En Guatemala los defensores y defensoras de derechos humanos que protegen el territorio, el ambiente, el agua y los recursos naturales ante la imposición de proyectos extractivos mineros viven una constante represión estatal y empresarial. Los empresarios y sectores tradicionales ven en la lucha por la defensa del agua y los recursos naturales a verdaderos “opositores al desarrollo”, mientras el gobierno los define extraoficialmente como “enemigos del Estado”. Tan solo en los departamentos de Santa Rosa y Jalapa (en el nororiente del país) en donde se impuso el proyecto minero “El Escobal”, al menos 125 defensores y defensoras de derechos humanos fueron criminalizados de manera ilegal por parte de la Policía Nacional Civil. Igual situación sucedió con el caso de la resistencia pacífica de La Puya en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc del departamento de Guatemala, lugar donde operaba el proyecto “Progreso VII Derivada”. En este caso al menos diez defensores y defensoras de derechos humanos fueron criminalizados por el Ministerio Público.
Desde los inicios de la actividad de minería química de metales la población, en general, ha mostrado su rechazo. Muy recordado es el conflicto sucedido en el lugar denominado Los Encuentros, en el departamento de Sololá, en el altiplano guatemalteco, donde el traslado del “cilindro” de la empresa Montana Exploradora concluyó con la muerte de uno de los comunitarios que se oponían al paso de la maquinaria. Los posteriores proyectos industriales que han sido autorizados o reactivados han generado también el rechazo ciudadano, acarreando procesos de conflictividad social. Se criminaliza la protesta social por parte del gobierno y las empresas transnacionales de los activistas que defienden el territorio, el ambiente, el agua y los recursos naturales.
Pero estos procesos de criminalización no han tenido el efecto pretendido –el cese de la protesta social y el debilitamiento comunitario-, razón por la que tanto las empresas como las autoridades nacionales de seguridad han procedido a desarrollar ataques a la integridad física de los miembros de las diferentes resistencias comunitarias en contra de la actividad minera. Los mejores ejemplos de estos procesos de represión de la resistencia pacífica se han visto en los casos de los proyectos “Progreso VII Derivada” y “El Escobal”.
La alianza entre las fuerzas de seguridad y las empresas ha implicado graves violaciones de los derechos humanos y la comisión de actos criminales
En todos los casos los grupos comunitarios han señalado la alianza desarrollada entre las fuerzas de seguridad y las empresas, implicando el desarrollo de graves violaciones de los derechos humanos y la comisión de actos criminales tanto por los actores de seguridad estatal, como por gerentes y trabajadores de las empresas.
En Guatemala tan solo en materia de procesos criminales que actualmente son investigados por el Ministerio Público existen casos graves cometidos por empresas nacionales y transnacionales en sus cadenas de suministro. Las empresas más señaladas son mineras y de palma africana. En el último año al menos siete gerentes y representantes legales han sido vinculados judicialmente a casos de corrupción, ataques a defensores y defensoras de derechos humanos y crímenes ambientales que van desde la contaminación del agua por empresas dedicadas a la hidrometalurgia, explotación ilegal de recursos no renovables, hasta el intento de asesinato de activistas comunitarios que se oponen a la imposición de proyectos extractivos1. A los casos anteriores se unen las más de cincuenta denuncias presentadas en contra de industrias azucareras y de palma africana por el desvío de ríos en la costa del pacífico del país.
El ordenamiento jurídico guatemalteco permite a las victimas participar dentro del proceso penal, pudiendo también las organizaciones de derechos humanos participar con igual condición. Pero lamentablemente, por el poder económico que poseen las empresas, estas logran desarrollar acciones legales que permiten dilatar los procesos y, en muchos casos evitar, con ello confrontarse a la justicia. Derivado de esto, el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) ha decidido participar en la mayoría de los casos que actualmente se litigan en el sistema de justicia, ya sea representando a líderes comunitarios, defensores y defensoras de derechos humanos que han sido víctimas de violaciones por actividades empresariales, o constituyéndose como querellantes adhesivos y así garantizando el acceso a la justicia y no dejando impunes los graves delitos cometidos; o también participando CALAS institucionalmente en los procesos criminales ambientales como víctima y agraviada directa coadyuvando al Ministerio Público en los procesos de investigación criminal.
En el último año al menos siete gerentes y representantes legales de empresas han sido vinculados judicialmente a casos de corrupción, ataques a defensores y defensoras de derechos humanos y crímenes ambientales
A la fecha los casos judiciales más sobresalientes en contra de empresas que se ventilan en el sistema de justicia son los siguientes:
Dichos casos han logrado avances sustanciales en el sistema de justicia del país, pero también han logrado evidenciar el desarrollo de procesos de litigio malicioso por parte de las empresas y la debilidad del sistema de justicia en cuanto a poder garantizar la presencia de los gerentes y altos funcionarios de empresas en los procesos judiciales. Los ejemplos más claros son los números 1 y 5 del cuadro anterior, en los cuales ambos representantes empresariales han logrado evadir a la justicia o bien salir del país antes que las autoridades procedieran a su aprehensión.
En conclusión se puede advertir que en Guatemala existe un avance en el sistema de justicia en cuanto a buscar, sancionar y castigar las conductas criminales y violaciones de derechos humanos por parte de empresas, pero que dichos avances deben ser fortalecidos por medio de la aplicación de los principios sobre empresas y derechos humanos y otros convenios de derechos humanos aplicables a la materia.
1. En el año 2015 el gerente de Minera San Rafael (empresa nacional de la transnacional canadiense Tahoe Resources Inc) fue ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva por la posible comisión del delito de contaminación industrial de la quebrada El Escobal, afluente del río Los Esclavos, principal abastecedor de agua para las comunidades del departamento de Santa Rosa. Dos años antes, en 2013, Alberto Rotondo, gerente de seguridad de la misma empresa minera fue detenido en el aeropuerto La Aurora de Ciudad de Guatemala, cuando pretendía huir de la justicia, luego de ordenar disparar con armas de fuego contra líderes comunitarios que se oponían a la imposición del proyecto minero de dicha empresa.
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