Per la Pau / Por la Paz

Sabina Puig

Ha pasado ya una década desde que, el 1 de julio de 2002, entró en vigor el Estatuto de Roma que rige la Corte Penal Internacional (CPI). Esta fecha marcó una gran victoria para todas las víctimas y activistas de los derechos humanos del mundo entero que exigían des de hacía años la creación de un tribunal penal internacional y permanente para juzgar a los responsables de genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Un signo distintivo del nuevo tribunal es que, por primera vez en la historia del derecho penal internacional, la justicia no tenía que limitarse a perseguir los hechos delictivos sino también a ofrecer a las víctimas la posibilidad de participar en los procedimientos y garantizarles el derecho a una reparación justa y adecuada. Con la creación de la CPI, la justicia internacional pasa de ser básicamente punitiva a ser también reparadora. Esta doble vertiente del mandato de la CPI generó y sigue generando muchas expectativas entre los colectivos de víctimas. A la hora de hacer balances sobre los 10 primeros años de funcionamiento de la Corte, hay una pregunta que no se puede eludir: ¿se están cumpliendo todas estas expectativas?

¿Cuántas personas, víctimas de los crímenes investigados, han podido participar a lo largo de los procedimientos en curso? ¿En qué se ha concretado esta participación? ¿Han sido realmente escuchadas? ¿Se han implementado medidas eficaces de protección para ellas? ¿Han tenido acceso a los recursos necesarios para viajar hasta La Haya? ¿Cómo han sido representadas durante los procesos? ¿Son justas las diferenciaciones que se hacen entre "las víctimas de una situación examinada" y "las víctimas de los crímenes investigados"? ¿Hasta qué punto la CPI ha conseguido comunicar bien con ellas, explicarles cuáles son sus derechos, sus vías de participación y el mandato limitado de la Corte? ¿Qué percepción tienen de esta Corte que se encuentra a miles de kilómetros de sus vidas?

La cuestión de la participación de y la reparación para las víctimas es una cuestión tan innovadora en el ámbito de la justicia penal internacional que estos primeros 10 años no han sido suficientes ni para sacar conclusiones ni para dar respuesta a muchos de los planteamientos que van surgiendo a medida que van avanzando los procesos y se abren otros nuevos. De hecho, la Corte todavía no ha dictado ninguna orden de reparación. Es de esperar que lo haga dentro de poco, en el marco de su primera sentencia.

Estamos hablando del caso de Thomas Lubanga Dilo (República Democrática del Congo), que tendrá que cumplir 14 años de encarcelamiento por alistar, reclutar y hacer uso de niños y niñas soldados. Se trata, hay que recordarlo, de un caso con sabor agridulce para las víctimas. La lentitud del proceso (Lubanga fue detenido y entregado a la CPI el 16 de marzo de 2006 y su juicio no empezó hasta tres años más tarde, el 26 de enero de 2009, por unos crímenes que cometió durante los años 2002 y 2003) y la pena relativamente baja que le ha sido finalmente impuesta han sido motivo de frustración, como también lo ha sido la decisión de limitar los cargos contra el inculpado. Efectivamente, contrariamente a la petición de muchas víctimas, no se incorporaron los tratos crueles e inhumanos que sufrieron ni la situación de esclavitud sexual en la que muchas de ellas se encontraron. La sentencia tampoco recoge como factor agravante la violencia sexual ejercida contra las víctimas. Un tercer motivo de enojo pero también de preocupación para las víctimas y las comunidades afectadas por los crímenes cometidos por Lubanga es que uno de sus hombres, Bosco Ntaganda, también reclamado por la CPI, sigue en libertad y, lo que todavía es peor, sigue secuestrando a niños y niñas para usarlos como combatientes, con todos los abusos y violencia que ello conlleva.

Aún así, a pesar de los desengaños, esta primera sentencia no deja de ser un paso histórico contra la impunidad y un motivo de satisfacción para las víctimas. El hecho de que como mínimo uno de los máximos responsables de todo lo que han sufrido sea declarado culpable y condenado debe aliviar parte de su dolor. Pero la justicia no puede quedarse aquí, tiene que ir más allá del castigo.

Los jueces que llevan el caso tienen ahora un gran reto: tendrán que dictar medidas de reparación que puedan ser asumibles para la Corte y, a la vez, proporcionales a las necesidades de las víctimas y a la magnitud de todos los daños que se han cometido en su contra. Al mismo tiempo que la CPI está haciendo balance de sus logros conseguidos hasta ahora, se abre un nuevo capítulo, esencial en la historia de la justicia universal: el reconocimiento efectivo del derecho de las víctimas a recibir una reparación justa y adecuada.