Per la Pau / Por la Paz

Maria Prandi

Nos encontramos actualmente en un punto de inflexión importante. Nunca antes en la historia de la humanidad habían existido tantos manuales, guías, recomendaciones sectoriales, directrices, conferencias multi-actores y debates dirigidos a analizar e incrementar las prácticas responsables de las empresas en relación a sus impactos en los derechos humanos a nivel global. Esto quiere decir, por una parte, que se ha adelantado mucho en el discurso sobre este tema desde que hace 20 años estallaron los primeros escándalos de la industria textil en el sudeste asiático y que, por otra parte, a las empresas ya les quedan pocas excusas para no integrar los derechos humanos en su gestión cotidiana.

Pero este hecho también tiene otra lectura importante: un gran número de actores ha contribuido activamente a poner esta cuestión en la agenda. El hecho de que determinadas empresas gestionen actualmente sus riesgos en derechos humanos de una manera más responsable tiene que ver no sólo con su propia iniciativa, sino también, y sobre todo, con la presión activa de otros actores, que han querido contribuir a la gobernabilidad de esta cuestión. Consumidores, empleados, sindicatos, accionistas, ONG, gobiernos, organizaciones multilaterales, organizaciones sectoriales, fondos de inversión, entre otros, han sido claves en la consolidación da progresos significativos.

Las estrategias de los diferentes actores han sido diversas y flexibles a lo largo del tiempo. Mientras que las ONG han desarrollado históricamente un papel crucial de confrontación con el sector privado, las organizaciones multilaterales y otros organismos internacionales han ido construyendo un tejido de instrumentos y normativas voluntarias que, bajo la forma de recomendaciones, ha ido impregnando paulatinamente la toma de decisiones en las empresas. Hoy en día, se observa un cambio de estrategia en algunas ONG así como la entrada de nuevos actores que están ocupando un papel determinante.

Como aspectos más significativos, es necesario remarcar que, hoy en día y, en paralelo a la presión que ejercen algunas ONG, otras organizaciones del tercer sector han empleado la vía de la colaboración y la negociación con las empresas. Este fenómeno ha dado lugar a un amplio abanico de literatura académica al respeto. Por otra parte, los fondos de inversión y los fondos de pensiones, tanto públicos como privados, presionan cada vez de manera más contundente a las empresas excluyendo a las que violan los derechos humanos de sus trabajadores o de las comunidades en las que operan. Entre ellos destacar el liderazgo del Fondo Noruego de Pensiones, el segundo más importante del mundo, que ha excluido a más de 50 empresas en los últimos años. Estos actores son relevantes puesto que rompen la tradicional creencia de que únicamente algunos sectores, tradicionalmente más propensos a recibir presiones externas (como, por ejemplo, el textil), son susceptibles de ser interpelados para mejorar su expediente en derechos humanos.

Otros actores permanecen menos activos y entre ellos, destacar los consumidores y los gobiernos. Pese a que la mayoría de españoles, un 83% declaraba en una reciente encuesta que dejaría de consumir un determinado producto si tuviera información de que conlleva abusos sobre los derechos humanos, la verdad es que el gran consumo de masas permanece ajeno a este tipo de consideraciones en sus decisiones de compra. Por otra parte, los gobiernos, no han desarrollado suficientemente las opciones que ofrece la compra pública para incentivar determinados comportamientos empresariales. La compra pública a nuestro país representaba en los últimos años alrededor del 18% del PIB. Pese a las dificultades iniciales que se pueden plantear a la hora de definir estándares sociales y medio ambientales, que aseguren a la vez la libre competencia, este recurso cumple una doble función extremadamente relevante: la de crear un mercado de empresas responsables (especialmente entre las pequeñas y medianas empresas) y la de incrementar la, tan necesaria, Responsabilidad Social de la propia administración.

En todo caso hace diez años hubiera sido impensable que empresas textiles hicieran pública su lista de proveedores de países del sur en un claro ejercicio de transparencia, que empresas del sector de la tecnología permitieran que organizaciones independientes efectuaran auditorias a su cadena de suministro, que empresas globales obligaran a sus socios locales a readmitir a representantes sindicales despedidos, que empresas extractivas pusieran en marcha políticas específicas de relación con los pueblos indígenas o que adoptaran protocolos de actuación en el terreno de la seguridad privada de acuerdo con principios internacionales de derechos humanos.

Durante todo este proceso, se ha pasado de la banda estrecha a la banda ancha. Esto quiere decir que cada vez hay más temas de derechos humanos que la empresa ha de abarcar. Este ámbito ya no se circunscribe, como se pensaba hace diez años, al trabajo infantil (aun cuando en algunos países continúa siendo un tema prioritario) sino que la "licencia social" para operar depende del que pase más allá de sus paredes como, por ejemplo, en su cadena de suministro, en la gestión de la seguridad en entornos complejos o en las comunidades locales en qué opera a cualquier lugar del mundo.

Pasar a la banda ancha significa también que la empresa ha tenido que aprender a relacionarse con el mundo que lo rodea de manera diferente no sólo considerando sus stakeholders tradicionales (clientes, empleados y accionistas) sino incorporando en la toma de decisiones a todos aquellos que, de alguna manera, interactúan con la empresa, ya sea de manera positiva o negativa. Por lo cual debe saber que el conflicto es consustancial e ineludible en todas las relaciones. El conflicto (sin violencia) es positivo porque permite aprender, adelantar, transformarse en algo mejor, construir otro tipo de relaciones más sostenibles y vencer la resistencia al cambio que a menudo atenaza a la empresa en posiciones que, a la larga, no lo favorecen. La empresa ha aprendido que la globalización del comercio y de la tecnología hace el mundo inexorablemente más pequeño. Un trabajador en una planta electrónica a la China se suicida e inversores de Silicon Valley toman nota. Empleados de una planta de petróleo de Nigeria amenazan con ir a la huelga y los mercados del petróleo responden. Una disputa sobre tierras en Etiopía se convierte en un tema de preocupación para un fondo de pensiones en California.