Entrevista

Mauricio Lazala, subdirector del Business and Human Rights Resource Centre

Eugènia Riera
Instituto Catalán Internacional para la Paz
Mauricio Lazala

Mauricio Lazala

Mauricio Lazala, abogado especializado en derechos humanos, es des del año pasado subdirector del Business and Human Rights Resource Centre, una organización no gubernamental independiente que trabaja para motivar a las empresas a respetar los derechos humanos. Con él hablamos de los abusos perpetrados por el sector privado en zonas de conflicto, pero también de las buenas prácticas empresariales, que también las hay.

¿Las empresas privadas se olvidan demasiado de los derechos humanos cuando operan en zonas de conflicto?
El campo de investigación sobre empresas y conflicto lleva muy poco tiempo, entre 10 y 15 años, y obviamente entre las 70.000 multinacionales que existen en el mundo hay mucha variedad. Pero sí, podemos decir que muchas empresas se olvidan demasiado de los derechos humanos, aunque hay algunas que están avanzando en este tema.

¿Cuáles son las vulneraciones más frecuentes?
Las más comunes tienen que ver con la extracción de recursos naturales. Aquí estamos hablando de empresas extractivas y sus cadenas de valores, particularmente de la industria de electrónicos, de metal, de minería y de gas y petróleo. ¿Por qué? Porque los recursos naturales financian a los grupos armados que están operando en zonas de conflicto, incluso en algunos países financian a los mismos gobiernos que cometen los abusos, sobretodo en África. Y también hay muchos ejemplos de empresas privadas de seguridad militar que han violado las normas más básicas del derecho internacional y abusado de los derechos humanos, sobretodo en Irak y Afganistán. Están las empresas tipo Blackwater, que llevan a cabo acciones de combate, pero también otras que han sido demandadas por supuesta complicidad en torturas en la prisión iraquí de Abu Ghraib, por tráfico de trabajadores (como KBR, también en Irak) o por falta de seguridad a sus propios empleados (ArmorGroup, en Afganistán).

¿Hace falta una mayor regulación internacional de la conducta del sector privado en zonas de conflicto?
Por supuesto. Una de las razones por las cuales ha sido muy difícil demandar estas empresas de seguridad es que viven y operan en un limbo regulador absoluto. Durante muchos años han tenido total inmunidad en Irak, Afganistán y en Estados Unidos, y tampoco se las podía traer a la justicia internacional porque no existe ningún mecanismo para hacerlo. Básicamente podían hacer lo que quisieran y no tenían que pagar por ello. Ahora, en el último año, la situación ha mejorada un poco. Irak ha anulado la inmunidad y Afganistán ha expulsado a varias empresas de seguridad extranjeras.

¿Y en otras zonas de conflicto?
Prácticamente también podemos hablar de impunidad porque el estado de derecho es muy débil. Por ejemplo, en la zona oriental de la República Democrática del Congo (RDC) hay una total ausencia del estado de derecho y es muy fácil para las empresas salirse con la suya.

¿Instrumentos como la Guía de Debida Diligencia sobre Cadenas Responsable de Suministro de Minerales Provenientes de Zonas de Conflicto y de Alto Riesgo de la OCDE son suficientes? ¿Qué beneficios pueden aportar estos códigos de conducta?
Este es un instrumento bueno y necesario pero no suficiente porque no tiene la fuerza de algo obligatorio, no tiene peso legal, y solo cubre a los países miembros de la OCDE y algunos afiliados. Además, en zonas de conflicto, en muchos casos el problema no es tanto que la empresa directamente esté cometiendo abusos, sino su complicidad con gobiernos locales y grupos armados. En Colombia, durante muchos años, muchas empresas (por ejemplo la bananera Chiquita, ya demandada) hicieron pagos a grupos paramilitares y a la guerrilla de las FARC. Sobre este tipo de complicidades tampoco hay regulación.

En esta situación, ¿se puede considerar el sector privado responsable del mantenimiento de un conflicto?
Sí, a pesar de que la responsabilidad sea indirecta –a través de pagos, por ejemplo-. Hay el caso de Anvil, una empresa minera demandada en Canadá que cuando operaba en la RDC prestó a las fuerzas armadas carros, logística, helicópteros y aviones que fueron utilizados para cometer abusos de derechos humanos. La demanda es directamente contra ella por complicidad en el crimen.

¿Falta más formación empresarial para que el sector privado sea conciente del rol que puede jugar en la prevención y resolución de los conflictos?
Sí, definitivamente. Nosotros siempre hemos dicho que precisamente en zonas de conflicto es donde las empresas tienen más posibilidades de contribuir positivamente a la sociedad y al avance de los derechos humanos. Y hay que añadir que algunas se lo han tomado en serio y están trabajando en este sentido.

¿Qué ejemplos de buenas prácticas empresariales en la contribución y la promoción de la paz destacaría?
En Sri Lanka, empresas como Holcim Lanka están proporcionando entrenamiento y rehabilitación a excombatientes del conflicto, algo muy importante en una fase de post-conflicto; en Colombia, el supermercado Éxito, está trabajando con excombatientes y paramilitares desmovilizados; y también podríamos hablar de Bombardier (en Irlanda del Norte), Heineken (Ruanda), ABB y Ericsson (Sudán) como ejemplos de empresas involucradas en la resolución de conflictos.

¿Ejemplos como éstos indican que se está trabajando en la dirección correcta?
Sí, yo creo que sí. El avance que se ha producido en los últimos 10 años es bastante considerable en algunas zonas y somos optimistas en que las cosas sigan avanzando. Hace 10 años, nadie se fijaba seriamente en el tema de empresas y derechos humanos. Hoy en día, Naciones Unidas tiene un grupo de trabajo sobre esta materia, las grandes ONG como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Oxfam tienen departamentos específicos, y las instituciones multilaterales, como el Banco Mundial y la OCDE, también. Y desde nuestro centro también estamos comprobando como el mundo empresarial está tomando conciencia, ya que cada vez más empresas responden a las alegaciones y quejas de abusos de los derechos humanos que les enviamos. El 75% de las compañías aceptan responder, cuando hace 10 años ni siquiera lo habría hecho el 10%.