Una vez más, como ya sucedió en otras ocasiones a lo largo de los últimos treinta años, el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC han iniciado un proceso de diálogo orientado a poner fin al conflicto armado de nuestro país. No se trata de un tema menor. Aun cuando en el panorama nacional hay quienes se oponen a esta iniciativa, y promueven incertidumbres y sombras sobre sus procedimientos y resultados, es innegable que la paz es el anhelo principal de la mayoría de los colombianos y nuestro mayor imperativo moral.
Sin embargo, en esta ocasión, y a diferencia de procesos anteriores, distintas voces han insistido en la distancia que existe entre la firma de un posible acuerdo y el proceso mismo de construcción de paz, y han señalado la importancia de este segundo concepto en la definición del futuro de nuestro país. El propio comisionado de paz, Sergio Jaramillo, ha señalado en diversos escenarios que tras la suscripción de un acuerdo con las FARC vendrá un periodo de transición o reconstrucción, en el desarrollo del cual el país se jugará verdaderamente la posibilidad de superar el estado actual de las cosas (Jaramillo, 2013).
¿Qué elementos debemos tener entonces presentes para que la transición sea el inicio de un capítulo de paz y no el preámbulo de otro ciclo de violencia y conflicto? Responder a esta pregunta requiere reconocer, inicialmente, tal y como ha propuesto James Robinson, que los problemas de nuestro país no son ni el narcotráfico ni las guerrillas, sino que se hunden en raíces mucho más profundas (Robinson, 2013). En ese sentido, el periodo de transición será una oportunidad para transformar fenómenos fundamentales de tipo histórico y, si se quiere, más estructural.
El periodo de transición será una oportunidad para transformar los arreglos institucionales que determinan el gobierno y la gestión de la realidad territorial en Colombia
Ineludible será entonces transformar los arreglos institucionales que determinan el gobierno y la gestión de la realidad territorial en Colombia. Estos arreglos, de acuerdo con Robinson (2013), no son muy lejanos a los de las épocas coloniales. En virtud de ellos, las élites nacionales delegaron a estructuras de poder regionales el control de las periferias bajo un acuerdo tácito según el cual los recursos de estas periferias pueden manejarse al antojo de quien detenta el poder local, siempre y cuando no se desafíe la estructura general de dominación del centro. El efecto evidente de este arreglo es la instalación de una institucionalidad de depredación y menoscabo del bien común que se reproduce sin freno, y que se constituye en el caldo de cultivo perfecto para la corrupción, la violencia y la ilegalidad. Esto es a lo que Robinson y Acemoglu han llamado, la institucionalidad extractiva (Robinson & Acemoglu, 2012).
El imperio de la institucionalidad extractiva en la realidad de las regiones colombianas es evidente, como lo han propuesto García Villegas y su grupo (García Villegas, García Sánchez, & Rodrígez-Raga, 2011), en las brechas existentes entre las reglas definidas en el papel y las dinámicas que marcan la cotidianidad. Brechas que, dicho sea de paso, son aún más notorias en municipios marcados por el conflicto armado. En efecto, si bien nuestra normatividad establece con claridad los fines esenciales del Estado y las funciones que deben desempeñar las autoridades del nivel territorial, debemos reconocer que la capacidad efectiva de coordinación de la vida social que tienen estas autoridades, y particularmente aquellas de tipo civil, está constreñida por un sistema en el que los poderes de facto, muchas veces mediante la violencia, determinan el acontecer cotidiano, y con ello limitan el ejercicio de la ciudadanía y el goce de los derechos ciudadanos.
¿Qué implica entonces apostar por una transformación de esta naturaleza? Un cambio en este orden de ideas implica precisamente revertir y desafiar estos arreglos de gestión y manejo de lo territorial y consolidar lo que Robinson ha llamado instituciones inclusivas y García Villegas, recordando a Michael Mann, imperio del poder infraestructural. Esto implica romper círculos viciosos que conducen a la creación de un poder ilimitado, una enorme desigualdad en la riqueza y una ausencia de entes de control contra los abusos de poder (Robinson & Acemoglu, 2012, pág. 403) y, en su lugar, desencadenar círculos virtuosos donde haya una distribución más pluralista del poder político y de la riqueza en la sociedad (Robinson & Acemoglu, 2012, págs. 362-363). En otras palabras, debemos crear entornos en los que los actores territoriales, en lugar de ser funcionales a dinámicas de depredación y desgreño de lo público, desarrollan sus funciones generando y distribuyendo bienestar. Se trata de arreglos en los que el Estado es capaz de ejercer control legal a través de instituciones robustas y técnicas con presencia y eficacia en el nivel territorial.
Son necesarios dos pasos iniciales. Uno, que lo debe dar el gobierno y que hasta ahora hemos extrañado, y el otro, que podemos comenzar juntos de manera inmediata.
Si concedemos lo anterior, debemos comenzar a discutir cómo se da esta transformación. De lo contrario, nuestra noción de construcción de paz quedará atada a un discurso genérico con pocas herramientas para la acción. Desde nuestra perspectiva, son necesarios dos pasos iniciales. Uno, que lo debe dar el gobierno y que hasta ahora hemos extrañado, y el otro, que podemos comenzar juntos de manera inmediata.
Sobre el primer paso diremos que una transformación como la que acá planteamos requiere de un liderazgo fuerte y positivo, de tipo transformacional, por parte del jefe de Estado. Es indispensable un mensaje sin ambigüedades que les facilite a los colombianos entrar en lo desconocido. Porque todo cambio genera miedo e incertidumbre, propicia ansiedad y pone a prueba la capacidad de quienes lo impulsan a pesar de las dificultades. Como sociedad, necesitamos inspiración y confianza, necesitamos romper la inercia; necesitamos desatarnos de las cargas que implica el pasado, abandonar el lugar que encontramos seguro y arriesgarnos a construir una realidad mejor para todos (Kotter, 2012).
Sobre el segundo paso, consideramos fundamental lo que ha propuesto el Comisionado de Paz. Desde su perspectiva, este proceso de transición no solo implica hacer enormes esfuerzos para fortalecer el Estado en las regiones y reivindicar el sentido de la ciudadanía más allá de nuestra zona andina, sino que también requiere la apertura de espacios de debate abierto y constructivo entre opiniones y alternativas diferentes. Es crucial que los actores regionales, que hasta cierto punto han sido rehenes del centralismo y de la coerción por el otro, ejerzan su rol como sujetos de desarrollo y reconciliación, y que generen acuerdos sobre el destino económico, político y social que requieren las regiones de Colombia. Pero no se trata de conversaciones en las que cada quien defiende el interés de su sector. Se trata de diálogos de construcción conjunta, en los que la pregunta fundamental es: cada quien, desde su lugar social, económico y político, qué está dispuesto a aportar para que en el territorio se cree una nueva realidad.
En ese sentido, el postconflicto se entiende como un gran cambio agenciado desde la base y con la participación de los territorios. No es una partitura lista para interpretar. No es un conjunto de reformas grandilocuentes para conservar el orden establecido, ni para integrar a ese orden (para algunos cuasi perfecto) a una serie de grupos que atentan contra la estabilidad del Estado. Es un ensemble de voces e intereses que hace falta propiciar. Ese esfuerzo requerirá persistencia, acompañamiento, imaginación y, sobre todo, mucha generosidad. Generosidad, sí, porque en esta reconstrucción del país hay que estar dispuesto a dar, a entregar y a sacrificar parte de la comodidad que hemos obtenido al acostumbrarnos a como se vive en medio de la violencia.
Bibliografía
DNP. (2006). Diagnóstico de la política de desmovilización y reincorporación de ex miembros de los grupos al margen de la ley 2002 -2006: oportunidades y retos para el futuro. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.
García Villegas, M., García Sánchez, M., & Rodrígez-Raga, J. C. (2011). Los estados del país. Instituciones municipales y realidades locales. Bogotá: Dejusticia.
Jaramillo, S. (14 de Mayo de 2013). Transición en Colombia ante el proceso de paz y la justicia. El Tiempo.
Kotter, J. (2012). Leading Change. Boston: Harvard Business School Press.
López, C. (2013). Tras medio siglo de intentos para «llevar Estado a las regiones», ¿qué deberíamos preguntarnos? ¿cómo podríamos avanzar? Investigación Fundación Arco Iris. Bogotá.
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Ramírez, A. (. (2004). Conflicto y seguridad democrática en Colombia. Temas críticos y propuestas. Bogotá: Fundación Social – FESCOL.
Rettberg, A., Camacho, A., Chaux, E., Garcia, A., Iturralde, M., Sánches, y otros. (2002). Preparar el futuro: Conflicto y post-conflico en Colombia. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz y Universidad de los Andes.
Robinson, J. (2013). Colombia: Another 100 Years of Solitude? Current History, 43-48.
Robinson, J., & Acemoglu, D. (2012). Por qué fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Bogotá: Planeta.
Fotografía : Sol Robayo / CC BY / Desaturada.
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