En profundidad
RD Congo: ¿ventanas de esperanza a la expoliación de los recursos naturales?
Josep Maria Royo Aspa
El control y la expoliación de los recursos naturales ha contribuido a la perpetuación de la guerra en la República Democrática del Congo (RDC), iniciada en 1998 y que remonta sus raíces a las tinieblas de Joseph Conrad, cuando empezó el saqueo belga de esta parte del continente africano. En este negocio han participado las Fuerzas Armadas congoleñas (FARDC), grupos armados locales y extranjeros, empresas locales, varios países vecinos y multinacionales occidentales y asiáticas, según señaló Naciones Unidas en abril de 2001.
Son las misma Naciones Unidas las que en aquel momento afirmaba que la explotación era sistemática y sistémica y que los cárteles tenían ramificaciones por todo el mundo. Remarcaba que numerosas empresas habían participado en la guerra y la habían fomentado directamente, intercambiando armas por recursos naturales, y otros habían facilitado el acceso a los recursos financieros para comprar armas, y añadía que los donantes bilaterales y multilaterales habían adoptado actitudes muy diversas ante los gobiernos implicados. Sin embargo, del informe sólo se derivó un conjunto de recomendaciones de la OCDE de buenas prácticas de carácter voluntario.
Han pasado 11 años desde aquel primer estudio del Grupo de Expertos de Naciones Unidas y, aunque la situación sobre el terreno no es tan grave como entonces, ya que las tropas de los países vecinos -en especial, Uganda y Ruanda- se han retirado de la RDC y ahora tienen unas relaciones aceptables con su vecino congoleño, las prácticas de expoliación ilegal continúan siguiendo los mismos patrones, así como la violencia sexual y el desplazamiento forzado de población como consecuencia de los enfrentamientos. Y las esperanzas de la población congoleña de disponer de un gobierno legítimo y democrático también se desvanecieron en noviembre de 2011. Cabe recordar que la situación en la RDC es compleja, ya que confluyen tensiones sobre la propiedad de la tierra, cuestiones identitarias no resueltas, luchas de poderes regionales y la debilidad y corrupción del Estado. En consecuencia, el control de la expoliación de los recursos naturales no pondrá fin a los problemas que afectan al país, pero sí puede dejar de alimentar la continuidad del conflicto.
Aunque se han producido algunos avances en cuanto a la aplicación de las directrices sobre la diligencia debida para asegurar que las cadenas de subministro no apoyen la explotación de minerales conflictivos, el sector de la minería dista de aplicarlas, y pocos comptoirs1 del este de la RDC y los países vecinos las ejercen. El Grupo de Expertos evaluó en noviembre de 2011 la situación y concluyó que entre abril y noviembre de 2011, la mayoría de los comptoirs de estaño, tántalo y tungsteno no habían tenido compradores de minerales no etiquetados, excepto las empresas chinas TTT Mining, Huaying y Donson International, que habían comprado los minerales sin hacer las pruebas de diligencia debida. El Grupo disponía de pruebas según las cuales estos comptoirs habían hecho adquisiciones que han financiado a grupos armados y redes delictivas dentro de las FARDC. Estas sociedades de comercio exterior chinas han sacado sus minerales a través de Ruanda y constituyen un porcentaje considerable de los compradores de casiterita, wolframita y coltán de la RDC. Además, el contrabando es muy importante, y es en Ruanda donde la mayoría de los recursos exportados de forma ilegal son blanqueados y etiquetados siguiendo las directrices correspondientes, según señala el Grupo de Expertos.
Sin embargo, hay diferentes medidas que se están empezando a aplicar que pueden empezar a contribuir a cambiar la situación en la RDC y cortar el flujo de recursos económicos que contribuyen a perpetuar el conflicto de los Grandes Lagos. En primer lugar, cabe destacar la campaña de lobby iniciada en 2007 por parte de la organización norteamericano Enough Project, que contribuyó, junto con otras organizaciones, a la elaboración de la ley presentada por el congresista, James Mc Dermott, y que recibió el apoyo de organizaciones y empresas como Human Rights Watch y Hewlett Packard, entre otras, pero que no vio la luz. Posteriormente, en julio de 2010, el Gobierno norteamericano llevó a cabo una ley de reforma financiera en el marco de la crisis económica global, la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, de la que la Sección 1502 señalaba que el regulador económico de EEUU, la Securities and Exchange Commission (SEC), había que aplicar una serie de exigencias a las empresas norteamericanas para revelar el origen de sus minerales mediante la diligencia debida. Sin embargo, la ley ha recibido numerosas críticas, tanto del sector empresarial por las limitaciones que supone y los recursos necesarios para realizar auditorias con respecto a la cadena de suministro, como de algunos actores locales congoleños y ONG para que la Sección 1502 puede suponer el fin de la minería en el este de la RDC. y, ciertamente, durante el año 2011 se ha producido una caída del sector de la minería que ha provocado que miles de personas se queden sin trabajo, unido a la prohibición de seis meses establecida por el Ministerio de Minas congoleño a la espera del desarrollo de la Sección 1502. El Consejo de Seguridad de la ONU también definió la diligencia debida a la resolución 1952 (2010). Posteriormente, en diciembre de 2010 la OCDE elaboró una serie de recomendaciones, así como la Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos en la Cumbre de Lusaka. Alemania ha estado apoyando esta iniciativa regional y ha promovido una certificación llamada Cadenas de Comercio Certificadas (CTC, en inglés), que pretende establecer estándares de transparencia y ética en la producción. Incluso el sector industrial ha movido ficha y ha iniciado, en el sector de la casiterita, un esquema de trazabilidad.
A estas iniciativas internacionales se ha sumado el Gobierno congoleño, aprobando la directiva en septiembre del 2011 que exige a todos los operadores de minas del país, a todos los niveles de su cadena de producción, a ejercer la diligencia debida definida en la resolución 1952 (2010) del Consejo de Seguridad y en la orientación de la OCDE. Fruto de estas presiones internacionales, en mayo de 2012 el Gobierno congoleño ha suspendido a dos de las empresas chinas señaladas por el informe de Naciones Unidas de noviembre de 2011, Huaying y TTT Mining, por violar la ley congoleña y no revisar la cadena de suministro.
Sin embargo, para conseguir que estas medidas tengan un impacto real, se han de llevar a cabo iniciativas a nivel local para mejorar la gobernabilidad, y a nivel internacional, las empresas europeas y asiáticas deben estar sujetas a las mismas regulaciones que las empresas norteamericanas. Y por ahora la UE no ha hecho ningún movimiento para introducir regulaciones similares a la Sección 1502, pese a que el mercado europeo es uno de los principales consumidores de estos minerales. Y los consumidores, los usuarios finales de muchos de los aparatos de alta tecnología fabricados con estos recursos naturales, aún son demasiado ajenos a toda esta perversa dinámica que está suponiendo la persistencia de un conflicto que ha causado la muerte de miles de personas.