Una de las mayores preocupaciones desde el final de la Segunda Guerra Mundial ha sido la protección de civiles frente a los efectos de la violencia generada por los conflictos armados. En la actualidad estos conflictos (guerras inter-estatales y civiles) se han ido reduciendo y ya no son el único escenario de violencia de alta intensidad que afecta a la población. En el período comprendido entre la Segunda Guerra Mundial y el final de la Guerra Fría, la atención al conflicto armado y la violencia tuvo que ver con cuestiones de soberanía estatal en disputa: conflictos entre estados o luchas entre partes en conflicto para obtener el control político de un estado. La violencia que escapó a tales motivaciones recibió escasa atención y fue considerada como criminal[1].
Sin embargo, y de acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hoy en el mundo “la actividad delictiva causa muchas más muertes que los conflictos armados y el terrorismo combinados. Solo en 2017, hubo 464.000 víctimas de homicidios contra 89.000 muertes en conflictos armados y 26.000 víctimas mortales de violencia terrorista”[2]. Por otra parte, el número de ataques terroristas de carácter transnacional es ahora mismo mayor que en cualquier otro momento desde 1970. El alcance de las organizaciones criminales se extiende a través de las regiones y los países.
Según el Índice de Paz Global 2021 del Institute for Economics and Peace, la violencia se considera el mayor riesgo para la seguridad diaria en 49 de 142 países a nivel mundial y más del 50 por ciento de las personas en Afganistán, Brasil, Sudáfrica, México y República Dominicana expresan que para ellos la violencia es el mayor riesgo que enfrentan en su vida diaria.
Hoy en el mundo la actividad delictiva causa muchas más muertes que los conflictos armados y el terrorismo combinados
A continuación, se exponen algunas de las expresiones de la violencia que más afectan a la humanidad y que no guardan necesariamente relación con la existencia de un conflicto armado: la violencia auspiciada por el crimen organizado y sus vínculos con las instituciones políticas; la violencia ejercida contra el medio ambiente y aquellas personas y colectivos que lo defienden y reivindican sus derechos; la violencia provocada por la inequidad de género; aquella generada por la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes así como una serie de violencias estructurales como el racismo, la pobreza o la exclusión.
Violencia criminal y política
La violencia y la criminalidad son parte de un entramado de relaciones de poder institucional y no institucional que se manifiestan en las interacciones sociales. Esto va desde expresiones micro, dinámicas de poder en espacios territorialmente definidos y limitados, hasta expresiones macro, aquellas definidas por las políticas de Estado y su relación con intereses internacionales.
Los elevados índices de violencia que se presentan en países donde se firmaron acuerdos de paz que pusieron fin a guerras convencionales o a guerra de guerrillas están generados por dinámicas criminales y territoriales. Se logra poner fin a los conflictos armados, pero son limitadas las capacidades necesarias para evitar la transformación de las expresiones de violencia y su continuidad. La evidencia demuestra que, además de las consecuencias negativas de los conflictos armados, existen también prácticas que refuerzan beneficios relacionados con la rentabilidad que produce para algunos grupos consolidar el poder político sobre la base de la existencia de un conflicto armado. La criminalidad, como fenómeno social, es un campo en donde estas dinámicas se reproducen y entrecruzan. Las redes criminales estimulan los beneficios del conflicto armado y transforman sus actividades para que continúen siendo rentables durante el posconflicto. El vínculo político-criminal, por ejemplo, permite que las lógicas de beneficio derivadas del conflicto se trasladen a las instituciones públicas después de someterse a procesos de reforma tras la firma de acuerdos de paz utilizando mecanismos como la corrupción y el clientelismo.
En este tipo de contextos, la violencia puede ser entendida como un conjunto de interconexiones entre diferentes segmentos de la sociedad (incluido el Estado), que conforman un sistema que se retroalimenta a sí mismo a partir de una infinidad de motivos de carácter individual, que generan violencia como parte de un sistema productor de beneficios para unos, en detrimento de otros. La rentabilidad económica de este sistema se expresa en poderosas economías ilegales y la rentabilidad política en la corrupción y el clientelismo exacerbado en periodos de competencia electoral. La violencia es, entonces, el circuito que conecta los múltiples intereses que giran en torno al poder, fundamentalmente, al poder político. Desde grupos guerrilleros formales, agrupaciones terroristas, bandas criminales y pandillas, hasta fuerzas de seguridad corruptas y grupos de limpieza social y exterminio, todos participan activamente de un sistema de violencia directamente relacionado con la política, en donde el tránsito del estadio criminal al político ocurre vía la negociación o la demostración de fuerza abierta a través de la agresión física o simbólica.
Desde grupos guerrilleros, terroristas, bandas criminales y pandillas, hasta fuerzas de seguridad corruptas y grupos de limpieza social y exterminio, todos participan activamente de un sistema de violencia directamente relacionado con la política
La violencia se genera regularmente en lugares en los que no existe presencia estatal y en donde el control es ejercido por grupos no estatales que imponen su poder y delimitan “fronteras invisibles” que afectan la vida y movilidad de las personas. Estos grupos pueden ser de pandillas o de organizaciones criminales, que dan lugar a un orden social alternativo. También dan lugar a un sistema de poder y asignación de recursos que promueve ciclos de lucha para acceder, preservar y transformar las normas que regulan el poder político. Para mantener el control territorial los grupos armados utilizan la violencia contra los actores sociales que se oponen a sus intereses y este aumento del control por parte de actores no estatales ha estado directamente relacionado con la explosión de la violencia social armada a nivel internacional.
Violencia y defensa de la tierra y el medio ambiente
Actividades extractivas y de generación, comercialización y distribución de energía han provocado nuevas expresiones de conflictos que, al no ser adecuadamente abordados aumentan las tensiones preexistentes relacionadas con un sistema de desigualdades, inequidades, exclusiones y discriminaciones. y derivan en situaciones violentas con repercusiones a niveles nacionales y regionales.
El acceso, propiedad y uso de las tierras es otra problemática que genera conflicto, en particular por la expansión de los llamados monocultivos y, muy particularmente, la palma africana. La acumulación de la tierra en pocas manos, la falta de acceso para una mayoría de la población involucrada y el impacto ecológico por pérdida de tierras para la agricultura, las consecuencias devastadoras en los suelos, las compras forzadas de tierra y los desplazamientos forzados son parte de la problemática agraria en muchos territorios. Cuando, en estos contextos, el crimen organizado, atraído por los grandes intereses económicos en juego, se hace presente, se complejizan los conflictos y la multidimensionalidad y multicausalidad adquieren otras características y dimensiones.
La lucha por los derechos de poblaciones vulneradas por los conflictos agrarios ha sido una de las razones del asesinato de muchos defensores de derechos humanos. Según Front Line Defenders, en 2020 fueron asesinados 331 defensores y defensoras a nivel mundial, y de éstos, 284 lo fueron en las Américas, siendo Colombia uno de los países con el liderazgo mundial en número de asesinatos (53% de los casos documentados).
Para mantener el control territorial los grupos armados utilizan la violencia contra los actores sociales que se oponen a sus intereses
Frente a estas controversias y estos ataques, existe la percepción de amplios sectores sociales de que los Estados no están cumpliendo con la obligación de velar por el bien común, lo cual genera desconfianza y descrédito hacia la institucionalidad pública, haciendo que las relaciones de respeto y confianza se deterioren al punto de amenazar la gobernabilidad.
El descontento de las poblaciones afectadas por lo que consideran violaciones a sus derechos humanos, a su territorio y a sus formas tradicionales de vida y organización se expresa por medio de protestas de “defensa de la tierra”; demandas hacia el Estado; resistencia pacífica y ocupación de tierras[3] con respuestas estatales violentas.
Inequidad de género y violencia
La violencia contra las mujeres es la expresión más exacerbada de las relaciones de poder patriarcal en la sociedad y de las históricas relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Este tipo de violencia, que forma parte estructural del sistema, se perpetúa por medio de las instituciones sociales, como la familia, la escuela, los sistemas políticos y jurídicos, la religión y los sistemas de creencias, entre otras.
Este tipo de violencia constituye una violación a los derechos humanos; a la igualdad y a la libertad, y limita el acceso de las mujeres a recursos y oportunidades de realización: es una problemática social que se enmarca en un continuum que se exacerba en situaciones de violencia criminal y de crisis humanitaria.
Los niveles de violencia contra las mujeres abarcan desde el acoso verbal hasta el abuso físico o sexual y tiene como expresión máxima el feminicidio o asesinato de mujeres y niñas por razón de género. Los factores que inciden en esta violencia están ligados a los sistemas de dominación patriarcal, pero también a una serie de desigualdades, o formas de exclusión generadoras de violencia que debe analizarse desde la intersección del sexismo, el racismo y el clasicismo que permean la vida de las mujeres y los hombres de forma diferencial en cada contexto.
La sensibilización, la incidencia política y la reflexión sobre los imaginarios y representaciones constituyen una urgente tarea para que las mujeres puedan aspirar a vivir libres de violencia
A pesar de los avances en materia de normatividad internacional, existe un gran desconocimiento en las mujeres, sobre las leyes y políticas que las amparan contra este tipo de violencia. Del mismo modo, se identifican muchas barreras para el acceso a las rutas de prevención y atención que les garanticen sus derechos. Por tal motivo, el trabajo de sensibilización a amplios sectores de la sociedad, la incidencia política en la institucionalidad y la reflexión sobre los imaginarios y representaciones constituyen una urgente tarea para que las mujeres puedan aspirar a vivir libres de violencia.
Violencia generada por la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes
La globalización ha favorecido el aumento de este tipo de actividades ilícitas. El tráfico de refugiados y migrantes, así como la trata de personas, ha generado un aumento en el número de víctimas de violencia física, sexual y psicológica a escala mundial.
La trata de personas es “un fenómeno delictivo que ha ido evolucionando en su perfil, hasta el punto de convertirse en una práctica globalizada y muy rentable convirtiéndose en el segundo gran negocio ilegal, por encima del tráfico de drogas y sólo superado por el tráfico de armas”, según Victoria del Blanco[4].
Para la organización Ayuda en Acción, el tráfico es un negocio ilegal que empieza y termina con el traslado de migrantes, que contactan, de forma voluntaria, con un traficante con el objetivo de cruzar una frontera. En el caso de la trata de personas, el traficante aprovecha la situación desfavorable del migrante para explotarlo de manera persistente con el fin de generar ganancias. Las víctimas casi siempre son mujeres y niñas expuestas a la prostitución, el abuso sexual o los matrimonios ilegales. La pobreza extrema, escasez de alimentos, violencia e inseguridad son factores de vulnerabilidad frente al tráfico y la trata de personas.
Una nueva estrategia de movilización para hacer frente a éste fenómeno han sido las caravanas de migrantes hacia Estados Unidos, que iniciaron en octubre de 2018, procedentes en su mayoría de países como Guatemala, Honduras y El Salvador con grandes cantidades de personas que se mueven juntos, huyen juntos y proceden de la misma experiencia de exclusión. Según la OIM[5], quienes migran creen que hacerlo en caravanas les brinda mayor protección frente a las mafias, al estar menos expuestos a delitos y abusos que suelen encontrarse en la ruta; tienen mayor asistencia de entidades gubernamentales y no gubernamentales; y menores costos asociados, ya que hay menos necesidad de contratar un coyote o traficante para cruzar fronteras.
La trata de personas ha ido evolucionando hasta convertirse en una práctica globalizada y muy rentable, siendo en el segundo gran negocio ilegal sólo superado por el tráfico de armas.
Este tipo de violencia es difícil de enfrentar ya que no solo implica la persecución de las mafias sino requiere de brindar respuestas a las problemáticas estructurales que obligan a las personas a arriesgar sus vidas o ser presas de tráfico y trata en busca de mejores condiciones para vivir.
Violencias estructurales
Más allá de las violencias directas menciondas anteriormente, no se puede obviar el peso de las violencias estructurales. El racismo es una de ellas. Manifestándose en formas muy complejas, se ha ido acentuando en las sociedades, convirtiéndose cada vez más en elemento esencial de algunos problemas políticos y sociales. En Europa, por ejemplo, en los últimos años el racismo se ha fortalecido a causa de la “amenaza terrorista” y el miedo a la inmigración[6]. Otro ejemplo es el caso de Estados Unidos, donde las presiones económicas y sanitarias sobre las minorías raciales y los inmigrantes así como el histórico racismo contra la población afroamericana – que vivió un punto álgido conla muerte de George Floyd, generaron una serie de protestas masivas que desembocaron en una respuesta policial represiva y violenta.
Otro tipo de violencia estructural son la pobreza y el hambre, que tienen efectos devastadores sobre millones de seres humanos y causan muchas más muertes que otras violencias más visibilizadas. Como explica Tortosa, el aumento de la desnutrición tienen un gran costo humano y es un caldo de cultivo para la violencia ya que coloca a grandes cantidades de población en situación de vulnerabilidad y se convierte en generador de posibles estallidos sociales[7].
Es necesario pensar nuevas formas de desarrollo sostenible y equitativo que generen transformaciones al sistema de producción y consumo actual para enfrentar los desafíos futuros frente a las violencias
La pandemia de la Covid-19 ha profundizado algunos facores de estas violencias estructurales, como las brechas de desigualdad existentes, pues se incrementaron los niveles de pobreza debido a la caida en la actividad económica por el confinamiento. A la vez, se vieron mayoritariamente afectadas las economías informales con las que sobrevive gran parte de la población a nivel mundial. La pandemia también ha puesto en evidencia la fragilidad de muchos Estados que, incapaces de enfrentar el problema y dar una solución a las demandas ciudadanas, generaron respuestas autoritarias con considerables impactos en los niveles de conflicto y violencia. Según el Índice de Paz Global 2021, el nivel de disturbios civiles aumentó a escala mundial en 2020, impulsado en gran parte por las respuestas a las restricciones del coronavirus. Muchos de estos disturbios civiles se derivaron de las protestas sociales que canalizaron el descontento popular y denunciaron la injusticia, la corrupción, las desigualdades y las restricciones a las libertades civiles.
El mundo se enfrenta a un período de acelerados e importantes cambios frente a la fragilidad del modelo de desarrollo existente y estos cambios generarán conflictos. En la medida que sigamos recurriendo a la violencia para solucionarlos, éstos se continuarán manifestando de diversas maneras a costa del sufrimiento humano. Se necesita pensar nuevas formas de desarrollo sostenible y equitativo que generen transformaciones al sistema de producción y consumo actual para poder enfrentar los desafíos futuros frente a las distintas violencias.
[1] Arevalo de Leon, B., & Tager, A. “Armed Social Violence and Peacebuilding: Towards an operational approach”. En V. D. Barbara Unger, Undeclared wars – Exploring a peacebuilding approach to armed social violence. Berlin: Berghof Handbook Dialogue Series No 12, 2016.
[2] Global Study on Homicide 2019. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime (UNOSC), 2019.
[3] Ramón Ruffner, J. “El papel del Estado frente a la violencia en los conflictos sociales en Perú”. Quipukamayoc Revista de la Facultad de Ciencias Contables, 2012,vol. 20 N.º 37.
[4] Del Blanco, V. G. “Trata de seres humanos y criminalidad organizada”. Anuario de derecho penal y ciencias penales, 67(1), 2014, 193-237.
[5] Caravanas Migrantes. Obtenido de OIM, Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, 3 de diciembre de 2021.
[6] Gachet, I. Lucha contra el racismo y la discriminación racial en Europa. Paris: ONU, Comisión del Consejo de Europa contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI). Obtenido de Naciones Unidas, crónica ONU, 2007.
[7] Tortosa, J. “Violencias, crisis y culturas”. Convergencia, Revista de Ciencias Sociales (53), 2010, 69-89.
Fotografía
Imagen de Ruido Photo para la exposición «Cara a cara con las violencias. Relatos de resiliencia en Centroamérica», producida por el ICIP.