Tribuna
El fin de la violencia en el País Vasco
Brian Currin
La histórica declaración de ETA del 20 de octubre, que respondía a la Declaración de la Conferencia Internacional de Paz de Donostia-San Sebastian del 17 de octubre y declaraba un cese definitivo de su actividad armada, ha conducido un proceso de transformación del conflicto de tres años a un final exitoso.
El objetivo predeterminado de este proceso, que estaba encabezado por el liderazgo político de la izquierda abertzale, consistía en alcanzar un cambio de paradigma, de la violencia política al uso de medios exclusivamente políticos para expresar y conseguir objetivos políticos. En comparación con otros conflictos armados, llegar al punto en que una organización, clasificada por su gobierno y por la comunidad internacional como una organización terrorista, pasa incondicionalmente y unilateralmente de la violencia a una noviolencia irreversible es excepcional.
Hay muchos factores que han contribuido a este resultado y muchos puntos de vista, extremos y opuestos.
Desde los que lo consideran la derrota y la destrucción de ETA a manos de las fuerzas de seguridad de Madrid hasta los que ven el final estratégico de la fase armada de una lucha que ha alcanzado con éxito sus objetivos. La realidad, como ya sabemos, siempre es mucho más variada, compleja y matizada.
Este artículo no permite, sin embargo, un análisis extenso de los múltiples factores que han contribuido al excepcionalmente incondicional y unilateral cese de la lucha armada de ETA. Desde mi punto de vista, los principales factores han sido:
- la toma de conciencia, por parte de los líderes de Batasuna, de que la prohibición a que participaran en la política democrática debilitaba su causa política, la autodeterminación;
- la voluntad de escuchar y de responder a las demandas de su base social para conceptualizar un nuevo proyecto político;
- la aceptación por los máximos dirigentes de Batasuna de que el único nuevo proyecto político que sería viable sería la legalización, así como presentar un liderazgo sólido para hacer todo lo necesario para conseguirla;
- la consulta amplia y profunda emprendida por los líderes de Batasuna a lo largo de toda su base social para explicar y motivar la necesidad de un compromiso político con los medios exclusivamente pacíficos que fuera irreversible, independientemente de cuán impopular resultara este mensaje entre los sectores de la línea más dura;
- la capacidad de los líderes de Batasuna para interactuar y colaborar con grupos sociales y políticos del País Vasco con los cuales previamente no había tenido mucha confianza;
- el rechazo social de la violencia por una parte significativa de la sociedad vasca;
- la implicación de la comunidad internacional y, especialmente, el compromiso de alto el fuego de ETA ante de los signatarios de la Declaración de Bruselas;
- y finalmente el éxito de Bildu en las elecciones de marzo de 2011.
El apoyo a Bildu en marzo de este año constituyó un mensaje incontrovertible de los sectores pro-independencia de la sociedad vasca a favor de utilizar la política democrática con preferencia al conflicto político violento. En aquel momento, mi valoración era que ETA asimilaría el mensaje y en un periodo de tiempo relativamente corto haría el inevitable paso desde el alto el fuego al cese irreversible de la violencia, que eliminaría el último obstáculo a la legalización de SORTU y pondría las condiciones para un proceso de paz transparente, inclusivo y sostenible en el País Vasco.
Éste es precisamente el punto en que nos encontramos en este momento. El próximo reto es consolidar la paz. Para hacerlo, en primer lugar hay que identificar los futuros retos políticos y sociales. Antes de intentarlo, tengo que recordar que no me puedo considerar un experto en sociopolítica española y vasca. Por lo tanto, les ruego que acepten estos comentarios de alguien que echa un vistazo desde fuera.
En términos generales, parece que hay tres tipos de retos: inmediatos, de corto a medio plazo y a largo plazo, tal como reconoce la declaración resultante de la Conferencia Internacional de Paz del 17 de octubre.
Los gobiernos español y francés están emplazados a responder positivamente al comunicado de ETA que declara el final definitivo de su actividad armada y a aceptar la entrada en conversaciones exclusivamente dedicadas a las consecuencias de la violencia. Se trata de un paso crítico para iniciar procesos esenciales encaminados a poner fin a décadas de violencia. No se puede dejar que las consecuencias de la violencia, que son muchas y variadas, se resuelvan por sí solas. Por su naturaleza, es necesaria la cooperación entre los protagonistas.
ETA ha finalizado su actividad armada, pero inevitablemente la organización todavía tiene que tener explosivos y armas peligrosas. La entrega de las armas requiere un proceso cooperativo. ¿Qué les pasará a los líderes de ETA que son fugitivos de la ley, que han declarado el cese de la actividad armada y que encabezarán el proceso de desarme de su banda? Hay que debatir cuestiones como la indemnidad por sus delitos o la amnistía. Hay más de 500 presos por motivos políticos dispersos por diversas zonas de España y Francia. Su retorno al el País Vasco y la liberación de, como mínimo, algunas categorías de presos se tienen que tratar cuidadosamente. La legislación extraordinaria y restrictiva, que resulta inadecuada en un entorno político normalizado, tendría que ser derogada.
El reto de corto a medio plazo consiste en crear un foro de diálogo (conversaciones multipartidistas), con todos los partidos políticos del País Vasco para afrontar las causas del conflicto político y negociar las medidas de resolución. El producto político de estas negociaciones daría forma a la naturaleza y la magnitud de la posterior interlocución con el gobierno español.
Socialmente, me parece que el reto más urgente y formidable es la reconciliación. En España y en el País Vasco, las divisiones son profundas y arraigadas. No empezaron con la formación de ETA al principio de los años 50: en la historia reciente, se remontan a la fratricida Guerra Civil española.
Hay modelos internacionales de procesos de reconciliación que podrían resultar instructivos. Sin embargo, cada país es único, no sólo con respecto a su conflicto, sino también en términos de talante nacional, tradiciones, cultura, religión, etcétera.
Dos retos sociales cruciales más que hay que afrontar para consolidar la paz y la reconciliación son el reconocimiento de las víctimas y la reintegración social de los presos. En cuanto al reconocimiento de las víctimas, haría falta poner en marcha procesos y mecanismos para ayudar a las víctimas a tratar sus pérdidas, su dolor y su padecimiento, teniendo en cuenta que el proceso de paz mismo puede ser, paradójicamente, un factor agravante para muchas víctimas.
El número de presos y la duración de las sentencias que se cumplen en un país que ha sufrido la violencia política a menudo son desproporcionados. Invariablemente, el final de la violencia tiene como resultado un mayor número de presos liberados, muchos de los cuales cumplían sentencias largas. A menudo, las condiciones del encarcelamiento son peores para los condenados por asociación con el terrorismo y no hay programas de rehabilitación. Por lo tanto, la reintegración social de los que son condenados por motivos políticos siempre es un reto complejo. Las actuales realidades económicas en Europa, especialmente por lo que a las tasas de paro se refiere, no ayudarán.