Han pasado dos años desde que el 2 de octubre de 2016 se celebró en Colombia el referéndum sobre los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno y las FARC; ganó el “No”, con lo que se entró en una zona gris de incertidumbre y quedó patente que la sociedad colombiana estaba partida por la mitad. Cierto es que, tras incluirse algunas modificaciones en el texto de los Acuerdos, se consiguió su aprobación y puesta en marcha con muchas dificultades y sin que, a día de hoy, sepamos a ciencia cierta cuál será la actuación del nuevo presidente Iván Duque. Recordemos que Duque se ha mostrado contrario al reparto de tierras que diseñan los Acuerdos de Paz y a sus dos ideas centrales: devolución a los desplazados de las tierras arrebatadas durante el conflicto y creación de un fondo de tierras. Por otro lado, Duque es favorable a mantener una política antidroga dura, sin que pueda descartarse la vuelta a la fumigación con glifosato para erradicar los cultivos ilícitos de coca, lo que equivaldría, entre otras cosas, al retorno a la acción antidroga sumisa a la voluntad de EEUU. Además, la violencia no ha desaparecido en Colombia y siguen siendo asesinados activistas de derechos humanos y líderes rurales.
Una y otra cuestión, tierras y drogas, son capitales para la construcción de la paz y, además, están íntimamente relacionadas. El texto de los Acuerdos de Paz prima la sustitución voluntaria por cultivos sostenibles, la presencia institucional en zonas conflictivas y el desarrollo humano integral, actuándose especialmente en las bolsas de pobreza y fomentándose la protección de los derechos humanos; por otro lado, contempla rebaja de penas en materia de tráfico y cultivo. Este enfoque de la política de drogas ya fue anunciado por el presidente Santos en Naciones Unidas en abril de 2016; fue un discurso potente en el que indicó que Colombia era dueña de su destino y responsable de tomar sus decisiones, separándose del multilateralismo inútil, absurdo y contraproducente que durante medio siglo han impuesto EEUU y Naciones Unidas; como ya se ha indicado, esta opción por una nueva política de drogas no es la que preconiza el actual Presidente.
Tierras y drogas son capitales para la construcción de la paz y están íntimamente relacionadas
Ya antes de ser elegido, Duque afirmó que los acuerdos generaban impunidad y debilitaban el Estado de Derecho; esta visión es fruto de no ser capaz de entender que en determinadas situaciones de postconflicto solo es posible alcanzar la paz aplicando mecanismos de justicia transicional y reparación de daño. Una cosa es la justicia ordinaria que se aplica estando vigente el conflicto, o sea, penas muy graves que buscan la justicia absoluta y retributiva, pero que no resuelven la guerra y, otra cosa muy distinta es la justicia transicional: se trata del conjunto de medidas que permiten a sociedades rotas por la guerra, la desintegración nacional o la dictadura, transitar hacia la paz, la reconciliación o la democracia. La reserva de curules para los ex miembros de las FARC y las menores penas o la amnistía son el precio que ha de pagarse para lograr la paz, aflorar la verdad, conseguir la reparación y garantizar la no repetición. Si se hubiese querido aplicar la justicia ordinaria, sobrarían los Acuerdos, pero la paz resultaría inalcanzable.
Insistir en las recetas prohibicionistas más rancias no va a resolver el problema. La guerra de las drogas ha sido un fracaso y ha generado violencia, inestabilidad, daño a la salud y al medio ambiente, violaciones de los derechos humanos y corrupción
En realidad, el conflicto colombiano encierra dentro de sí varios conflictos; el de la violencia política, el del narco, el de la guerrilla y el de los paramilitares. Esta confluencia de actores –y, en ocasiones, vinculación entre ellos- impide cualquier solución que no se base en acuerdos, en los que se ceda para posibilitar la vida política, se de salida a los que ejercieron la violencia y se actúe decididamente para compensar a las víctimas de tantos años de conflicto. Los Acuerdos son un edificio en el que sus distintos capítulos son inseparables, es un todo o un nada; de ahí la frase que se repetía antes de su firma: “No hay nada acordado hasta que todo esté acordado”. Los seis puntos del texto –reforma rural, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas, víctimas y verificación- no pueden aislarse y ninguno es prescindible, al ser todos necesarios para conseguir el objetivo final, es decir, la terminación del conflicto y alcanzar la paz estable y duradera, con garantía de no repetición. Especial vinculación se establece entre los puntos 1 –reforma rural- y 4 –solución al problema de las drogas ilícitas- lo que es lógico si se tiene en cuenta que el problema de la desposesión de tierras no es ajeno a los cultivos ilícitos y a su persecución; téngase en cuenta que los referidos cultivos han provocado desplazamientos forzosos, al igual que la fumigación aérea, que también es responsable de la deforestación de algunas zonas de cultivo. Por otro lado, es sabido que para importantes núcleos de campesinos el cultivo de coca ha sido una opción de supervivencia. Y es dato muy relevante que tras la suspensión de la fumigación aérea, los cultivos de coca han crecido considerablemente, lo que EEUU considera inaceptable; la cuestión va a ser encarada por el nuevo Gobierno con la vuelta a la fumigación aérea, no con aviones, sino con drones.
Habrá que esperar para saber si esta vuelta a las antiguas políticas antidrogas va a anular las medidas propuestas por los Acuerdos. De momento, lo que sí se puede afirmar es que insistir en las recetas prohibicionistas más rancias no va a resolver el problema, porque ya sabemos que la guerra las drogas ha sido un fracaso y ha generado violencia, inestabilidad, daños a la salud y al medio ambiente, violación de derechos humanos y corrupción. La idea de que erradicando los cultivos se acaba con el problema es falsa, porque las actuaciones sobre la oferta, con olvido consciente de la demanda, no han dado resultado; esto ya está constatado.
Si no hay salida para los pequeños productores, si no recuperan sus tierras, si éstas no se limpian de minas y no hay cultivos alternativos, no se conseguirá romper la cadena por el eslabón de la producción, imprescindible para la actuación del narcotráfico
En los Acuerdos se afirma que el Programa de Sustitución de Cultivos, que se basa en la sustitución voluntaria, es “un componente de la Reforma Rural Integral”; realmente así es y esto podría estar en riesgo con la vuelta a medidas exclusivamente represivas de la prohibición. Además, el programa de sustitución iría precedido del desminado de los territorios todavía cuajados de minas antipersona y munición activa. El Programa contempla que en los casos de campesinos que voluntariamente renuncien a los cultivos de coca, no habrá persecución penal por sus acciones anteriores, lo que resulta imprescindible para que se acerquen a los planes de sustitución. Las soluciones que se proponen buscan, además, la protección del medio ambiente, una víctima más del narcotráfico y de la guerra sostenida contra él. Todo esto podría estar en riesgo si se sale de la hoja de ruta marcada por los Acuerdos o si se prescinde de alguno de sus componentes. Por otro lado, volver a someterse a los deseos de EEUU, supondrá que Colombia vuelva a ser percibida como un “territorio problema” que requiere intervención extranjera, cuando de lo que se trata es de que actúe como “nación solución” en base a las necesidades del país y no a las pretensiones de EEUU.
Si no hay salida para los pequeños productores de supervivencia, si no recuperan sus tierras o acceden a ellas, si las tierras no se limpian de minas y si no hay cultivos alternativos, no se conseguirá romper la cadena por el eslabón de la producción, imprescindible para la actuación del narcotráfico. Es decir, la vuelta a las medidas tradicionales pone en riesgo la reforma rural y la paz. Cierto es que Colombia está profundamente dividida –el referéndum fue prueba de ello- y que los Acuerdos no satisfacen a todos, existiendo en algunos sectores un rechazo frontal; pero también es cierto que el mantenimiento del escenario anterior a los Acuerdos es inasumible. Los Acuerdos no deben de enjuiciarse de forma simplista como buenos o malos, sino que deben ser vistos en el contexto que ha padecido Colombia durante demasiados años; estos Acuerdos, aún con sus posibles insuficiencias y errores, son los únicos que se han alcanzado, por lo que la cuestión es mantenerse en la guerra y sus múltiples violencias o aceptar que los Acuerdos son, a día de hoy, la única alternativa.
Fotografía: Policía Nacional Colombiana en Tumaco, plantación de Coca / Policía Nacional de los colombianos
© Generalitat de Catalunya