Per la Pau / Por la Paz

Antoni Pigrau Solé

Este número de la revista Per la Pau/Por la Paz está dedicado a la relación entre empresas y conflicto, un tema sobre el que el ICIP hace seguimiento desde hace tiempo (cómo se puede ver, por ejemplo, en el nº 9 de la misma Revista y en el nº 8 de la colección Documentos, del ICIP).

Si pensamos en conflictos armados, las conexiones pueden ser bien variadas y podemos destacar tres. En primer lugar, el mercado internacional de armas y su cadena de suministro, junto con las instituciones financieras que las sustentan, están estrechamente asociadas a cualquier conflicto armado. En segundo lugar, desde hace unos años, la privatización de la seguridad ha llevado cada vez más el sector privado a trabajar en espacios tradicionalmente reservados a actores públicos, normalmente estatales. En tercer lugar, las empresas ajenas, en principio, al negocio de las armas o de la seguridad, ya sea nacional o multinacional, operan también en zonas afectadas por conflictos; y pueden llegar a tomar posiciones muy comprometidas con la continuidad del conflicto si eso beneficia a sus intereses de negocio. Esto es particularmente cierto para los sectores implicados en la explotación y el comercio de los recursos naturales.

Las situaciones de conflicto armado generan siempre un clima en que la frontera entre legalidad e ilegalidad queda muy difuminada y en que la impunidad, fundamentada en el poder que proporciona el ejercicio de la fuerza armada, es el escenario habitual. De este modo las empresas pueden tener una responsabilidad directa o indirecta con las vulneraciones de derechos humanos asociadas al conflicto armado - que según los casos pueden llegar a constituir crímenes de guerra.

Pero estos impactos negativos no siempre van asociados a conflictos armados. La crisis energética mundial y la competencia por los recursos hace que, a menudo, las actividades extractivas - especialmente en los ámbitos de la minería y el petróleo - tengan un impacto enormemente negativo sobre el medio ambiente y sobre el derechos de las personas, y en definitiva sobre las formas de vida de las comunidades locales.

En la Revista publicamos en esta ocasión diversas contribuciones en torno a aspectos específicos y representativos de esta compleja problemática: el debate sobre la regulación de las empresas militares y de seguridad privadas (Helena Torroja); el papel de los recursos naturales en el conflicto armado de la República Democrática del Congo (Josep Maria Royo); el sistema internacional de certificación del denominado Proceso de Kimberley, sobre los diamantes (Antoni Pigrau); los impactos sociales y ambientales de la actividad extractiva minera (Tica Font); la posibilidad de reclamar contra las empresas transnacionales por vulneraciones de derechos humanos, en el ámbito del derecho europeo (Marta Requejo), y los progresos en el ámbito de la responsabilidad empresarial hacia los derechos humanos (Maria Prandi). El análisis se completa con una entrevista a Mauricio Lazala, subdirector del Business and Human Rights Resource Centre, en Londres (Eugènia Riera), una organización no gubernamental que hace un seguimiento exhaustivo de las denuncias de implicación de empresas en vulneraciones de derechos humanos y que ha conseguido un significativo grado de interlocución con las empresas.