En profundidad
Los diamantes conflictivos y el proceso de Kimberley
Antoni Pigrau Solé
La utilización del comercio de valiosos recursos naturales como mecanismo de financiación de los grupos armados en conflicto ha sido muy frecuente en África, como lo demuestran los conflictos de Angola, Sierra Leona, Liberia o la República Democrática del Congo, que han causado millones de víctimas. Uno de estos recursos son los diamantes.
El Sistema internacional de Certificación del Proceso de Kimberley (en adelante, Proceso Kimberley) es una iniciativa de distintos gobiernos de países exportadores e importadores de diamantes, reunidos en 2000 en esa ciudad sudafricana y que se concretó en 2003, que responde a las propuestas de distintas organizaciones no gubernamentales como Global Witness o Amnistía Internacional. Inmediatamente recibió el apoyo de la Asamblea General (Resolución 56/263, de diciembre de 2002) y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Resolución 1459/2003).
El Sistema se refiere a diamantes conflictivos (conflict diamonds), entendidos como diamantes en bruto utilizados por los movimientos rebeldes o por sus aliados para financiar conflictos encaminados a desestabilizar gobiernos legítimos, según lo determine el Consejo de Seguridad o la Asamblea General de la ONU.
Las obligaciones fundamentales de los participantes en el proceso (no se aplican, en principio, a diamantes en tránsito) son las siguientes:
1. Exigir que cada remesa de diamantes en bruto exportada a un participante vaya acompañada de un certificado generado de acuerdo con las normas y con los requisitos establecidos.
2. Exigir, en relación las remesas importadas de otro participante, el correspondiente certificado y garantizar que se envía a la mayor brevedad confirmación del recibo a la autoridad de exportación correspondiente.
3. Asegurarse de que ninguna remesa de diamantes en bruto se exporta a, ni se importa de, un país no participante;
4. Crear un sistema de control interno destinado a eliminar la presencia de diamantes conflictivos en las remesas de diamantes en bruto importadas a su territorio y exportadas desde el mismo; designar autoridades responsables de las importaciones y las exportaciones; asegurarse de que los diamantes se importan y exportan en contenedores a prueba de manipulaciones; y reunir y conservar los datos oficiales pertinentes sobre la producción, importación y exportación y comunicarlos a las autoridades del Proceso.
Como consecuencia de las deficiencias en el control, la República del Congo fue expulsada del Proceso entre 2004 y 2007, año en que fue readmitida.
También la industria del diamante trató de articular un mecanismo voluntario de autorregulación para apoyar el Proceso Kimberley, que comprende a todos los diamantes – en bruto o tallados – y está basado en un código de conducta del sector, dirigido a impedir la compra y venta de diamantes procedentes de zonas de conflicto. Para ello se debe entregar en todas las ventas una garantía de que los diamantes proceden de zonas libres de conflicto; registrar las facturas entregadas y recibidas y someterlas anualmente a una auditoria. Igualmente deben informar a sus empleados sobre las políticas gubernamentales e industriales para impedir el comercio de diamantes de zonas en conflicto.
En enero de 2012, el Proceso Kimberley contaba con 50 participantes, que representan a 76 países (la UE y sus 27 Estados Miembros son considerados como un sólo participante) y, aproximadamente, un 99.8% de la producción mundial de diamantes en bruto. Son observadores en el Proceso el World Diamond Council, que representa a la industria del diamante, la Organización Mundial de Aduanas y distintas ONGs (http://www.kimberleyprocess.com/). En el marco de la Unión Europea, el Proceso Kimberley se aplica mediante el Reglamento (CE) No 2368/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, que entró en vigor el 1 de febrero de 2003 y que ha sido modificado en distintas ocasiones.
Este Proceso ha conseguido, efectivamente, reducir de manera sustancial el comercio de diamantes de conflicto (al parecer su significación actual es de un 1% del comercio de diamantes, cuando llegó a representar un 15%). Pero el Proceso Kimberley estaba diseñado para asegurar que los diamantes no financien conflictos armados, lo que se ha demostrado como un enfoque muy limitado. En cuanto se ha podido controlar este tipo de comercio han pasado a primer plano otros problemas para los que el sistema no está preparado, puesto que los propios gobiernos productores de diamantes forman parte de él. En muchos casos gobiernos autoritarios, que han aprovechado el sistema para cortar la financiación a los grupos rebeldes y, a veces, para deshacerse de ellos, extraen los diamantes en un contexto de vulneración grave de los derechos humanos y se sirven de sus ingresos para mantener sus propios regímenes, sin que supongan ningún beneficio para sus respectivas poblaciones. Ello ha hecho aflorar las contradicciones latentes con las ONGs interesadas en los derechos humanos o en la protección de la minería artesanal del diamante
En el caso de Zimbabwe, en relación con el yacimiento de diamantes de Marange, a finales de 2009, aunque el Proceso de Kimberley suspendió la exportación de los minerales preciosos procedentes de este yacimiento, tras las denuncias de abusos graves a los derechos humanos por parte del régimen en la zona de extracción minera, la suspensión se ha levantado en noviembre de 2011. Una ONG tan relevante para el Proceso Kimberley como Global Witness lo ha abandonado en abril de 2012, por su oposición a la manera, a su juicio demasiado tolerante, en que el Proceso ha tratado este caso pero también los de Costa de Marfil (desde 2005 bajo sanciones del Consejo de Seguridad que le impiden, entre otras cosas, comerciar con diamantes) y Venezuela (que ha abandonado voluntariamente el Proceso en 2008, de manera temporal, por problemas de transparencia en la política de explotación y dificultades para el control de sus exportaciones de diamantes).
Por otra parte, las encuestas periódicas que las ONG hacen entre los minoristas en distintos países europeos muestran un alto grado de desconocimiento tanto sobre el Proceso Kimberley como sobre las medidas previstas por la industria. Solo una pequeña parte de los mismos entregan al comprador certificados sobre la procedencia de los diamantes; y sólo una pequeña parte de los compradores solicita dichos certificados.
En 2011 los participantes en el Proceso Kimberley decidieron abrir un período de evaluación del Proceso y crearon para ello un Comité, con objeto de explorar las propuestas para mejorar su eficiencia. Si no hay reforma, el Proceso puede entrar en una crisis irreversible.