Aunque no lo parezca, la preocupación de las instituciones democráticas, de la sociedad civil organizada y de la ciudadanía por la violación de derechos por parte de los grandes poderes económicos viene de lejos. Ya el presidente chileno, Salvador Allende, en su último discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 2017, alertaba de manera clarividente en torno a las posibles y nefastas consecuencias de la concentración del poder, y por lo tanto de riqueza, a nivel mundial y denunciaba que esta situación sería muy perniciosa para la humanidad1.
Con la preocupación en aumento se han ido articulando respuestas políticas y jurídicas que, en diferentes ámbitos y países, han intentado poner freno y regular los abusos indiscriminados que los grandes poderes corporativos cometían y cometen en contra del derecho laboral, ambiental y social de los pueblos. Concentrándonos sólo en Cataluña y en tiempos recientes, hemos asistido a reacciones y propuestas interesantes para intervenir, desde los poderes públicos, hacia la exigencia de responsabilidad y respeto de los derechos humanos por parte de las empresas multinacionales. Gracias también a las presiones ejercidas mediante movilizaciones y demandas concretas de la sociedad civil catalana, el Parlamento y el Gobierno de Cataluña han demostrado la voluntad de velar para que los derechos humanos sean respetados por parte de todos los actores catalanes que actúan más allá de las propias fronteras.
Para empezar, en diciembre de 2013, el Parlament de Catalunya aprobó una moción en que se instaba al Gobierno a crear un grupo de trabajo en el marco del Consejo de Cooperación al Desarrollo para “elaborar un plan de sensibilización dirigido a las empresas catalanas deslocalizadas que operan allí donde hay proyectos de cooperación exterior catalanes”. Este grupo de trabajo se creó en abril de 2014 y desde entonces se viene reuniendo de manera estable, con planteamientos que quieren garantizar tanto la efectividad como la coherencia entre diferentes políticas con la participación de diversos sectores implicados.
Por otra parte, el 4 de diciembre de 2014, se aprobó la Ley 16/2014 de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea, que promueve la defensa de la paz, los derechos humanos y el desarrollo humano sostenible, así como “la garantía de la coherencia de las acciones de promoción de la internacionalización económica de Cataluña con los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, velando siempre por el respeto a los derechos humanos en cualquier acción que se lleve a cabo”.
El Parlamento y el Gobierno de Cataluña han demostrado la voluntad de velar para que los derechos humanos sean respetados por parte de todos los actores catalanes que actúan más allá de las propias fronteras
Además, debemos destacar la labor llevada a cabo por la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, plataforma de entidades de la sociedad civil catalana que nació el año 2002 y que desde hace más de dos años hace una intensa tarea de denuncia en contra de los graves impactos, sociales y medioambientales, en la ciudad colombiana de Buenaventura a raíz de la implantación de megaproyectos portuarios. Buenaventura es una ciudad portuaria de la costa del Pacífico colombiano que supera todos los índices del país de violencia y de vulneraciones de derechos humanos. Sensible a las demandas de las comunidades afectadas, el año 2014 la Taula decidió realizar un estudio sobre los efectos y consecuencias de la inversión de la empresa catalana Grup TCB, accionista mayoritario de la terminal de contenedores TCBuen en el puerto de Buenaventura.
Los resultados de este estudio, “Asedio a las comunidades. Los impactos de una empresa catalana, Grup TCB, a Buenaventura, Colombia”2, se presentaron el 26 de junio de 2015 en el Parlament de Catalunya. Una delegación de representantes de la iglesia, la política y las comunidades afectadas de Buenaventura explicó, en una comparecencia ante los grupos parlamentarios que forman parte de la Comisión de Acción Exterior y Cooperación, Relaciones Institucionales y Transparencia, como los planes de desarrollo económico y urbanístico para la ciudad estaban generando situaciones de violencia, con la participación, directa o indirecta, de empresas catalanas. Todos los grupos parlamentarios expresaron su compromiso para realizar un seguimiento de la situación.
Este compromiso se tradujo, a finales de abril del 2016, en una delegación catalana, formada por representantes de organizaciones de la sociedad civil y de instituciones, que visitó Buenaventura. Entre otros objetivos, la delegación había sido también invitada a asistir a la audiencia pública “Víctimas del desarrollo y estado de cosas inconstitucionales” convocada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República de Colombia y diferentes organizaciones sociales de Buenaventura. El viaje buscaba también encontrar fórmulas para generar vínculos directos de cooperación y solidaridad entre Buenaventura y Cataluña, concretamente Barcelona, dada la importancia que la «marca Barcelona» comporta en esta ciudad del Pacífico. Paralelamente, se constituyó un “grupo (de trabajo) catalán de empresa y derechos humanos” formado por representantes de la Taula y de Lafede.cat – organizaciones para la justicia global con el objetivo de avanzar en propuestas concretas para contrarrestar los efectos de las actuaciones más nefastas de las multinacionales catalanas en el exterior.
Para dar salida al trabajo de este grupo en junio pasado se celebró una segunda jornada en el Parlament de Catalunya. La jornada tenía el fin de poder definir mecanismos de control y supervisión vinculantes para las empresas catalanas en materia de respecto de los derechos humanos, sociales, económicos, laborales y ambientales. Se planteaba que dichos mecanismos contaran con la participación de la sociedad civil.
La Comisión de Acción Exterior y Cooperación del Parlamento de Catalunya aprobó el 4 de noviembre de 2016, por unanimidad, la propuesta de crear un Centro de Evaluación de los Impactos de las Empresas Catalanas en el Exterior
En esta jornada también se presentó el estado de la cuestión de la resolución A/HRC/RES/26/9 “Elaboración de un instrumento vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos” adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2014) y promovida por Ecuador, Rusia, India y Sudáfrica, entre otros. En este sentido la búsqueda de mecanismos que puedan llenar el vacío jurídico que permite la impunidad de las transnacionales en sus actuaciones es prioritaria y común.
Además, representantes del grupo de trabajo catalán asistieron a Ginebra, a finales de octubre, a la segunda sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (espacio en el que, como hemos señalado antes, se trabaja3 para llegar a la creación de un Tratado vinculante para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos) y a la cumbre alternativa paralela. En este contexto internacional se pudo compartir espacio con propuestas parecidas, como una iniciativa legislativa suiza que podría acabar proponiendo un referéndum sobre este tema y un proyecto de ley francés, y se puso de manifiesto el nivel importante de madurez de la iniciativa catalana.
Finalmente, fruto de la jornada del junio pasado y de reuniones posteriores con todos los grupos parlamentarios en Cataluña, la Comisión de Acción Exterior y Cooperación del Parlament de Catalunya aprobó el 4 de noviembre 2016, por unanimidad, la propuesta de crear un “Centro de Evaluación de los Impactos de las Empresas Catalanas en el Exterior que disponga de instrumentos vinculantes que velen por el cumplimiento de la legislación en el ámbito de los Derechos Humanos y con participación de la sociedad civil catalana, del Gobierno y del Parlamento” en el plazo de ocho meses. De los ocho meses ya han pasado tres. Queda menos tiempo para hacer realidad el compromiso político hacia la garantía de la prioridad de los derechos humanos, laborales y medioambientales por encima de los beneficios empresariales y del poder corporativo.
1. Daniel Uribe Terán: La pieza faltante del rompecabeza; en “América Latina en movimiento”, Alai, nº. 520, diciembre 2016, año 40, 2na época, pág. 13
2. Los autores del estudio son María Jesús Pinto, Tomás Gisbert y Xavier Sulé.
3. Nota del editor: ver el articulo “Hacia un tratado vinculante” publicada en esta misma revista
Fotografía : Xavier Sulé. Puerto de Buenaventura, Colombia
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