El desarrollo rural en amplias regiones de Colombia ha sido marcado desde los inicios de la República por la predominancia del rentismo en las relaciones y los comportamientos sociales en el campo. El rentismo es entendido aquí como la reproducción de prácticas impuestas de facto por grupos poderosos en usufructo de su privilegiada posición en la estructura política, económica y social, para la satisfacción egoísta y excluyente de intereses propios incluso a costa de los intereses del resto de la sociedad y sin una retribución/corresponsabilidad social que guarde una proporción de los beneficios capturados para provecho propio. Es de aclarar que este concepto de rentismo corresponde a una óptica teórica que va más allá de la tradicional sobre la “búsqueda de rentas” –rent seeking–.
El exacerbado rentismo como práctica social ha privilegiado a agentes poderosos (legales, opacos/grises –que se mueven entre la legalidad y la ilegalidad– e incluso abiertamente ilegales) no necesariamente distinguidos por su capacidad innovadora para aprovechar las aptitudes de la tierra, a la vez que ha marginado/desconocido a otros como el campesino –“falla de reconocimiento” o “desvalorización del campesinado”–, consecuente con prácticas a favor de la acumulación/concentración de tierras para fines tanto de adquisición de poder político, económico e incluso militar como especulativos/no productivos. Ha conducido a un desaprovechamiento de la tierra, a una reproducción de inadecuados patrones de especialización en amplias regiones del país –como la ganadería extensiva en cerca de 40 millones de hectáreas en lugar de 12-15 millones según la vocación/aptitud de la tierra disponible– y a una transgresión de la frontera agrícola y de las reservas forestales, entre otros, promovida por políticas públicas que han impedido la consolidación de la tierra como un verdadero factor de producción –por ejemplo, una política impositiva y predial que no grava a las ganancias ni a las rentas derivadas del uso o la especulación de la tierra–.
Ante lo cual se ha reproducido en la práctica un modelo de desarrollo rural de carácter excluyente, consecuente con una elevada concentración de la propiedad de la tierra, un exagerado nivel de informalidad de la relación con la tierra por parte del campesinado (una gran mayoría son poseedores sin escritura de propiedad debidamente registrada o tenedores) y, por ende, una excesiva precariedad de sus expectativas de derecho de propiedad, una profunda exclusión social y marginamiento, y un escaso acceso a servicios sociales básicos y bienes públicos de una gran proporción de la población rural (Garay 2013a).
Este proceso, como lo señala Garay (2013b), “a la vez que se retroalimenta, resulta potenciado con el bloqueo a la construcción de un verdadero mercado de tierra, al reproducirse la predominancia de un elevado grado de desconfianza en la vigencia/estabilidad de los derechos de propiedad, la inexistencia de una institucionalidad adecuada a la eficiencia, la competitividad y la competencia entre agentes (una tributación inadecuada si no inexistente sobre la rentabilidad en el uso de la tierra) y la fragilidad de un Estado de Derecho. Lo que lleva a que, en condiciones normales, los precios observados de la tierra no reflejen estrictamente su costo de oportunidad económico y social en una perspectiva perdurable –es decir, el costo competitivo en un verdadero mercado de tierra–, para no citar sino un ejemplo”.
La lucha por el control de territorios y la apropiación de tierras es un elemento indispensable en el ejercicio del rentismo a través de actividades ilegales e incluso aparentemente legales
Todo ello ha configurado un entorno propicio para una desagriculturización relativa, incluso en comparación con otros países de ingreso medio, y un relegamiento de la agricultura para adquirir el papel de fuente promotora del crecimiento para la economía colombiana.
Ahora bien, la lucha por el control de territorios y la apropiación de tierras es un elemento indispensable en el ejercicio del rentismo a través de actividades ilegales e incluso aparentemente legales a lo largo de la historia de un país como Colombia. Es decir, el rentismo exacerbado, la ilegalidad y el dominio territorial configuran un trípode de condiciones indispensables en el desarrollo de la ilegalidad y la reproducción de múltiples violencias de carácter sistémico, observado tradicionalmente hasta la actualidad en amplias regiones del país, aunque con modalidades, agentes y dinámicas variables según el periodo de tiempo.
Ahora bien, en el contexto de reproducción de la ilegalidad bajo la modalidad de macro-criminalidad1 durante las tres últimas décadas en el país, en medio de las múltiples violencias, se exacerbó la lucha por el control territorial entre diferentes grupos y redes ilícitas (narco-paramilitares, guerrillas y bloques narco-guerrilleros, bandas criminales, etc.) para el control militar, el poder político y la realización de múltiples actividades ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de armas, la apropiación y explotación de riquezas naturales o la usurpación de tierras. Y para ello se empleó la violencia y la coacción, cosa que produjo una masiva y sistemática victimización de poblaciones campesinas y comunidades ancestrales en diversas regiones.
Esta victimización consistió en el uso del poder de intimidación/coacción y en el ejercicio de la violencia por grupos armados ilegales/redes ilícitas criminales conducentes al sometimiento, desplazamiento y despojo forzado de comunidades campesinas con propósitos de la mal llamada “limpieza del territorio” de supuestos o verdaderos reductos de otros grupos criminales con miras a adquirir predominio y propiedad territorial de facto como requisito para el ejercicio de poder político y para el favorecimiento de actividades de índole ilegal y también legal como fuente indispensable de financiación de tales grupos.
Entre 1980 y julio de 2010 se ha desplazado de manera forzada a más de un millón cien mil familias campesinas, cosa que significa el despojo forzado de más de 6,6 millones de hectáreas
En efecto, según las cifras de la Tercera Encuesta Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (Comisión, 2011), se estima que entre el año 1980 y julio de 2010, como consecuencia del accionar sistemático de grupos violentos legales e ilegales, se habrían desplazado de manera forzada más de un millón cien mil familias campesinas, lo que habría implicado el abandono y/o despojo forzado de más de 6,6 millones de hectáreas (sin contar con el despojo de territorios ancestrales y comunitarios, ni de tierras baldías del Estado colombiano), equivalente al 15,4% de la superficie agropecuaria de todo el país2; es decir, el proceso de despojo se compagina con el carácter masivo de la victimización ocurrida en el país: más del 11% de la población colombiana en 30 años. Esta magnitud del proceso estuvo concentrada, en su mayor proporción, en el periodo 1998-2008.
Ante estas circunstancias, se requiere la implantación de un modelo de desarrollo rural con enfoque territorial que propenda por una progresiva inclusión social y un reconocimiento del campesinado como agente social, productivo y político para la transformación de la ruralidad en Colombia, aparte de instituir a la tierra como un verdadero factor de producción y no de acumulación de poder.
Ello impone al Estado la responsabilidad de propugnar por el acceso y formalización de la propiedad de campesinos en tierras de adecuada calidad y situación geográfica, y por el establecimiento de condiciones propicias para el aprovechamiento de la tierra y la potenciación de las capacidades del campesinado (con la implantación de un régimen tributario progresivo tanto predial como sobre la renta de la tierra, la provisión de crédito, asistencia técnica, vías de acceso, bienes públicos, etc.).
Para avanzar hacia un modelo rural incluyente se ha de corregir la “falla de reconocimiento” a partir de la cual se desconocen los derechos del campesinado, se niega una clara redistribución de activos a su favor –“falla de redistribución”– y conduce a que la sociedad ni reaccione ni se conmueva frente a fenómenos como el masivo y sistemático desplazamiento forzado interno.
Así mismo, se ha de superar la falsa premisa que el actor fundamental o cuasi-único sujeto social capaz de integrarse en la dinámica global es el “empresario”, con lo cual aparte de reproducir la desvalorización del campesinado, desconoce las potencialidades de los sistemas productivos campesinos y de pequeños productores en el abastecimiento de alimentos y bienes agrícolas y en el aprovechamiento productivo de la tierra. Es decir, el modelo prevaleciente reproduce una falla de reconocimiento de los sistemas productivos campesinos y de pequeños productores como promotores potenciales de la productividad sistémica del campo en un país como Colombia.
La productividad, eficiencia técnica y rentabilidad económica relativa de los sistemas de producción de pequeños productores, bajo condiciones adecuadas, no son significativamente inferiores a las de sistemas de producción a mediana y gran escala
En efecto, en contraposición a la óptica oficial predominante en Colombia, de acuerdo con resultados preliminares de un estudio pionero que ha venido realizando la Comisión de Seguimiento con la Universidad Javeriana (2013), al menos en principio se podría argumentar que la productividad, eficiencia técnica y rentabilidad económica relativa de los sistemas de producción de pequeños productores bajo condiciones adecuadas no son significativamente inferiores con relación a las de sistemas de producción a mediana y gran escala, sino que incluso llegarían a ser superiores en algunos casos de zonas y producciones especializadas.
Ello implica que en la medida en que se logre proveer las condiciones adecuadas en términos de especialización-diversificación de productos, calidad de la tierra, métodos de producción, estabilidad jurídica y social, acceso a mercados, entre otros, en ciertas zonas y alrededor de determinados productos, los sistemas de producción de pequeña escala pueden llegar a ser incluso más eficientes en el uso de los recursos y factores de producción disponibles que los sistemas de producción de mediana y gran escala.
Por supuesto, no podría afirmarse lo mismo en el caso de sistemas de producción campesina pauperizados de mera subsistencia y sujetos a inadecuadas condiciones por la baja calidad de los suelos, alejados y de difícil accesibilidad y precaria estabilidad social y jurídica, entre otros.
Ello demostraría contundentemente la necesidad y la conveniencia económica y social de implantar un modelo de desarrollo rural que reproduzca el entorno adecuado para la potenciación de sistemas productivos campesinos y de pequeños productores que, a la vez que mejore su eficiencia y competitividad, contribuya de manera socialmente benéfica al abastecimiento alimenticio, al mejoramiento del nivel de vida de la población rural, al reforzamiento de la competitividad sistémica de la producción agraria, y que tome provecho de formas novedosas de organización asociativa y de modelos de inserción de la producción campesina a pequeña escala a cadenas de valor en condiciones de equidad de oportunidades con los otros eslabones de la producción empresarial.
Todo ello sólo sería posible con la condición indispensable de abolir/desmantelar las raíces del rentismo y la ilegalidad y de reforzar los fundamentos de un Estado de Derecho en amplias regiones del país consecuente con unas relaciones sociales no sustentadas esencialmente en el ejercicio del poder sino más bien en el ejercicio democrático ciudadano y la observancia de los derechos fundamentales.
1. Una red macro-criminal es una red social o conjunto de agentes heterogéneos que establecen múltiples interacciones psico-sociales bajo una estructura flexible y dúctil mediante la configuración de sub-redes –con una jerarquía no estrictamente piramidal e inflexible y a través de sub-redes componentes con cierta especialización–, durante un periodo determinado, para lograr propósitos criminales mediante la realización de diversas actividades tanto delictivas como no propiamente delictivas. Algunas posibles características empíricas de una red macro-criminal son: Participación activa de múltiples tipos de nodos/agentes: supuestamente legales, abiertamente ilegales/criminales y opacos/grises que se mueven entre la legalidad y la ilegalidad; establecimiento de múltiples tipos de interacciones en un periodo determinado, tanto ilegales/delictivas como legales/lícitas, y la infiltración, manipulación o reconfiguración institucional, en distinto grado y alcance, con efectos de mediano y largo plazo (Garay et al., 2012).
2. El patrón de despojo devela claramente la estructura rural del país: la excesiva concentración de la propiedad y el elevadísimo grado de informalidad en la relación jurídica del campesinado con la tierra. En general se puede decir que más del 40% de la tierra en Colombia no está formalizada, en términos jurídicos, por parte de los campesinos, puesto que no cuentan con los derechos adquiridos en calidad de propietarios, según la normatividad prevaleciente, al no disponer de escrituras debidamente registradas. Entonces, solamente el 21,5% de los campesinos que han sido despojados o han tenido que abandonar forzosamente su tierra cuentan con escritura registrada, es decir, son estrictamente propietarios en el sentido jurídico del término según el Código Civil colombiano.
Bibliografía
Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (2011). El Reto ante la Tragedia Humanitaria del Desplazamiento Forzado. Vol. 10. Proceso Nacional de Verificación. Bogotá, agosto.
Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado y Universidad Javeriana (2013). “La eficiencia económica de los grandes, medianos y pequeños productores agrícolas colombianos”. Reflexiones sobre la ruralidad y el territorio en Colombia. Problemáticas y retos actuales. Comisión de Seguimiento a la Polítca Pública sobre Desplazamiento Forzado, Crece, Oxfam, Cooperación Alemana, Embajada Reino de los Países Bajos, Universidad Javeriana. Bogotá, junio.
Garay, L. J. (2013a). “Derecho real de superficie. Antecedentes teóricos y consideraciones de economía política. Sobre su adopción en Colombia”. En: Garay, L. J. et al. (2013). Reflexiones sobre la ruralidad y el territorio en Colombia. Problemáticas y retos actuales. Comisión de Seguimiento a la Polítca Pública sobre Desplazamiento Forzado, Crece, Oxfam, Cooperación Alemana, Embajada Reino de los Países Bajos, Universidad Javeriana. Bogotá, junio.
Garay, L. J. (2013b). “Rentismo, raíces de la aculturación de la ilegalidad y corrupción sistémica”. En: F. Vargas, L. J. Garay y G. Rico. Derechos patrimoniales de víctimas de la violencia: reversión jurídica y material del despojo y alcances de la restitución de tierras en procesos con oposición. Módulo de formación autodirigida. Consejo Superior de la Judicatura. Sala Administrativa. Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. Bogotá (próximo a divulgar).
Garay, L. J. et al. (2012). Narcotráfico, corrupción y Estados. Cómo las redes ilícitas reconfiguran instituciones en Colombia, Guatemala y México. Random House. México D.F., México, septiembre.
Fotografía : Rafcha / CC BY / Desaturada.
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