Hasta alcanzar en 1978 un marco constitucional democrático, España padeció una sublevación militar, un golpe de Estado y una guerra civil que llevó a los ganadores de la misma a imponer una dictadura apoyada por el nazismo y el fascismo, que se mantuvo durante 40 años con un régimen dictatorial, ilegal e ilegitimo. Hoy, cuando nos acercamos a cuatro décadas de democracia en nuestro suelo, éste sigue manteniendo una inmensa cantidad de fosas en las que yacen hombres y mujeres que fueron los primeros en levantarse en defensa del gobierno legítimo y democrático de la II República, y contra el fascismo que se extendía por Europa y se impuso en nuestro país.
Los datos son elocuentes: más de 150.000 desaparecidos forzados, más de 30.000 niños secuestrados, robados y más de 2.300 fosas documentadas, con restos humanos, de las que sólo 390 han sido abiertas. Y junto a estos datos hay que recordar que no existe ningún procedimiento judicial abierto en nuestro país, y no por voluntad de los afectados, sean éstos familiares, allegados o ciudadanos interesados. Justicia siguen esperando las decenas, centenares, miles de víctimas de esa dictadura que los mantuvo detenidos, torturados, exiliados, deportados, ejecutados, sometidos a trabajos forzados, etc… Una justicia que casi cuatro décadas después del final del franquismo, el estado y los tribunales se la siguen negando una y otra vez.
La primera iniciativa fue la presentación de varias denuncias y querellas por víctimas y asociaciones de víctimas y otros organismos en el año 2006 ante el Juzgado Central de Instrucción n° 5 de la Audiencia Nacional. El 16 de octubre de 2008, el juez admitió a trámite el caso y ordenó que se investiguen los diversos crímenes de lesa humanidad cometidos en la época franquista, ordenando que se identifiquen los responsables, así con varias exhumaciones y diversas medidas. La sala II del Tribunal Supremo, en su sentencia de 27 de febrero de 2012 dictada en la causa contra el Juez Baltasar Garzón, al que absolvió, decidió que no cabe investigar penalmente los crímenes del franquismo y afirma que los delitos están amnistiados, pues han prescrito, y considera que a esos crímenes no se les puede aplicar los principios del derecho penal internacional. Esto es una renuncia explícita a la investigación¡ y sanción a estos crímenes, así como a la búsqueda de la verdad.
Las decenas, centenares, miles de víctimas de la dictadura continúan esperando justicia; para vergüenza de todos no se están investigando los crímenes del franquismo
En nuestro país, para vergüenza de todos, no se están investigando ni enjuiciando los crímenes cometidos durante la dictadura franquista, aunque importa señalar que existe alguna excepción en el ámbito de la judicatura: «En una sociedad con un derecho penal en el que se está abogando por dar mayor protagonismo a las víctimas y sus familiares, se debe intentar favorecer que cualquier víctima pueda cicatrizar sus heridas. Estas personas, con independencia del tiempo transcurrido deben tener la oportunidad de ser reparadas o recompensadas» (Jueza en Sala de los Infantes, Burgos); «Un estado democrático no debe tolerar que sigan existiendo decenas de miles de víctimas de una dictadura en fosas comunes o cunetas» (Asociación Jueces para la Democracia); «Las víctimas del franquismo, muchas de ellas de avanzada edad, tienen derecho a una reparación adecuada de su sufrimiento» (Asociación Jueces para la Democracia).
Las instancias gubernamentales, de otra parte, lejos de avanzar en el desarrollo de un marco legislativo que proteja a las víctimas y allegados y ponga fin a la situación antes descrita, han ido cerrando el paso a posibles interpretaciones positivas. El gobierno actual, presidido por Rajoy ha resuelto vaciar de contenido la ya limitada Ley de Memoria Histórica, cerrando la oficina de atención a las víctimas, paralizando la recogida de información y acceso a determinados archivos y dotando de cero euros el presupuesto destinado a las obligaciones establecidas en dicha ley.
Desde la Plataforma para la Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo, creada en septiembre del 2012 ante el panorama desolador en el que continúan las víctimas del franquismo, consideramos que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derechos internacionales -incluida la tortura- cometidos durante la guerra civil y el franquismo siguen siendo denegados en nuestro país, una opinión compartida con la mayoría de asociaciones de víctimas, de Memoria Histórica y de Derechos Humanos de nuestro país.
Pedimos la aplicación del principio de la legalidad internacional que obliga al Estado español a investigar y juzgar los crímenes del franquismo
España dispone de un marco institucional democrático, estable, lejos de riesgos o quiebras forzadas por organizaciones o grupos que alienten planes de odio en nuestra sociedad. Somos miembros de la Unión Europea y participamos en los organismos de la ONU estando hoy sentados en el Consejo de Seguridad del mismo. Como acertadamente explicó el relator de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, «la fortaleza de las instituciones democráticas queda mucho más reflejada en la forma como aborda positivamente las peticiones de los ciudadanos que en su capacidad de dejar ciertos temas fuera de la agenda pública».
La reclamación que realiza la Plataforma para que se constituya una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo en nuestro país (leer declaración) se sustenta en el derecho internacional, en la experiencia en más de 40 países y en las resoluciones y recomendaciones de la ONU, el Comité de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y el Consejo de Europa sobre nuestro país. Recomendaciones que creemos pueden facilitar la resolución de las demandas de las víctimas y familiares, atender al deber de la memoria y ser instrumento para la convivencia democrática.
Desde la Plataforma pedimos la aplicación del principio de legalidad internacional consagrado con multitud de tratados y convenios internacionales y que obligan al Estado español a investigar y enjuiciar crímenes que, aunque no estuvieran tipificados como tales en su propia normativa interna, tendrían tal consideración en virtud de los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. Pedimos, asimismo, que el Estado coopere con la justicia argentina en relación a las personas presuntamente implicadas en la comisión de crímenes de derecho internacional y adopte las recomendaciones que en los documentos emitidos por la ONU implican interpretaciones posibles que se ajustan a los requisitos del derecho y que permiten al sistema judicial ser accesible a las demandas de justicia de los ciudadanos; que se atienda, sin dilación, las demandas de las víctimas y de sus organizaciones, y a la sociedad civil interesada, para que el desarrollo de las medidas que estos informes plantean para nuestro país sean implementadas como políticas de Estado y en el conjunto de las instituciones, con el máximo acuerdo posible, con objeto de conseguir que las víctimas, sus allegados y el conjunto de la sociedad conozcan la historia y la memoria de las generaciones que padecieron crímenes que repugnan a la humanidad; y que se establezcan las garantías de no repetición, base sobre la que las nuevas generaciones puedan ser educadas y construir un futuro en libertad para todos.
Fotografía : Enrique Pratas
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