Per la Pau / Por la Paz

Blaise Pantel

Han pasado dos décadas desde el término de la dictadura en Chile, desde la llamada "transición democrática" en 1990 hasta el día de hoy, con cuatro gobiernos sucesivos de la Concertación, coalición de partidos políticos de centro-izquierda, y el actual gobierno de derecha del empresario Sebastián Piñera. Desde una perspectiva global, Chile ha adquirido una imagen positiva: crecimiento económico con un aumento constante del PIB, disminución de la pobreza y de la extrema pobreza, estabilidad institucional, baja corrupción, entre otros. Ha sido considerado como el laboratorio del capitalismo norte-americano, bajo las doctrinas de los Chicago Boys que fueron encargados de generar un modelo neoliberal donde rige la ley del mercado: educación, salud, y sistema de pensión privatizados; protección social y laboral mínima; privatización de los recursos naturales (ríos, lagos, mar, minerales y subsuelos), entre algunos ejemplos.

Chile se ha convertido en un importante productor mundial en materias primas y productos industriales tales como el cobre en las minas del norte del país, la madera y las plantaciones forestales de pinos y eucaliptos en el sur incluyendo la industria celulosa, el salmón con el desarrollo de la piscicultura en ríos, lagos y mar. La producción energética chilena ha enfocado su desarrollo en la energía hidráulica, utilizando ríos y lagos cordilleranos desde el sur del país hasta la Patagonia para la generación de electricidad y explorando nuevas fuentes de energía como la geotérmica.

En realidad, la imagen de un modelo económico exitoso y de una transición democrática triunfante, culminando con la integración del país a la OCDE en 2010, esconde graves desigualdades, exclusión, discriminación y violación de los derechos humanos, además de impactos socioambientales a gran escala. Tantos los pueblos indígenas, que son nueve en Chile correspondientes al menos al 10% de la población total, y la sociedad civil en general, han manifestado a lo largo de los años su rechazo a la imposición de un modelo económico dañino parar el medio ambiente, lucrativo para unos pocos, que impide una participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisión, y que agrava la situación de despojo territorial al cual están sometidas las comunidades locales que no tienen garantizados el acceso a los recursos naturales como el agua.

Cabe destacar entonces que durante estos veinte últimos años, el pueblo mapuche, que es el pueblo indígena más importante del país por su historia y su cultura, y organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos y socio-ambientales, han generado constantes movilizaciones y denuncias para la defensa de territorios amenazados por industrias extractivas dado los graves impactos ambientales, sociales y culturales. Se constata que se impone una lógica de mercado y de privatización de los recursos naturales que pone en peligro tantos los ecosistemas existentes, como a los propios habitantes de los territorios afectados, los cuales, en muchos de los casos, pertenecen a pueblos indígenas.

En este contexto, el pueblo mapuche ha sido un actor fundamental para la defensa de territorios amenazados, reivindicando derechos ancestrales sobre recursos naturales que la legislación chilena entrega en concesión a particulares y a grandes empresas industriales y energéticas nacionales y extranjeras. El caso Ralco, en la región del Bio Bio, es un ejemplo emblemático de cómo la empresa transnacional Endesa ha sido beneficiada por el Estado chileno para construir una mega central hidroeléctrica que inundó tierras mapuche, con sus cementerios, generando una matanza cultural programada para estas comunidades y un daño irreversible en esta cuenca. A pesar de la Ley Indígena promulgada en 1993 que tenía entre otros objetivos proteger las tierras indígenas, fueron privilegiados los intereses económicos particulares por sobre los derechos de los pueblos indígenas. Durante la última década, los casos se han multiplicado y las comunidades mapuche siguen en primera línea frente a estos "nuevos conquistadores".

Utilizando la política del garrote y de la zanahoria, implementando políticas públicas folklóricas y asistencialistas basadas en un clientelismo agudo, la otra respuesta del Estado chileno a las demandas mapuche ha sido criminalizar su protesta. Desde una decena de años, leyes especiales herederas de la dictadura como la Ley Antiterrorista han sido herramientas jurídicas para acallar las demandas indígenas y estigmatizar a decenas de dirigentes mapuche como terroristas. Esto ha sido denunciado por numerosas organizaciones indígenas y de derechos humanos, nacionales e internacionales. Así mismo, varios organismos de Naciones Unidas han manifestado su preocupación por la utilización de la Ley Antiterrorista al no adecuarse a los estándares internacionales de derechos humanos e indígenas. Han exigido al Estado chileno que no utilice dichas leyes especiales en el marco del conflicto mapuche y que aplique los tratados internacionales ratificados por el país como es el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Producto de esta situación, dirigentes mapuche encarcelados y condenados bajo la Ley Antiterrorista han llevado a cabo dos huelgas de hambre en 2010 y en 2011 para denunciar la constante criminalización de sus demandas y la violenta represión policial a las cuales están sometidas las comunidades, con muertos incluidos que lamentablemente quedan en la total impunidad.

Es en este marco que en España y en particular en Catalunya, distintos colectivos ciudadanos y de apoyo al pueblo mapuche han llevado a cabo durante estos últimos tiempos manifestaciones para visibilizar y denunciar la situación del pueblo mapuche y para cuestionar la construcción de mega centrales hidroeléctricas en la Patagonia chilena con el polémico proyecto llamado HydroAysén. Desde mayo de 2011, vemos que existe en Chile un amplio movimiento ciudadano, estudiantil e indígena, plural y diverso, que exige cambios estructurales profundos en el país: una nueva Constitución para reemplazar la Carta Fundamental heredera de la dictadura; una mayor participación ciudadana en la toma de decisión; la libertad de los presos políticos mapuche; una educación gratuita y de calidad, entre otros ejemplos. Si existen estas grandes oportunidades en el Chile de hoy, preguntémonos cual es la voluntad política para hacerlas efectivas en el futuro.