuestas que iban surgiendo –como la seguridad humana o las visiones críticas sobre la seguridad– y que desplazaban al Estado del centro de la seguridad para poner a la vida, las personas y las comunidades. Desde el inicio de lo que se ha denominado la «Guerra Global contra el Terror», la seguridad nacional vuelve a monopolizar los debates y las políticas, pero se enfrenta al cuestionamiento permanente de las defensoras y defensores de los derechos humanos.
Como punto de partida, y desde una perspectiva holística, la seguridad se puede definir como el hecho de estar o de sentirse exento de cualquier daño a la vida y la integridad.1 La seguridad entendida como bien común es un ideal reciente, que toma importancia a medida que la vida humana va adquiriendo valor, hasta convertirse en una dimensión fundamental del pacto con el que nació el Estado moderno. Para librarnos del miedo que nos provoca –según algunos teóricos del Estado, como Thomas Hobbes– vivir en un «estado de naturaleza» de todos contra todos, donde las propiedades y bienes son codiciados por otros, ponemos nuestra protección en manos de la autoridad a cambio de nuestra obediencia. De este modo, la seguridad pasa a ser una «exoneración del cuidado de la vida pública»2; la delegación en el Estado, mediante lo que conocemos como «contrato social», de la protección de la vida, la libertad y los bienes.
¿Quién decide qué es una amenaza contra nuestra existencia? ¿En base a qué? Y, sobre todo, ¿una amenaza contra quién?
Desde entonces, libertad y seguridad son vendidas como ideales en oposición por las narrativas más tradicionales. Un juego de suma cero donde más de una equivale a menos de la otra y viceversa. En las últimas dos décadas, esta perspectiva no solo ha vuelto con fuerza, sino que nos ha inmerso en un proceso que conocemos como securitización, entendida como la capacidad de los Estados de desarrollar medidas de emergencia y poderes especiales, sobre todo militares, en respuesta a amenazas existenciales.3 Pero, ¿quién decide qué es una amenaza contra nuestra existencia? ¿En base a qué? Y, sobre todo, ¿una amenaza contra quién?
Comunidades e individuos en el centro: la seguridad humana
Algunas de las primeras voces críticas al resquebrajarse la visión estatocéntrica y tradicional sobre la seguridad, sugerían que el concepto está profundamente politizado y sujeto a intereses y prioridades. Por lo tanto, apuntaban, la seguridad no solo no tiene un carácter puramente técnico y objetivo, sino que todo lo que la rodea es profundamente político y subjetivo.
Exponer esta subjetividad es clave para cuestionar que, si las amenazas existenciales no son objetivas, lo que el Estado considera amenazas a su seguridad no necesariamente debe coincidir con los peligros y riesgos que enfrentan sus habitantes.4 Por lo tanto, si se quieren abordar amenazas a la vida y a la dignidad humanas, el Estado debe ser desplazado del foco de las políticas de seguridad para ponerlo sobre las comunidades y los individuos.
Si se quieren abordar amenazas a la vida y la dignidad, el Estado debe ser desplazado del foco de las políticas de seguridad para poner a las comunidades y los individuos
En los años 90, con el fin de la Guerra Fría y la revalorización liberal del individuo y de sus derechos individuales, la arquitectura de los Derechos Humanos evolucionó con la introducción como elemento central del concepto de «desarrollo», que ponía sobre los hombros de los países más ricos la obligación de «ayudar» al resto de países a crecer económicamente. Sin embargo, paralelamente se extendía una ola de privatizaciones de servicios públicos y tierras de los países del Sur, liderada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a cambio de apoyo económico.
En 1994, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) incluyó en su Informe sobre el Desarrollo Humano el concepto de «seguridad humana», que proponía la búsqueda de la seguridad mediante el desarrollo, y no a través de las armas. Con la voluntad de «abordar las causas profundas de la inseguridad humana y no solo sus trágicas consecuencias», el informe promovía el desarrollo centrado en el ser humano para conquistar la paz, los derechos humanos y la protección medioambiental, ante las nuevas amenazas que se estaban introduciendo en la agenda política y securitaria global: la pobreza, la destrucción de ecosistemas, el crecimiento descontrolado de la población mundial, la criminalidad o la delincuencia transnacional –como el narcotráfico.
Las visiones críticas de la seguridad denuncian la imposibilidad de lograr la seguridad humana sin tocar las estructuras de poder
El PNUD propugnaba que la paz «debía librarse en dos frentes»: el frente de la seguridad, o la «libertad del miedo» y el frente económico y social, o la «libertad de la miseria o necesidad», inseparables la una de la otra. Su despliegue operativo, sin embargo, profundizaba en uno u otro frente, en función del Estado u organismo, de sus posicionamientos ideológicos, de sus intereses y de sus estrategias. Y es que, la seguridad humana no es un concepto unívoco o estático.
De entrada, el despliegue de la seguridad humana presenta dos grandes enfoques, según las propuestas políticas para alcanzarla, su grado de desafío a la visión tradicional de la seguridad y el grado de crítica a las estructuras y relaciones de poder vigentes:
– El enfoque amplio, más fiel a la formulación original del concepto recogida en el informe del PNUD –estrechamente vinculada al concepto de desarrollo humano, primero, y de desarrollo sostenible, después. La seguridad humana se concibe aquí de una forma integral, como una situación en la que las personas se encuentran libres de todo tipo de amenazas a su integridad, pero también con las necesidades básicas cubiertas. El enfoque amplio desglosa la seguridad humana en siete dimensiones para facilitar su materialización práctica: económica, alimentaria, sanitaria, medioambiental, personal, comunitaria y política.
– El enfoque restringido, más adaptable para la mayoría de gobiernos que han apostado por él –encabezados por Canadá–, ha adoptado el concepto asimilándolo únicamente a la libertad del miedo, neutralizando su contenido más transformador bajo la justificación de hacerlo más fácil de aplicar en la práctica. Esta visión, que se ha convertido en la hegemónica en el ámbito de la política internacional, ha dado frutos relevantes, como la prohibición de las minas antipersonas, la prohibición del uso de armas nucleares5 o la formulación del concepto de «responsabilidad de proteger», un instrumento de las Naciones Unidas que autoriza a los Estados a intervenir para proteger a la población en aquellos países donde los gobiernos son responsables de violaciones graves del Derecho Internacional, como genocidio o crímenes contra la humanidad.
Las violencias cotidianas en la familia, el hogar y la comunidad están interconectadas con las dinámicas de la violencia en términos más macro
Sin embargo, las visiones críticas sobre la seguridad consideran que la adopción por parte de algunos gobiernos del enfoque restringido de la seguridad humana ha desnudado el concepto de su contenido más transformador para hacerlo más digerible y funcional a la paz liberal y más alejado de toda crítica a las estructuras socioeconómicas que, entre otras cosas, mantienen la dominación colonial Norte-Sur. Estas voces denuncian la imposibilidad de lograr la seguridad humana sin tocar las estructuras de poder6, al tiempo que se preguntan: ¿qué ocurre cuando es el Estado quien genera, con sus políticas, inseguridad en la ciudadanía?
Seguridad humana y feminismo: encuentros y desacuerdos
El cuestionamiento del rol del Estado como protector, debido a que es un actor que puede contribuir a generar y perpetuar desigualdades, es, precisamente, una de las mayores contribuciones de las perspectivas feministas sobre la seguridad. Estas consideran que muchas de las políticas desarrolladas por los Estados –sobre aquellas que tienen una base punitiva y basada en la lógica del castigo– han revertido de forma negativa en las vidas y las experiencias de inseguridad de las personas en general y de las mujeres en particular. Especialmente de aquellas que forman parte de los grupos sociales, étnicos y religiosos considerados como potencialmente «amenazantes». El feminismo confronta también, críticamente, la pretendida universalidad de la seguridad humana, que bajo el término «humano» ha tendido a menudo a generalizar las experiencias y voces masculinas bajo un falso carácter universal7, invisibilizando las vivencias diferenciales de las mujeres y del análisis de género en la seguridad.
Las propuestas transformadoras en torno a la seguridad se enfrentan a un intenso proceso de securitización que pone en peligro libertades que se creían sólidas
La seguridad como campo de estudio y práctica política ha sido históricamente impermeable al análisis de género, esto es, a las relaciones de poder y subordinación entre hombres y mujeres y en relación a otras identidades minoritarias socialmente. Estas relaciones desiguales condicionan absolutamente nuestra comprensión y experiencia de la inseguridad y la vulnerabilidad. Sin embargo, esta exclusión histórica no implica que la seguridad en su concepción tradicional sea neutral en términos de género. Al contrario, la militarización de la vida social que impulsa esta visión requiere una estricta división sexual de roles, en la que los hombres son salvadores de la patria, mientras que el grueso del sostenimiento de la vida queda de forma naturalizada y gratuita bajo la responsabilidad de las mujeres. Asimismo, cuando ha sido funcional a nivel estratégico, la visión tradicional de la seguridad ha utilizado el discurso sobre los derechos de las mujeres para justificar medidas como la invasión de países como Afganistán, que a su vez han generado graves impactos contra la seguridad y contra los derechos humanos de las mujeres.
Pero, ¿qué es lo que aporta exactamente la perspectiva feminista en el campo de la seguridad? El análisis de género sugiere que las violencias cotidianas que suceden en la familia, el hogar y la comunidad están interconectadas con las dinámicas de la violencia en términos más macro. Se aplica así la consigna clásica del feminismo «lo personal es político» en el ámbito internacional y de la seguridad. Además, y en esto coincide con la seguridad humana, la perspectiva feminista pone el foco en los individuos y las comunidades desde una comprensión amplia de las amenazas a la vida y la integridad y de a quien se aplica la seguridad. Lo hace atendiendo a las relaciones de poder y desigualdad de género y a su intersección con la raza y la clase, como hechos que son clave para entender las experiencias de inseguridad8 que viven las mujeres y otras identidades de género y sexuales que escapan de la norma, como las personas trans o LGTBIQ+.
la gestión del cuidado de la vida permitirá que las comunidades humanas pasemos de ser individualidades asustadas a ser vulnerabilidades acompañadas
Las propuestas alternativas y transformadoras en torno a la seguridad se enfrentan hoy a un intenso proceso de securitización que ha puesto en peligro libertades que se creían sólidas, al tiempo que ha debilitado el sistema internacional de Derechos Humanos. En este nuevo orden mundial, lo que antes eran conflictos sociales o cuestiones de orden público –flujos migratorios, minorías culturales y religiosas, tráfico de drogas, nuevos movimientos sociales– ahora se abordan desde las soluciones excepcionales, muchas de ellas de dudosa legitimidad y legalidad.
Así, por ejemplo, en la era de la lucha contra el terrorismo, la interconexión entre seguridad y desarrollo se pone al servicio, no de la reducción de la pobreza, sino del alivio de los miedos de los países más ricos a través de la reorientación de los fondos de cooperación a aquellas regiones y países que se consideran una amenaza para Occidente.9 El mundo del desarrollo se ve presionado a redefinir sus criterios y se genera una relación de chantaje en la que el Sur Global se compromete a detener la migración y el reclutamiento de nuevos extremistas violentos, por los medios que sea necesario, a cambio de ayuda al desarrollo. Una situación que se replica en el caso de lo que se llama Prevención de los Extremismos Violentos que, en algunos casos, como denuncian investigadores como Arun Kundnani10 y activistas como Ainhoa Nadia Douhaibi11, han servido para justificar la vigilancia masiva de comunidades étnicas o religiosas, a menudo cayendo en la vulneración de derechos fundamentales, sin que este despliegue haya supuesto una solución al fenómeno del terrorismo. La seguridad humana se convierte, así, en coartada al servicio de la securitización.
No es un contexto fácil para el desarrollo de alternativas de seguridad que pongan a las personas, las comunidades y sus necesidades en el centro pero, al mismo tiempo, emergen con fuerza las visiones que –como el feminismo– señalan las estructuras de poder y dominación con el objetivo de transformarlas. Lo que el feminismo propone es una seguridad comunitaria y cotidiana que sitúe la noción de vulnerabilidad en el centro de los debates y de las prácticas políticas.12 La seguridad es un ideal insaciable y solo un abordaje que pase por la recuperación de los vínculos comunitarios y por la responsabilización en la gestión del cuidado de la vida permitirá que las comunidades humanas pasemos de ser individualidades asustadas a ser vulnerabilidades acompañadas.
1. Fierke, K.M. (2015) Critical approaches to international security, Cambridge: Polity Press.
2. Barberis, M. (2020) No hay seguridad sin libertad. La quiebra de las políticas antiterroristas, Madrid: Editorial Trotta.
3. Buzan, B., Waever, O., De Wilde, J. (1998) Security: A New Framework for Analysis, London: Lynne Rienner Publishers.
4. Hoogensen, G. y Rottem, S. (2004) “Gender identity and the subject of security”. Security Dialogue, Vol. 35, Issue 2, págs. 152-171.
5. El Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares entró en vigor el 22 de enero de 2021. Aún así, y a pesar de su ratificación por 50 naciones, las principales potencias atómicas del mundo, como EE.UU., Reino Unido, Francia, China y Rusia, no son signatarias del texto.
6. Pérez de Armiño, K. y Mendia, I. (eds.) (2013) Seguridad Humana. Aportes críticos al debate teórico y político, Madrid: Tecnos.
7. Hudson, H. (2005) “’Doing’ security as though Humans matter: a Feminist pespective on Gender and the politics of Human Security”, Security Dialogue, vol. 36, número 2, junio.
8. Mendia, I. (2013) “Feminismo y Seguridad Humana: Encuentros y desencuentros” en Pérez de Armiño, K., i Mendia, I. (eds.) Seguridad Humana. Aportes críticos al debate teórico y político, Madrid: Tecnos.
9. Duffield, M. (2020) “Seguridad Humana: vincular desarrollo y seguridad en la era del terror”, Relaciones Internacionales, UAM, Número 43, febrero-mayo.
10. Kundnani, A. (2015) A Decade Lost: Rethinking Radicalisation and Extremism, Claystone.
11. Douhaibi, A. N. (2019) La radicalización del racismo. Islamofobia de Estado y prevención antiterrorista, Madrid: Cambalache.
12. Urrutia, P., Villellas, A., Villellas, M. (2020) “Seguridad Feminista. Aportaciones conceptuales y desarrollo actual”. Instituto Catalán Internacional para la Paz, Informes 16/2020.
SOBRE LA AUTORA
Nora Miralles Crespo es periodista especializada en análisis internacional e investigadora en género, militarismo, seguridad y derechos humanos en el Centre Delàs d ‘Estudis per la Pau, en el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE) y en Shock Monitor. Cursó el Máster en Género, Conflicto y Derechos Humanos por la Universidad de Ulster (Irlanda del Norte). Es socia de la cooperativa de investigación e intervención feminista Sudergintza Cooperativa, forma parte de la Women ‘s International League for Peace and Freedom (WILPF) y es activista del movimiento feminista catalán y del movimiento popular de Manresa.
Esta es una versión traducida del artículo publicado originalmente en catalán.
Fotografía: © Grzegorz Żukowski