La proliferación ininterrumpida de acontecimientos sociales violentos acorta la memoria de los pueblos. De lo importante solo queda, cuando queda, una imagen borrosa de ellos, porque otros sucesos más recientes reclaman su lugar en la memoria popular. Ante las escenas dantescas que la muerte va dejando por todo el territorio mexicano, convertido en cementerio involuntario, pocos, muy pocos, son los que entienden lo que está pasando y menos quienes piensan que la violencia no es un designio divino, que la situación que viven los mexicanos es un producto de la descomposición de la sociedad y que si se quiere salir de ella hay que volver sobre nuestros pasos, desandar mucho del camino andado para encontrar el horizonte.
Entre los pueblos y las comunidades indígenas del país esto es clave. La exclusión por discriminación y racismo ha construido unas relaciones asimétricas entre la población mestiza y ellos, tan profundas que su resultado es un colonialismo interno, donde son grupos ajenos los que deciden los aspectos importantes de su vida, dejándoles a su decisión únicamente los que no se oponen a sus intereses. Así, la violencia histórica que sufren los pueblos y comunidades indígenas adquiere carácter estructural. Por medio de ella se les excluye de todo lo importante de la vida nacional y se controla su vida interna. En lo nacional solo cuentan como votos en los procesos electorales y en lo local pueden hacer lo que quieran siempre que no perturben el orden de explotación y control colonial que se les ha impuesto.
Pero los pueblos indígenas siempre han resistido a esta violencia ejercida contra ellos. Siempre han buscado y encontrado la forma pacífica de acomodarse a ella, presionando y negociando con sus opresores según sus propias capacidades y las alianzas que logran. Y cuando eso no es posible no han dudado en recurrir a las armas, como un recurso extremo, para defender su existencia y sus derechos; usan la violencia para conseguir la paz. Así fue en la segunda parte del siglo XIX, cuando el afianzamiento del capital puso en peligro su existencia como pueblos, sus territorios y sus propios gobiernos. Perdieron la guerra, pero la derrota no fue total y volvieron a las armas en la revolución de 1917. Algo recuperaron de lo que en el siglo pasado les arrebataron, sus tierras, sobre todo, pero se les siguió violentando e invisibilizando, que es otra forma sutil de violencia.
La violencia histórica que sufren los pueblos y comunidades indígenas adquiere carácter estructural; se les excluye de todo lo importante de la vida nacional y se controla su vida interna
Un dato dramático de la violencia oficial contra los pueblos indígenas es que en toda su existencia la fuerza aérea mexicana solo ha usado sus bombarderos contra los pueblos indígenas: en 1927 contra los pueblos yaquis de Sonora que se negaban a deponer las armas contra el gobierno hasta que les devolvieran sus tierras que los políticos y empresarios les habían arrebatado; en 1957 contra los pueblos triquis de Oaxaca que habían ejecutado al comandante de la zona militar asentada en San Juan Copala, su centro político y ceremonial, porque les robaba el café y traficaba con armas que después él mismo decomisaba; en 1994 contra los pueblos mayas del estado de Chiapas organizados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que se levantaron en armas contra el gobierno por la situación inhumana en que vivían.
De lo anterior casi nadie se acuerda. De la misma manera, son muy pocos los que recuerdan las acciones represivas recientes contra los pueblos indígenas, a pesar de que dejaron decenas de muertos, heridos, desaparecidos y personas privadas de su libertad, que en su momento provocaron la indignación popular. Las masacres de Aguas Blancas en junio de 1995, en el estado de Guerrero; la de Acteal, en diciembre de 1997, en el estado de Chiapas; la de Agua Fría en mayo de 2002, en Oaxaca; y la desaparición de estudiantes de la escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014, son solo los casos más sonados. Aun así, conforme el tiempo, la memoria va dando paso al olvido y la demanda de justicia para las víctimas y castigo a los responsables se va diluyendo porque otros sucesos igualmente graves reclaman su atención.
La violencia contra los pueblos y comunidades
El año pasado, cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador lanzó por tercera ocasión su candidatura a la Presidencia de la República muchos pueblos, comunidades y organizaciones indígenas lo apoyaron porque veían en ella la oportunidad de cambiar la situación de violencia que venían viviendo desde la instalación de las políticas neoliberales, allá por la última década del siglo XX; otros se mantuvieron al margen pero terminaron apoyando su candidatura, convencidos que era la opción menos mala de gobierno. Dicho de otra manera, emitieron su voto a su favor, no porque fuera la mejor opción sino porque no había otra. También porque en su campaña difundió un discurso acorde con las luchas de los pueblos indígenas contra el extractivismo y por la defensa de su territorio y sus recursos naturales. Como veremos más adelante, su cálculo no fue del todo acertado porque la violencia contra ellos no ha cesado a un año del nuevo gobierno.
Esta lucha ha generado inestabilidad social y, en muchos casos, violencia contra los opositores.De acuerdo con la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, una instancia del gobierno federal, en el sexenio pasado se registraron 312 conflictos que involucraron pueblos y comunidades indígenas, donde los detonantes fueron los proyectos de explotación minera, la propiedad y posesión de la tierra, los proyectos de infraestructura (carreteras, gasoductos, explotación de hidrocarburos), proyectos hidráulicos (construcción de presas y acueductos para el trasvase de agua de una cuenca a otra) y de seguridad y justicia (organización de policías comunitarias). A estos hay que agregar aquellos conflictos derivados del aprovechamiento del agua y la biodiversidad, elementos naturales muy apreciados por las empresas mercantiles para llevarlos al mercado.
Son muy pocos los que recuerdan las acciones represivas recientes contra los pueblos indígenas a pesar de que dejaron decenas de muertos, heridos, desaparecidos y personas privadas de su libertad
Otro informe no exhaustivo elaborado por el Congreso Nacional Indígena (CNI), un espacio de confluencia de organizaciones que luchan por la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas creado el 12 de octubre de 1996 para apoyar el cumplimiento de los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal1 , afirma que desde entonces, las organizaciones que aglutina sufrieron 117 asesinatos y 11 desapariciones contra sus integrantes. “La cifra real es mayor porque -dice dicha organización- en esta lista tentativa generalmente sólo aparecen aquellos que tenían responsabilidades políticas y/u operativas. Faltan los nombres de quienes resultaron muertos y resistían desde sus milpas, sus ceremonias, sus labores cotidianas”. Y también faltan los afectados por la violencia de organizaciones que no participan del CNI.
De la lista preliminar de asesinados que eran miembros del CNI, se contabilizan 51 tsotsiles de tres comunidades de Chiapas; 33 nahuas -22 de Michoacán, cinco de Jalisco, cuatro de Guerrero, uno de Morelos y uno de Colima-; seis binnizá de dos comunidades de Oaxaca; seis choles de tres comunidades de Chiapas; cinco purépechas de dos comunidades de Michoacán; cinco chontales de dos comunidades de Oaxaca; tres triquis de dos comunidades de Oaxaca; tres tseltales de dos comunidades de Chiapas; dos chinantecos Oaxaca, una nu’saavi de Oaxaca, un me’phaa y un mixe de Oaxaca. Las 11 personas indígenas integrantes del CNI desaparecidas son 10 nahuas de Michoacán, Jalisco, Veracruz y Puebla y un indígena oaxaqueño desaparecido en la Ciudad de México.
A los asesinatos y desapariciones políticas señalados hay que agregar los asesinados durante el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador: Noé Jiménez Pablo, Santiago Gómez Álvarez, Samir Flores Soberanes, Julián Cortés Flores, Ignacio Pérez Girón, José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote y un joven nahua colimense. Se trata de gente que creyó en las políticas de cambio que prometió el actual gobierno, pero, como no lo vieron, siguieron en su lucha en defensa de sus derechos. Un grupo más es el de los indígenas privados de su libertad, perseguidos o amenazados por defender sus tierras y buscar una vida digna para ellos, sus familias, sus comunidades y pueblos.
Propuestas de paz y nueva vida
En este panorama muchos dirigentes de organizaciones de pueblos y comunidades indígenas opinan que existe una guerra permanente contra ellos y que ésta no parará si no se proponen alternativas pacifistas. Una guerra en que confluyen muchos factores y actores: el modelo extractivista del desarrollo económico, la relación de las empresas capitalistas con el crimen organizado, las políticas de sometimiento por parte del Estado, por un lado; y por el otro, la defensa que los pueblos y comunidades hacen de sus territorios a través de la movilización popular. En ese sentido, conforme el tiempo pasa los pueblos en lucha paulatinamente van transformando sus formas de lucha hasta alejarse de los métodos verticales de organización, volviendo a las propias. Más que en organizaciones, se aglutinan en sus propias estructuras político-religiosas, que son muy variadas. Ahí es posible encontrar desde las democráticas, donde las asambleas toman las decisiones que después ejecutan sus representantes, hasta las militares, donde lo que más pesa es la experiencia bélica de los dirigentes. Otra vertiente organizativa que se mira es aquella que da preeminencia a la organización civil sobre la religiosa, aunque en muchos casos lo que se mira es lo contrario.
Junto con sus métodos de lucha también han cambiado sus objetivos. De confrontar directamente al gobierno exigiendo que reconociera sus derechos, van pasando a fortalecer sus estructuras locales y, a partir de ahí, resistir los embates externos. Y aquí viene lo importante, porque para hacerlo recurren a su experiencia histórica y sus valores culturales, mantenidos y recreados por siglos. Es en los nuevos métodos de lucha y el cambio de objetivo donde se pueden encontrar alternativas para la pacificación, no solo de los pueblos y las comunidades indígenas, sino también del país, si es que se quiere atender el mensaje que envían y las enseñanzas que pueden dar con ellos. Mucha gente considera que no existe movimiento indígena porque ya no ocupan plazas u oficinas públicas, ni se les ve marchar por las grandes avenidas urbanas. Si se dieran una vuelta por las comunidades se asombrarían de las discusiones sobre su futuro que constantemente realizan, los rituales para pedir perdón a la madre tierra por no haberla cuidado y permitir que le hicieran daño; la invocación a sus deidades para que los iluminen. Todo a su manera, a su tiempo y usando sus propios mecanismos.
A estos procesos los pueblos y comunidades los llaman reconstitución y creación de autonomías. Las hay de todo tipo: según las necesidades de los pueblos y las comunidades indígenas, las posibilidades de lograr los objetivos que se proponen, los recursos con que cuentan para lograrlo y, en muchos casos, los apoyos que pueden obtener de las alianzas que tejen. En esto, sin duda, la experiencia en territorio zapatista es importante, pero también existen otras a lo largo y ancho del territorio mexicano. Por el norte, los pueblos luchan por la defensa de sus territorios asediados por el capital; en el centro también, aunque acá los procesos se diversifican, pues hay procesos de creación de gobiernos propios y policías comunitarios para la seguridad, con base en sus propios recursos, alejados de las disposiciones estatales.
Los nuevos movimientos indígenas no solo quieren terminar con la violencia, sino también acabar con las causas que la generan. Quieren transformar lo nocivo del mundo occidental ofreciendo a cambio lo mejor del suyo
En otros casos se generan proyectos propios de los pueblos y comunidades indígenas, pensados y diseñados por ellos mismos. Entre estos es posible apreciar proyectos de reforestación o captura de agua, donde la sociedad se reconcilia con la naturaleza; proyectos de siembra de alimentos, donde se siembra lo que se consume haciendo un uso racional de la tierra y poniendo en práctica sus conocimientos ancestrales; o proyectos de educación desligados de la política oficial y privilegiando los conocimientos locales. Y junto a ellos proliferan proyectos culturales de poetas, historiadores y filósofos locales que, si fueran tomados en cuenta en las políticas culturales y educativas, enriquecerían bastante las políticas oficiales.
Lo importante de estos procesos es que le quitan a la autonomía el aspecto de exigencia de reconocimiento estatal para pasar a ejercerla como una verdadera forma de vida. En un ambiente de violencia cotidiano, la reconstitución de los pueblos y la creación de autonomías se convierte en un recurso organizativo y político con el que los pueblos enfrentan las múltiples violencias: contra el despojo y la dominación (estructural), contra la violencia del estado (política), contra el estigma (discriminación), contra el crimen organizado. Los nuevos movimientos indígenas no solo quieren terminar con la violencia, sino también acabar con las causas que la generan. Quieren transformar lo nocivo del mundo occidental ofreciendo a cambio lo mejor del suyo. En el centro de estos complejos procesos se encuentra la construcción de autonomías, con sus propios recursos, mostrando que se puede vivir en paz si se privilegia el bien común sobre los intereses particulares.
Conclusión
Como bien puede notarse, las alternativas de los pueblos indígenas para acabar con la violencia que ahoga al país no ponen la mirada en ajustar lo que no funciona del sistema, porque saben que eso no es posible, y aunque lo fuera resolvería solo el problema de la violencia directa, inmediata, de la sociedad mestiza, pero la estructural, colonial, racista y discriminatoria que históricamente se ejerce contra ellos seguiría persistiendo y al paso de unos años volvería a brotar. Por eso insisten en cambiar las reglas del juego, atacar las causas profundas del problema que según su entender se encuentran en el diseño de Estado que a lo largo del tiempo han construido los mexicanos, en donde ellos y sus derechos fueron excluidos. Según los pueblos y comunidades indígenas, para que haya paz hay que transformar el Estado desde sus raíces, para que todos tengamos oportunidad de vivir dignamente.
Para lograrlo ofrecen su experiencia de resistencia pero, sobre todo, sus valores culturales entre los cuales predomina el ser colectivo sobre el individual, la solidaridad con los que menos tienen, el don de ofrecer lo que la naturaleza ha dado, una relación distinta entre la sociedad y la naturaleza, los gobiernos, asamblearios o verticales, pero siempre atendiendo a la preservación del bien común para bienestar de todos. En tiempos de crisis, donde lo que se pone en juego es la existencia de la vida, esto debería valorarse con toda la seriedad que requiere. Es muy probable que en lo local estén los problemas que la globalización ha provocado. Los pueblos y comunidades indígenas nos ofrecen camino para construir un mejor futuro para todos. Está en nosotros si sabemos escucharlos.
SOBRE EL AUTOR
Originario de la comunidad de Santa Rosa Caxtlahuaca, en la mixteca oaxaqueña, Francisco López Bárcenas cuenta con estudios de posgrado en Derecho y Desarrollo Rural. Profesor, investigador y asesor de comunidades indígenas, ha desempeñado también cargos comunitarios en su localidad de origen y ha documentado la historia de los pueblos mixtecos, de los movimientos indígenas contemporáneos y las transformaciones del Estado y su legislación.
1. López Bárcenas, Francisco, “Los movimientos indígenas en México: rostros y caminos”, El Cotidiano, núm. 200, Revista de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco, México, noviembre-diciembre del 2016.
Fotografía María de Jesús Patricio, indígena nahua.
© Generalitat de Catalunya