La estrategia de seguridad que implementó México para combatir el cultivo, el tráfico y la posesión de drogas basada en el régimen internacional de control y fiscalización de drogas de la Organización de las Naciones Unidas ha tenido efectos nocivos en el goce y ejercicio de los derechos humanos en el país. La evidencia nacional e internacional muestra que estas políticas han resultado desproporcionadas y no han tenido efecto en la erradicación de la producción, el comercio o el uso problemático de drogas. Por el contrario, las consecuencias de las políticas prohibicionistas han sido profundamente dañinas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones de 2011 y la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco de 2016 y 2017, publicadas por el Gobierno mexicano sobre la prevalencia del uso de drogas en el país, no se han observado incrementos significativos en la proporción de personas que reportan consumo de drogas. Por el contrario, se ha presentado un incremento exponencial y cada vez más dramático en el número de muertes y homicidios intencionales relacionados con la política de seguridad de combate del narcotráfico.
No sólo tenemos cada vez más organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos que documentamos la incidencia de tortura, desaparición forzada, ejecuciones y detenciones arbitrarias, y la restricción de libertades fundamentales en el marco de una política de seguridad de combate a las drogas, sino que diversos organismos internacionales han dado cuenta de los impactos en los derechos humanos de esta política.
El fracaso de la política de drogas
En México, los resultados del régimen internacional de control y fiscalización de drogas han sido devastadores. Desde que en 2006 el expresidente Felipe Calderón declaró una guerra frontal contra la delincuencia organizada con el objeto de “salvar a nuestros niños y jóvenes de las garras de las drogas y las adicciones”, los índices de violencia, inseguridad y corrupción han aumentado alarmantemente.
De acuerdo con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Situación de los derechos humanos en México publicado el 2 de marzo de 2016, “México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años.”1 Este informe destaca que durante el gobierno de Calderón y la llamada guerra contra el narcotráfico, “las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país.”2
La corrupción e impunidad en las estrategias de combate contra el crimen organizado han sido una constante en México
La política de seguridad empleada en el país en el marco de la guerra contra el narcotráfico consistió en el despliegue de fuerzas armadas para ejercer tareas de seguridad pública sin ningún tipo de control civil. Esta situación, como documentó la Comisión Interamericana, “ha desatado aún mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales.”3
Al igual que la CIDH, diversos mecanismos internacionales de derechos humanos han coincidido en que la violencia generada por la fuerte presencia de fuerzas militares en las regiones del país con mayor presencia de crimen organizado ha ocasionado violaciones graves a los derechos humanos. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales documentó en su visita a México en 2013 que el ingente despliegue del ejército para enfrentar a los cárteles de la droga había resultado en numerosas ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad, así como de los cárteles “a menudo sin ningún tipo de rendición de cuentas.”4 El Relator observó con preocupación que se siguen produciendo incidentes extremadamente violentos en el país, en particular atentados contra el derecho a la vida, a un nivel intolerable.
Según la información proporcionada al Relator Especial por las autoridades mexicanas, durante la anterior administración federal, de diciembre de 2006 a noviembre de 2012, se cometieron 102.696 homicidios intencionales. El Gobierno reconoció que no menos de 70.000 de esas muertes (casi el 70%) estaban relacionadas con el tráfico de drogas.5
Por otro lado, el Relator Especial sobre la situación de la tortura, después de su visita a México en 2014, confirmó que desde el despliegue de efectivos militares en 2006 en el marco de la guerra contra el narcotráfico, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró un aumento de quejas por tortura y malos tratos desde 2007 y reportó un máximo de 2.020 quejas en 2011 comparadas con un promedio de 320 en los seis años anteriores a 2007.6
La violencia generada por la fuerte presencia de fuerzas militares en las regiones con mayor presencia de crimen organizado ha ocasionado violaciones graves a los derechos humanos, como torturas y desapariciones forzadas.
Otra de las graves violaciones a derechos humanos que han generado las diversas formas de violencia que se han venido dando en México durante los últimos años tiene que ver con el desplazamiento interno forzado. La violencia generada por la fragmentación y pugna de territorios por el crimen organizado ha conllevado a que miles de personas se hayan visto forzadas a desplazarse internamente en México durante los últimos años.
La corrupción e impunidad en las estrategias de combate contra el crimen organizado han sido una constante en México. De acuerdo al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 7 las enormes cantidades de dinero que movilizan los grupos del crimen organizado “están cooptando y corrompiendo instituciones clave”8 en el país. Asimismo, pese a que la estrategia se ha centrado en la detención de integrantes del crimen organizado, no se han desplegado verdaderos esfuerzos para desmantelar la red de corrupción que involucra al crimen organizado y a agentes del Estado.
Falsos indicadores de éxito
La política antidroga ha además propiciado el desarrollo de leyes y figuras que se contraponen con el debido proceso y las garantías judiciales, la presunción de inocencia, el derecho a una defensa adecuada, y el derecho a que la sanción sea acorde con la gravedad del delito. Preocupantemente, las autoridades mexicanas han utilizado como indicadores de éxito de su política, las hectáreas de amapola y marihuana erradicadas, los laboratorios de cocaína destruidos, las personas detenidas, o la cantidad de drogas incautadas. Este tipo de indicadores transmiten una sensación de efectividad, no obstante, no se indica si las tácticas empleadas se traducen en avances reales hacia la consecución del objetivo principal, que es la reducción en el uso de drogas en el país.
Por una lado, entonces, se implementan estrategias de seguridad para reducir la oferta y la demanda de drogas, sin contar con indicadores de impacto en el consumo, y por el otro, estas estrategias desestiman que las acciones encaminadas al combate al narcotráfico resulten insostenibles a largo plazo al ignorar las fronteras nacionales y la capacidad operativa y diversificación del crimen organizado. Es decir, la erradicación de un plantío de amapola no impide la siembra de la misma en otra parte del país; la detención de un líder del crimen organizado no limita la operación de un cártel, ni la fragmentación del mismo impide el surgimiento de otro; o la incautación de drogas e identificación de rutas de distribución tampoco limita el surgimiento de nuevas rutas y formas de transporte.
La regulación y no la guerra
Para poder emprender un debate serio para el diseño de nuevas políticas públicas que regulen el uso de drogas, hay que comenzar reconociendo el fracaso del modelo prohibicionista y de las políticas de seguridad encaminadas al combate de la producción, distribución y uso de drogas emprendidas en el país. Necesitamos nuevos indicadores para evaluar el éxito de las estrategias encaminadas a reducir el consumo de drogas. Las toneladas de drogas incautadas, el número de personas detenidas o las hectáreas de cultivos erradicados no indican si se está afectando el consumo de drogas dentro del país en tanto no existan registros metodológicamente viables para calcular con certeza la prevalencia del consumo.
Es urgente que el Estado mexicano se enfoque en reformas institucionales a largo plazo y no en medidas paliativas de populismo punitivo
Resulta necesaria una reforma integral en materia de política de drogas, comenzando con la regulación del cultivo y mercado de cannabis y amapola, que incluya el establecimiento de un modelo de control gubernamental del mercado de ambas plantas. La regulación de la marihuana, como un primer paso para debilitar las políticas nocivas de combate a las drogas, permitirían la generación de información en cuanto a la prevalencia de consumo de esta droga y su despenalización impactaría en la despresurización del sistema penitenciario.
Para poder desmantelar la red de corrupción e impunidad del crimen organizado que ha generado tanta violencia en el país, resulta prioritario fortalecer las instituciones civiles que luchan contra el narcotráfico. El uso de las fuerzas militares en vez de las policiales debilita y distorsiona las funciones de ambas. Por ello, la reforma y el fortalecimiento de la justicia deben ir de la mano con el fortalecimiento de las corporaciones policiales, ya que para combatir el narcotráfico se necesitan una fuerza policial y un sistema judicial que funcionen.
La realidad de cientos y miles de víctimas de la guerra contra las drogas en el país no puede seguir siendo invisible. Por ello, es urgente que el Estado mexicano se enfoque en reformas institucionales de largo plazo, y no en medidas paliativas que se fundamenten en el populismo punitivo.
1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Situación de derechos humanos en México. OEA/Ser.L/V/II.Doc.44/15, 31 diciembre 2015, p. 31.
2. CIDH. Situación de derechos humanos en México, p. 31.
3. CIDH. Situación de derechos humanos en México, p.11.
4. Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, A/HRC/26/36/Add.1, 28 de abril de 2014, p. 5.
5. Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, p. 5.
6. Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/28/68/Add.3, 29 de diciembre de 2014, p. 6.
7. Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su visita a México, 7 de octubre de 2015, p. 3.
8. Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein, p. 3.
Fotografía : Secuestradores detenidos durante un enfrentamiento con el ejército y policia federal mexicana / Jesús Villaseca Pérez.
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