El caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en México, y el homicidio de otros tres, así como de otras tres personas más en la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala (Guerrero), y las heridas a otros muchos –algunos de ellos muy graves– supuso un aldabonazo a la conciencia del país y del mundo. El dolor y sufrimiento de los familiares, que se movilizaron desde el inicio para la búsqueda y la investigación de los hechos, y la negociación y apertura inicial de México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llevó a crear un mecanismo novedoso de asistencia técnica y coadyuvancia nombrado por la CIDH con un triple mandato: apoyo en la investigación de los hechos, búsqueda de los desaparecidos y atención a las víctimas y familiares. El llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), donde fuimos nombradas cinco personas, fue creado como consecuencia de esa herida, y realizó durante dos periodos de seis meses, su trabajo para ayudar a sanarla (de marzo de 2015 a abril de 2016).
En su trabajo, el Grupo publicó dos voluminosos informes que daban cuenta de su investigación, las búsquedas y el acompañamiento a las víctimas. El GIEI señaló que la empatía constituye una herramienta fundamental para el apoyo a los familiares que viven esta tragedia y para la propia investigación de los hechos. Por eso recogió también la voz y experiencia de los familiares en sus informes.
“Yo lo que puedo decir ahorita, donde quiera que esté mi hermano, que tenga fuerza y que tenga la esperanza de que pronto lo vamos a encontrar. Y si regresa mi hermano con vida, seré muy feliz, con mi hijo, con mi esposa, toda mi familia. Lo agradeceré a Dios y a todas las personas que nos han apoyado. Aunque si perdió la vida, igual agradecerle a toda la gente. Pero debo ser positivo mientras no haya pruebas. Y aquí debo estar con los padres y luchar, encontrarlos”.
Por otra parte, los informes pusieron de manifiesto que lo que se llamó “Verdad Histórica” no tenía sustento en las pruebas e investigación realizada. Esta versión había sido reivindicada por el Procurador General de la República, Murillo Karam, señalando que los jóvenes fueron confundidos con narcotraficantes, asesinados en un basurero, quemados y carbonizados a cielo abierto y sus restos tirados a un río por un cártel del narcotráfico.
Los casos de desaparición forzada son legalmente delitos continuos que no se pueden cerrar, como no se cierra el dolor de las víctimas y familiares
Nuestra investigación constató que los jóvenes no fueron a boicotear ningún acto político, ni formaban parte ni estaban infiltrados por ningún grupo del crimen organizado, como se había dicho. No hay ninguna evidencia de ello. Los jóvenes iban a tomar autobuses para ir a la conmemoración de la masacre de Tlatelolco de 1968 a la ciudad de México. Los hechos de la noche de Iguala produjeron cerca de 180 víctimas directas, incluyendo los 43 desaparecidos, y se dieron en nueve escenarios diferentes con disparos de armas de fuego y violencia, durante 4 o 5 horas, y con participación directa de tres cuerpos de policía municipal de Iguala, Cocula y Huitzuco. Diferentes niveles de autoridades tenían información de la llegada de los normalistas a las inmediaciones, primero, y a la ciudad de Iguala, luego, incluyendo policía estatal, ministerial, federal y el ejército, por lo que no fueron confundidos con narcotraficantes. La detención de los estudiantes se dio mientras dos agentes de inteligencia del ejército estaban monitoreando lo que estaba pasando.
La versión oficial señalaba que los jóvenes habían tomado cuatro autobuses, pero la investigación del GIEI mostró que se había omitido la existencia de un quinto autobús; eso se ocultó y posteriormente se tergiversó la investigación sobre dicho autobús. A partir de información pública del Departamento de Justicia de Estados Unidos descubrimos un caso en el que se traficaba con heroína de Iguala a Chicago con autobuses de pasajeros previamente modificados. Para el GIEI, la única hipótesis que explica un ataque de esas dimensiones es que los jóvenes se llevaron, sin saberlo, algo mucho más importante que unos autobuses. Probablemente se llevaron ese quinto autobús cargado de heroína o dinero, lo que explicaría el nivel del operativo dirigido a no dejar salir los buses, y la agresión creciente contra ellos.
La verdad puede ser incómoda, pero es sanadora
Otro elemento clave fue la explicación del destino final de los normalistas dada por el Estado. Tras la realización de un estudio científico sobre la dinámica del fuego realizado por el doctor Torero, el GIEI señaló que la quema masiva de 43 cuerpos en dicho escenario a cielo abierto y en 16 horas, no ocurrió. Que los datos científicos de la cantidad de leña, nivel de impacto en el lugar, tiempo, tipo de pira, fotografía satelital, pruebas de fuego, testimonio de testigos, etc. mostraban que lo que se describía en las declaraciones de algunos inculpados era imposible. Dicha conclusión fue apoyada posteriormente por otro peritaje llevado a cabo por el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense. Como consecuencia de ello, se señaló la necesidad de retomar líneas de investigación. Los inculpados acusados de ser parte del crimen organizado, en base a cuyas declaraciones se construyó esa versión, tenían todos serios indicios de tortura, según un estudio realizado por el GIEI avalado por el International Rehabilitation Center for Victims of Torture de Dinamarca (IRCT).
Por último, el GIEI descubrió, revisando grabaciones de video de esos días, que la bolsa encontrada en el río San Juan con un resto óseo correspondiente a uno de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora, había sido manipulada, otras bolsas habían sido movidas y el escenario del río, alterado, el día antes de que “se descubriera” oficialmente; el GIEI descubrió también que en ello participó el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, y que todos esos hechos no tenían ningún soporte legal ni se encontraban en el expediente.
Conforme la investigación del GIEI avanzaba y se hacía público el primer informe, comenzó sin embargo una campaña en algunos medios de comunicación y personajes conocidos en México en contra del Grupo. Cuando no se pueden cuestionar los informes, como en este caso, se trata de deslegitimar a las personas. Dichos intentos, a pesar de que fracasaron, conllevaron una fuerte tensión para el equipo, y muestran los intereses de personas y grupos con mucho poder en que no se conozca la verdad.
En abril de 2016, tras la salida del GIEI, se creó un mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para supervisar el cumplimiento de las veinte recomendaciones y líneas de investigación que dejó el Grupo en su segundo informe. Dicho mecanismo funcionará con visitas periódicas probablemente hasta noviembre de 2017.
Resolver este caso puede ayudar a México a romper el círculo de corrupción-violencia-violaciones de DDHH que se vive en el país desde hace una década
El GIEI tenía un mandato de evaluar y dar recomendaciones sobre la atención a víctimas y familiares. Esta es una parte muy novedosa, y a la vez olvidada, en muchos casos. Nuestra experiencia muestra que sí se puede hacer investigación, búsqueda con metodologías científicas y una adecuada atención y centralidad de las víctimas en la investigación, sin las cuales no habríamos descubierto algunas pruebas clave, como el mensaje de uno de los normalistas a su madre la madrugada del día 27: “Por favor mamá, me urge una recarga”, tiempo después de que la versión oficial lo diera por muerto.
El Grupo ayudó a tener espacios de relación entre las víctimas y el Estado, poner puentes donde había abismos, lo que fue muy importante para ambas partes. Sin embargo, los bloqueos a la investigación y la falta de respuesta efectiva a las recomendaciones del Grupo han conllevado mayor desconfianza por parte de las víctimas en la actualidad. El GIEI alertó al Estado y a la sociedad mexicana que el caso se puede resolver, que las líneas propuestas de investigación son claras y que se debe mostrar un compromiso efectivo para la resolución y la búsqueda de los desaparecidos. También, que los casos de desaparición forzada son legalmente delitos continuos que no se pueden cerrar, como no se cierra el dolor de las víctimas y familiares en un proceso de búsqueda, angustia y sufrimiento permanentemente abierto. Y que resolver este caso puede ayudar a México a romper el círculo de corrupción-violencia-violaciones de derechos humanos que se vive en el país desde hace una década.
La verdad puede ser incómoda, pero es sanadora. Frente a la desesperanza aprendida que conlleva la impunidad, el GIEI mostró un camino posible para otros familiares y casos. Lo que supone para un pequeño grupo meter las manos en ese dolor, acompañar a las víctimas, promover estrategias de investigación más efectivas siguiendo los estándares internacionales está contado en los dos voluminosos informes Ayotzinapa I y II del GIEI. En la búsqueda de un lenguaje que dé cuenta de la profundidad de la historia, escribí después un libro para tratar de procesar esta experiencia, porque escribir es también vivir las cosas en un tiempo en que ellas quieren ser vividas. El libro El tiempo de Ayotzinapa es una narración en primera persona del proceso, que quiere dialogar con la cita de John Berger: “La promesa es que el lenguaje ha reconocido, ha dado cobijo a la experiencia que lo pedía a gritos”.
Fotografía: Sarah-ji
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