El 20 de octubre de 2011 ETA anunció el “cese definitivo de su actividad armada”. Respondía de esta forma al llamamiento hecho por líderes internacionales, como el exsecretario general de la ONU Kofi Annan, dado a conocer tres días antes en la Conferencia de San Sebastián. La denominada Declaración de Aiete pedía a ETA el cese de la violencia y el inicio de conversaciones por parte de los gobiernos de España y Francia para abordar las “consecuencias del conflicto”.
Estas conversaciones no se han producido. El Gobierno de España, tras la llegada al poder del Partido Popular, manifestó en reiteradas ocasiones su negativa. En esta tesitura no se han dado las condiciones para impulsar un proceso de paz de formato clásico, es decir, basado en las negociaciones o el diálogo entre un Estado y un grupo armado. Ante esta situación han adquirido protagonismo otros actores involucrados: el Gobierno Vasco, los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y facilitadores internacionales. Está en marcha, por tanto, un proceso más amplio de construcción de la paz y la convivencia. Este modelo tiene más dificultades para desarrollarse, dado que no cuenta con la participación de un actor principal, pero tiene la virtud de ser más sostenible ya que incluye una base amplia y plural de actores involucrados, quienes ganan protagonismo dotando al proceso de un carácter más democrático y participativo.
El llamamiento de la Declaración de Aiete a abordar las consecuencias del conflicto remite al diseño de una agenda compartida de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR). La ONU considera que estos tres elementos son fundamentales para las tareas de mantenimiento de la paz. Los integrantes de grupos armados deben tener una clara perspectiva de que hay mejores opciones que la vuelta a la violencia mientras que la población civil debe poder vivir con la garantía de que las armas no volverán a ser usadas.
El 21 de febrero de 2014 la Comisión Internacional de Verificación del Alto el Fuego, formada por expertos en procesos de paz y agendas de DDR, dio a conocer que ETA le solicitó “incluir en su mandato la verificación de un proceso unilateral de sellado y puesta fuera de uso operativo de las armas “. La Comisión también informó de que había verificado que ETA había sellado y puesto fuera de uso operativo “una cantidad determinada de armas”.
El anuncio fue recibido de manera muy diferente por las diversas instituciones y partidos políticos y las reacciones quedaron muy condicionadas por el hecho de que se esperaba un anuncio de desarme completo por parte de ETA. Mientras que el Gobierno de España y el Partido Popular consideraron este anuncio como un fraude, los partidos agrupados en Bildu lo recibieron positivamente. Por su parte, el Gobierno Vasco y el PNV lo valoraron, aunque reclamaron un desarme completo rápido, idea general compartida por el PSE.
Dos días después del anuncio, la Audiencia Nacional citó a los miembros de la Comisión de Verificación para que fueran a declarar sobre el contacto mantenido con ETA y sobre la localización de las armas selladas. Desde entonces no ha habido nuevos informes de la Comisión y solo se han publicado informaciones no oficiales en las que se señalan las dificultades que tiene el grupo para trabajar dado que se exponen a la persecución de las fuerzas de seguridad.
Ahora que el terrorismo ha terminado y ante el reto de construir la convivencia, parece lógico que la política penal y penitenciaria se adapte para que sea una herramienta de consolidación de la paz
ETA, mientras tanto, en 2014 anunció que “ha llevado a cabo el desmantelamiento de las estructuras logísticas y operativas derivadas de la práctica de la lucha armada”. Así mismo, apostó por un desarme acordado y ordenado, un compromiso que ha sido explicitado nuevamente en diversos comunicados y entrevistas tanto en 2015 como en 2016. Ahora bien, existen muchas dudas sobre la situación en la que se encuentra el proceso de sellado y de desarme de ETA. Ante esta situación, en diciembre de 2014 el Gobierno Vasco presentó una propuesta para un desarme rápido, viable y efectivo. Consistía en crear un comité formado por representantes del propio Gobierno Vasco, del Foro Social para impulsar el proceso de paz y de los facilitadores internacionales.
En la misma línea, el mencionado Foro Social -una iniciativa de la sociedad civil que trata de aportar propuestas para el desbloqueo del proceso de paz- ha planteado crear una Comisión de Monitoreo o Verificación del Desarme a constituir en base a la Comisión Internacional de Verificación y que cuente con el apoyo de las instituciones vascas, la sociedad civil, así como de la comunidad internacional. Ambas propuestas comparten un objetivo: desarrollar un proceso de desarme protagonizado por la sociedad vasca. A día de hoy, es una incógnita saber si podrán cuajar, pero no se atisba otra alternativa mientras el Gobierno de España no se implique en la cuestión. Partiendo de la idea de que la sociedad vasca es la destinataria final de los resultados del proceso de paz, de que es su convivencia lo que está en juego, y que tiene instrumentos para avanzar en esta cuestión, estas iniciativas no deben ser desechadas y pueden ofrecer un canal de desbloqueo.
Todavía es pronto para determinar cuál puede ser el futuro de los actuales militantes de ETA en la medida que la organización no se ha disuelto
Ésta es solo una parte de una agenda de DDR pero quedan dos cuestiones importantes por definir, como son el desmantelamiento y la reintegración, que afectan a dos colectivos diferentes. Uno lo constituyen los actuales militantes de ETA y todavía es pronto para determinar cuál puede ser su futuro en la medida que la organización no se ha disuelto. Son demasiadas las preguntas y poca la voluntad por abordar esta realidad como para encontrar respuestas.
En cuanto a las personas en prisión, se pueden distinguir dos grupos. Por una parte, están los denominados como grupo de “Nanclares”, unos 30 que comenzaron un proceso de desvinculación de ETA y que han manifestado su rechazo a la violencia y han expresado distintos grados de arrepentimiento o perdón a las víctimas. Están presas en una cárcel del País Vasco y han podido acceder a beneficios penitenciarios. Por otra parte, se encuentra el colectivo de presos EPPK. Según los últimos datos, se trata de 385 presos, en comparación con los más de 700 en 2009, que en su gran mayoría se encuentran encarcelados en prisiones situadas a más de 400 kilómetros del País Vasco. Respecto a la situación de estos últimos, conviene hacer una clara distinción y desligar las cuestiones relativas al respeto de sus Derechos Fundamentales de las de su reintegración. Las primeras tienen que ser garantizadas sin condiciones.
El alejamiento de las personas presas es rechazado por más del 73% de la ciudadanía vasca1 y contraviene las reglas penitenciarias europeas, que establecen que «los internos deben ser destinados a prisiones situadas lo más cerca posible de su domicilio o de su centro de reinserción social«, así como lo señalado en la Ley Orgánica General Penitenciaria, que determina que la distribución de las personas presas en el mapa penitenciario debe estar presidida por la necesidad de evitar que el cumplimiento de la condena origine un desarraigo familiar y social motivado por el alejamiento entre la prisión y su ámbito natural de socialización.
Los bloqueos en la agenda de DDR no deben conducir a la desesperanza; la convivencia se está asentando con mucha rapidez en la sociedad vasca
Otra cuestión es cómo promover su reintegración. Hay que partir de que la propia Constitución Española señala que «las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. La política penal y penitenciaria actual tiene origen en el ámbito de la lucha contra el terrorismo de ETA. Ahora que éste ha terminado y que la sociedad vasca está afrontando el reto de construir la convivencia parece lógico que la estrategia deba adaptarse para que sea una herramienta de consolidación de la paz. Como señalaba el Defensor del Pueblo de la Comunidad Autónoma Vasca (Ararteko), “resulta necesario un cambio de las pautas que regulan y aplican el cumplimiento de las penas de los presos de ETA, asimilándolas a los criterios generales que rigen con respecto a las demás personas que se hallan en prisión”.
La reforma del Código Penal de 2003 incrementó las penas por delitos de terrorismo y las condiciones para el acceso a beneficios penitenciarios. Como consecuencia de ello, personas condenadas por hechos posteriores se enfrentan al cumplimiento íntegro de penas de 40 años de prisión que se reducirán a 32 si se cumplen unos requisitos muy exigentes. El resultado es que, de no mediar algún cambio, una persona condenada en 2009, en el mejor de los casos, deberá estar en prisión hasta 2041. La pregunta que cabe hacerse es si la convivencia en el País Vasco puede asentarse en estas circunstancias.
Las soluciones parecen complicadas, pero existen. Sería posible acordar un plan de reintegración que cuente con el consenso de instituciones y partidos políticos. La base para este plan debería ser 1) que las personas presas sean tratadas en las mismas condiciones que cualquier otra persona presa, 2) que se tenga en cuenta la actual situación en la que la sociedad vasca está caminando hacia la paz y la convivencia, 3) que se respete el derecho de las víctimas a la memoria y reconocimiento, y 4) que venga acompañado de un compromiso inequívoco de las personas presas por una convivencia en paz y respetuosa con las diferencias y el pluralismo, así como de una asunción de responsabilidad por lo sucedido.
Estos bloqueos en el DDR no deben conducir a la desesperanza. La convivencia en la sociedad vasca se está asentando con mucha rapidez y puede ser el catalizador que genere las condiciones para que los principales actores comiencen a escuchar la voluntad de la ciudadanía y actuar en consecuencia. No hay otra alternativa.
1. Sociómetro vasco 54. Paz y convivencia. Marzo de 2014.
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