Herodoto y otros griegos de la antigüedad dividían la humanidad entre aquellos que hablaban griego y los otros, los bárbaros. Miles de años después, las políticas lingüísticas que aplican la mayoría de los países siguen, de alguna manera, la misma división. En este breve texto argumentaré que la promoción de la paz pasa irremediablemente por reducir las situaciones de discriminación entre los distintos grupos etno-lingüísticos. Para ello, una herramienta analítica capaz de evaluar el grado de justicia lingüística existente en las sociedades, proporcionando información sistemática y rigurosa, puede ser un instrumento muy útil a la hora de diseñar políticas que contribuyan a reducir las tensiones inherentes en los estados multiculturales de la era de la globalización.
Desde las relaciones internacionales, la ciencia política o la investigación por la paz, no siempre somos conscientes de una realidad sociolingüística fundamental: Naciones Unidas cuenta con 193 estados, mientras el número de lenguas del planeta supera las 6000. Ello quiere decir que los casos en los que las fronteras estatales coinciden con las lingüísticas son más la excepción que la norma. Además, sabemos que la lingüística es una de las dimensiones más importantes de la identidad de las personas y de las comunidades. Si ponemos en relación ambas cuestiones quizás podamos entender mejor porqué los problemas relacionados con la identidad están en la base de la mayoría de los conflictos violentos de los últimos 70 años. 1
Sabemos también que la mayoría de conflictos armados actuales son intraestatales. A menudo, se trata de minorías étnicas que reivindican sus derechos colectivos ante el gobierno central. Éste, a diferencia de lo que ocurre con otras dimensiones de la identidad – como la religión -, no puede ser neutral en el caso de la lengua. El estado necesita de una política lingüística que establezca en qué lengua se promulgan las leyes, en qué lengua se relaciona con los ciudadanos, se vehicula la educación, etc. Dada la imposibilidad, pues, de una neutralidad liberal en relación a la lengua, toda actuación gubernamental acabará tomando partido, aunque sea de forma implícita. Una política lingüística que no gestione adecuadamente la diversidad generará discriminación, preparando así el caldo de cultivo de futuros conflictos.
La importancia de esta idea la hallamos en el caso de la Unión Europea. Cabe recordar que el primer decreto que aplicó el Consejo en la época de Schuman y Monnet fue precisamente el del régimen lingüístico, que consideraba oficial cada una de las lenguas oficiales de los seis miembros fundadores: italiano, alemán, francés y neerlandés. En teoría, la misma política se sigue en la actualidad, con 24 lenguas oficiales. La práctica, sin embargo, ha otorgado cierta primacía al francés, cada vez más al alemán y sobre todo al inglés. Desde el momento en que en algunos países de la UE más del 80% de la población no es capaz de comunicarse en inglés, algunos autores hablan de injusticia lingüística para referirse a aquellas situaciones en las que en determinados programas europeos se utiliza exclusivamente esta lengua. 2
En otros contextos, las situaciones de injusticia lingüística están ligadas al surgimiento de conflictos armados.3 Un ejemplo es el origen del Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la UNESCO el 21 de febrero de 2000. En breve, la decisión de Pakistán de elegir la lengua urdú como lengua oficial única comportó la discriminación de su población de habla bengalí, que vio inmediatamente reducidas sus oportunidades políticas y socioeconómicas. Así, el 21 de febrero de cada año se recuerda la gran manifestación de 1952 contra la política lingüística de Pakistán, que fue brutalmente reprimida por las autoridades, y que se convirtió en un punto de inflexión para el movimiento secesionista que acabaría en la creación del estado de Bangladesh.
En muchos contextos, las situaciones de injusticia lingüística están ligadas al surgimiento de conflictos armados. Un ejemplo es el origen del Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la UNESCO el 21 de febrero de 2000
Por su parte, en la lucha contra el apartheid sudafricano tuvo una especial trascendencia la revuelta de Soweto, que estaba relacionada con una manifestación de estudiantes contra la política lingüística del gobierno de Sudáfrica, que, a través del Afrikaans Medium Decree de 1974, había impuesto la obligación del afrikaans como lengua vehicular en la educación secundaria. En Tailandia, país que cuenta con una minoría musulmana de habla malaya en un país mayoritariamente budista y de lengua tailandesa, se han documentado numerosos casos de quema de escuelas públicas y de asesinato de profesores. Más que en la religión, la causa parece estar en el hecho de que en las provincias del sur del país, donde el 80% de la población habla malayo, el tailandés es la única lengua de la educación y de las oportunidades socio-económicas.
Características del movimiento bengalí las hallamos en Sri Lanka, con una minoría de habla tamil que reacciona ante las preferencias lingüísticas del Estado. Así, en 1948 el primer gobierno de la descolonización adoptaba la lengua singalesa como oficial (en un primer momento, también fue oficial el inglés), provocando la discriminación de la minoría de habla tamil y su exclusión de facto de los puestos de la administración pública. En todos estos casos, una gestión deficiente de la diversidad lingüística ha tenido como consecuencia la generación de situaciones de injusticia que, sin ser la causa única del conflicto, sí han formado parte (en algunos casos la parte fundamental) de un conjunto más amplio de discriminaciones culturales, religiosas o raciales, que han facilitado el surgimiento de la violencia. 4
Llegados a ese punto, la resolución o transformación de un conflicto de forma no violenta será siempre más difícil que si se hubiese actuado con medidas preventivas. Una opción pasaría por compensar a la parte menos favorecida por una determinada política lingüística. En otras palabras, como el Estado no puede inhibirse ante la cuestión lingüística y como toda política genera efectos redistributivos – es decir, perdedores y ganadores -, una manera de tomar medidas para evitar que estalle la violencia consistiría en actuar para mitigar la existencia de agravios lingüísticos. Si esto es así, ¿por qué entonces no se ha actuado en casos como el de Ucrania recientemente, en los Balcanes antes de las guerras de los años 90 o en tantos otros en donde las tensiones etnolingüísticas han contribuido a la eclosión de conflictos violentos?
Un índice de justícia lingüística permitiría comparar las consecuencias de cada política lingüística, así como detectar los casos más flagrantes de agravios, pudiéndose actuar en la fase de prevención de los conflictos identitarios, que son la mayoría de los conflictos violentos actuales
Al menos parte de la respuesta a estas cuestiones parece radicar en la inexistencia de un índice capaz de medir los niveles de justicia lingüística de una sociedad. Dicho índice debería permitirnos comparar, de una forma objetiva, sistemática y rigurosa, las consecuencias de cada política lingüística, así como las relaciones entre lenguas mayoritarias y minorizadas o incluso los efectos de la prohibición de una lengua. Con esta información, podrían tomarse decisiones de políticas públicas en las que, como mínimo, los perdedores fueran compensados. Además, debería ser posible detectar los casos más flagrantes de agravios, pudiendo por tanto actuar en la fase de prevención de los conflictos identitarios, que, como decíamos, son la mayoría de los conflictos violentos actuales.
De la misma manera que existen indicadores de libertad de prensa, de corrupción, de desigualdad, de democracia, o en el campo de la paz el global peace index, se trata de construir una herramienta que nos pueda guiar en la aplicación de políticas que gestionen mejor la diversidad. Su potencial como elemento de resolución de conflictos es enorme y va más allá de los llamados ‘derechos lingüísticos’. Por ejemplo, en la negociación de un proceso de paz, se podrían analizar desde esta óptica las distintas opciones de acuerdos de autonomía respecto al control del poder por parte de la minoría y, así, de la lengua de la educación, la administración y las oportunidades. En gran medida, el grado de paz que se obtendrá en cada caso dependerá del nivel de justicia lingüística de las políticas que se deriven del acuerdo adoptado.
1. Véase, por ejemplo, los estudios realizados a partir de la base de datos de conflictos Minorities at Risk, creada por Ted Robert Gurr en la Universidad de Maryland
2. Las investigaciones de Michele Gazzola y François Grin, entre otros, ofrecen datos rigurosos y contundentes al respecto. Muchas de sus publicaciones están disponibles en la página web del Observatorio de la Universidad de Ginebra sobre Economía, Lenguas, y Educación
3. Los ejemplos que siguen están extraídos de la contribución de Fernand de Varennes al seminario internacional sobre Gestión de la Diversidad Lingüística y Procesos de Paz, organizado en Barcelona en junio de 2008 por Linguapax y el Centro UNESCO de Catalunya.
4. De Varennes (véase nota al pie 3) menciona otros casos, como el de las minorías kurdas en Turquía o en Iraq, los albaneses en Macedonia, los abkhazos en Georgia, los moros en Filipinas, la minoría transdnièster en Moldavia, Nagorno-Karabakh en Azerbaijan, la población de Sudán del Sud que no habla árabe, la minoría de habla árabe en Irán, los albano-kosovares en Serbia, los tuaregs en Níger, diversos casos en la India, Indonesia, China o Birmania… a los que podríamos añadir un largo etcétera.
Fotografía : Prof. Rafiqul Islam / CC BY / Desaturada. – Manifestación contra la política lingüística de Pakistán (febrero 1952) –
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