La violencia política ha estado presente en Euskadi desde hace décadas. A la violencia ejercida directamente desde el régimen franquista hay que añadir, a partir del año 1968, la realizada por ETA y más adelante por organizaciones paramilitares creadas al abrigo del Estado español. Con más de un millar de víctimas mortales se ha tratado del conflicto político violento más sangrante del Estado español durante la segunda mitad de siglo XX y, si ampliamos el foco al ámbito de Europa occidental, sólo la violencia política generada por el conflicto de Irlanda del Norte se sitúa por encima, con más de tres mil muertes.
Centrándonos en Euskadi, las más de cuatro décadas de existencia de la organización terrorista han tenido una influencia determinante sobre el debate político. Además de las consecuencias producidas directamente sobre las víctimas, cabe señalar otro tipo de efectos, no sobre personas concretas, sino sobre toda la población en general. Querría destacar al menos tres de estas consecuencias:
1. Polarización
La existencia de una organización terrorista genera una fractura política y social muy grande. Las acciones violentas, ya sean las ejercidas por ETA o por los aparatos y fuerzas de seguridad del estado, han generado irremediablemente una confrontación social. La violencia origina bandos, o conmigo o contra mí, dificultando enormemente los posicionamientos que no se identifiquen claramente con ninguno de los dos bandos.
2. Restricción de la participación política
Algunas limitaciones no se produjeron de forma formal, pero aparecen reflejadas en el Euskobarómetro: hasta 2009, con algunos altibajos, más de un 40% de la población del País Vasco reconocía tener “Mucho o Bastante” miedo a participar activamente en política. Otro dato: todavía en la primera década del siglo XXI en torno a un 20% de la población declaraba que no hablaba libremente de política con nadie o con casi nadie. Pero los obstáculos a la participación también provinieron desde el ámbito formal y empleando los aparatos del estado. En 2002 se aprobó la Ley Orgánica de partidos políticos, que posteriormente daría cobertura legal a la ilegalización de Batasuna por no rechazar explícitamente la violencia como instrumento para hacer política. La ilegalización no estuvo exenta de polémica e incluso Martin Scheinin1 manifestó su preocupación por el redactado de la ley y las posibilidades de abusos que representaba. Otro caso flagrante de prohibición del ejercicio de las libertades propias del estado de derecho democrático fue el del diario Egunkaria, cerrado por orden judicial en 2003; siete años después, en abril de 2010, la Audiencia Nacional absolvió a los acusados de todos los cargos. A día de hoy, ninguna instancia del gobierno central ha hecho manifestaciones al respecto.
3. Secuestro del debate
Al defender la organización terrorista unas determinadas aspiraciones políticas, la independencia de Euskadi y la creación de un estado socialista, estos objetivos, especialmente el primero, pasaron a ser planteamientos tabú en la agenda política vasca. Así, las fuerzas políticas y los agentes sociales contrarios a la independencia recurrían a acusar de connivencia con el terrorismo a todo aquel que pudiera realizar cualquier planteamiento pro independencia. En la práctica se convertía en un ejercicio de veto de parte del debate político. Más recientemente, a raíz del crecimiento del movimiento independentista en Catalunya, se ha suscitado la comparación: ¿por qué este crecimiento en Catalunya y no en Euskadi? En los últimos ocho años el número de personas favorables a la independencia en Catalunya ha pasado de apenas superar el 10% a rozar el 50%. En ese mismo período de tiempo, en Euskadi, el deseo independentista ha sido mucho más estable, del 32% al 25%. Algunos autores apuntan que la existencia previa de la violencia explicaría esta diferencia.
Pese a los esfuerzos por avanzar en la reconciliación, las consecuencias derivadas de la violencia (polarización, secuestro del debate, restricciones a la participación política) siguen parcialmente presentes
Afortunadamente el siglo XXI comportó una serie de cambios políticos y sociales que desembocaron en que el 20 de octubre de 2011 ETA anunciase “el cese definitivo de su actividad armada”. No es objeto de este artículo examinar las claves que llevaron a esta decisión, sino más bien las consecuencias de la misma. Sin embargo, telegráficamente, señalo algunas de esas claves: el modelo norirlandés de fin de la violencia, que se había revelado como exitoso, el descrédito del terrorismo político a partir de la irrupción del terrorismo nihilista islamista, la pérdida del temor de la sociedad a posicionarse en contra de la violencia, tanto desde de la sociedad civil organizada (Lokarri, Gesto por la Paz) como desde todo tipo de expresiones artísticas, y por último, la toma de conciencia por parte de la izquierda abertzale que la violencia terrorista no colaboraba en la consecución del objetivo de la independencia de Euskadi, sino que lo entorpecía.
Hasta ahora en Euskadi se han llevado a cabo iniciativas que podrían encuadrarse en los principios de la justicia transicional: verdad, justicia y garantías de no repetición2. Pero pese a los esfuerzos por avanzar en la reconciliación, las consecuencias derivadas de la violencia (polarización, secuestro del debate, restricciones a la participación política) siguen parcialmente presentes.
Superar la polarización social requerirá el paso del tiempo; tal y como señala Luciano Sandrin, “las emociones (de odio, rabia y resentimiento) tienden a hacerse crónicas y mantenerse vivas incluso después del final de las hostilidades, llegando a formar parte de una memoria compartida”3, pero requieren también de políticas públicas decididas y firmes. Hasta ahora las iniciativas restaurativas oficiales se han centrado en las víctimas, directas o indirectas de la violencia, pero es toda la sociedad la que debe cicatrizar. Hay temas, como el tratamiento de la población reclusa, sobre los cuales la división es profunda4. Además existen cuestiones que requieren un tratamiento más inclusivo, entre ellas cabe destacar: el reconocimiento de todas las víctimas5, y la asimetría en su trato6, la elaboración de una memoria incluyente, el reconocimiento del sufrimiento causado, desde todos los actores que lo causaron. Sin abordar estas cuestiones el camino será mucho más largo y tortuoso.
Falta voluntad política y valentía para afrontar la justicia transicional; hasta que no se haga, las consecuencias de la violencia política no se superarán
Respecto de la plena participación política, el Euskobarómetro refleja que el temor a la participación o la preocupación respecto de la violencia se mantienen pero con menor repercusión. Sin embargo, también aquí quedan retos pendientes, la ley de partidos políticos continua vigente y, por lo tanto, también los temores planteados por el Relator Especial de NNUU.
Relativo de los debates “congelados” por el terrorismo, iniciativas de base como Gure Esku Dago están planteando la legitimidad de la ciudadanía para decidir su futuro y ejercer su derecho a decidir. No sorprende que la mayoría de la clase política vasca no esté ofreciendo apoyo ni impulsando estos planteamientos. La actual clase política se ha socializado políticamente en el entorno de violencia y es posible que para romper los tabús se requiera un relevo generacional que permita abordar debates hasta ahora abortados.
Para concluir, existe un problema de partida: España es de los últimos estados que, citando a Teresa Whitfield, se hizo una transición sin justicia transicional, se optó por la desmemoria. Este ejercicio de esconder lo barrido bajo la alfombra tiene implicaciones, carecemos de una cultura de la memoria, muy útil para abordar este tipo de procesos.
Respecto del final de la violencia política en Euskadi, éste se produjo hace menos de cinco años, la superación de ese escenario puede llevar generaciones y requiere un abordaje de las cuestiones relativas a la justicia transicional. En las últimas décadas se ha producido una proliferación en los análisis y desarrollos de este tipo de justicia -precisamente Euskadi cuenta con expertos en su puesta en práctica-. Existen herramientas que se pueden aplicar, algunas experiencias al respecto y personas con capacidad para implementarlas. Falta tan solo la voluntad política y la valentía para afrontar la justicia transicional. Hasta que no se haga, las consecuencias de la violencia política seguirán presentes y no serán completamente superadas.
1. Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
2. El informe VVAA, (2014) “Víctimas del terrorismo residentes en la CAPV. Desazón y esperanza en víctimas indirectas de asesinatos”; los Memoria Lab impulsados conjuntamente por Bakeola-Museo de la Paz-Gernika Gogoratuz o la asociación Euskal Memoria Fundazioa, por citar tan sólo algunos ejemplos.
3. Sandrin, L. (2014) “Perdón y Reconciliación”, PPC, Salamanca.
4. Respecto de la reinserción de los presos de ETA, el 50% de la población está a favor en todos los casos, el 21% cree que tan solo se debe considerar para los que no cometieron delitos de sangre y el 19% aboga por el cumplimiento íntegro de las penas. Euskobarómetro.
5. Los informes de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del País Vasco de “Víctimas de vulneraciones de derechos humanos y sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política” van en esa dirección.
6. Hasta ahora el Estado español tan solo ha reconocido un único caso de víctima de terrorismo por una actuación de los cuerpos de seguridad. Es decir, la autoría del atentado (si es ETA o no) está resultando determinante para lograr el reconocimiento, y la reparación, de las víctimas de terrorismo.
Fotografia : EAJ-PNV Andoain
© Generalitat de Catalunya