Per la Pau / Por la Paz

Kathi Lynn Austin

Para el ruso Andrei Kosolapov, el hotel frente a la playa tropical era la tapadera ideal para lanzar su empresa de tráfico de armas. Con vistas al mar azul turquesa y un bar bien provisto de whisky, todo lo que necesitaba era la aprobación del Gobierno de la República de Mauricio para su solicitud de un certificado de operador aéreo.

Cuando entrevisté a Kosolapov en junio de 2012 en el White Shell Restaurant and Lounge, disponía de aviones, pilotos, empresas fantasma y funcionarios locales corruptos. Solo le faltaba el visto bueno oficial para poder empezar a hacer contrabando de armas a algunas de las zonas más conflictivas del mundo: Sudán, la República Democrática del Congo y, posiblemente, Siria. Incluso tenía una coartada de eficacia probada para el caso de que fuera pillado in fraganti con las armas: alegaría que él solo era un "transportista".

Kosolapov había aprendido los trucos del comercio en el mercado negro de un maestro, su antiguo jefe, Viktor Bout. Conocido como el "Mercader de la Muerte," Bout amasó millones con sus negocios, que esquivaban las sanciones de la ONU, y evadió su responsabilidad durante casi dos décadas aprovechándose de lagunas legales y leyes nacionales contradictorias, así como de la falta de un sistema internacional que regulara las operaciones de los traficantes de armas a través de las fronteras nacionales. Bout había podido usar la excusa "Solo soy un transportista" porque pocos Estados tenían una definición sólida de "corredor de armas."

El término técnico "corredor de armas", o "bróker de armas", se refiere al intermediario que hace de puente entre los proveedores de armas y los que las disparan. De los cuatro actores principales implicados en una venta de armas: proveedor, corredor, agente que efectúa la entrega y usuarios finales, solo uno facilita la transacción del principio al final, el corredor de armas. Y, puesto que el corredor es el actor central que usa la tapadera de un negocio legítimo para desviar armas al comercio ilícito, debería ser esta figura la que estuviera regulada de la forma más estricta.

Los agentes del orden, los expertos de la ONU y los investigadores del tráfico de armas —como yo— tenían grandes esperanzas puestas en el Tratado sobre Comercio de Armas (TCA), una nueva herramienta internacional que haría más difícil a los traficantes ilegales ejercer su negocio mortífero. Pero, ¿la aprobación del TCA en abril pasado realmente dificultará las cosas a los capos del tráfico de armas que esperan reemplazar a Viktor Bout? La respuesta a esta pregunta no se halla en el texto del TCA sino en su efectiva implementación.

Gracias a la fuerte presión de la sociedad civil y de los Estados más progresistas, el TCA incluye una importante sección sobre el "desvío", una técnica clásica utilizada por los delincuentes que introducen en los conductos ilícitos armas compradas legalmente. Pero, en cambio, la sección del TCA dedicada específicamente al corretaje es la más débil. El artículo contiene únicamente dos frases aguadas que no son suficientes para crear el estándar internacional obligatorio y el régimen de autorizaciones que habrían supuesto un cambio significativo para las decenas de miles de inocentes que caen víctimas de los conflictos.

De los más de 52 países que disponen de leyes relativas a los corredores de armas, solo unos pocos, como el Reino Unido, tienen definiciones que comprenden toda la diversidad de intermediarios, incluyendo, por ejemplo, los transportistas y financieros. Aún menos países requieren el registro, la obtención de autorización y la supervisión extraterritorial de estos actores. Además, sin una lista de alerta mundial, los países desprevenidos continuarán teniendo dificultades para distinguir a los operadores clandestinos de los comerciantes legítimos.

Los promotores del tratado sencillamente no pueden quedarse parados y permitir a los Gobiernos que regulen la cuestión de los corredores como mejor les parezca. En el momento en que los Estados empiezan a utilizar las directrices del TCA para promulgar leyes efectivas, se requiere una acción concertada para subsanar las carencias del vago lenguaje del TCA en la cuestión del corretaje de armas. ¿Qué deberían verse presionados a hacer los Gobiernos para asegurar que los traficantes de armas ilícitos no eluden el nuevo reglamento mundial?

Para empezar, recomiendo estas "Siete Reglas de Oro":

1. Establecer una definición global de corretaje: la definición ha de ser lo suficientemente amplia para cubrir la vasta gama de actividades que llevan a cabo los corredores de armas. Por ejemplo, debería incorporar a transportistas, agentes financieros, proveedores de seguros y a todos los demás facilitadores.
2. Autorizar y registrar: las reglamentaciones nacionales deben incluir el registro de todos los corredores, incluso de los que operan extraterritorialmente. También deberían exigir la obtención de una autorización individual para cada transacción internacional de armas.
3. Verificar, verificar y verificar: tanto los Estados exportadores como los importadores deberían verificar que los corredores involucrados están adecuadamente registrados y autorizados y que se controla que las armas transferidas corresponden a las autorizaciones.
4. Llevar la responsabilidad más allá de las fronteras: los Estados deben regular las actividades de sus ciudadanos tanto en su país como en el extranjero. Sin una aplicación extraterritorial, los traficantes sencillamente operarán en países en los que la regulación o su aplicación sean débiles.
5. Llevar a cabo un trabajo de equipo: los Estados deberían asistirse unos a otros proactivamente en las investigaciones y el procesamiento de los corredores sospechosos. Este tipo de colaboración hará más eficaz la persecución de traficantes ágiles y redes criminales transnacionales.
6. Registrar y compartir: los Estados han de mantener los registros adecuados e intercambiar información relativa a las actividades de los corredores. La capacidad de señalar a los corredores ilegales es clave para hacer que estos tengan que rendir cuentas de sus actos.
7. Tipificar como delito y castigar: las leyes nacionales deberían tipificar los actos de corretaje ilícito como delitos y establecer las sanciones adecuadas.

El Tratado sobre Comercio de Armas tiene el potencial para cambiar la situación de la lucha contra el azote de los traficantes de armas. A fin de garantizar que se desarrolla su potencial para salvar vidas, los Estados deben recorrer el tramo final de este camino. Han de demostrar que tienen la voluntad política para superar el débil estándar que regula el corretaje de armas en el texto del tratado. Deberían emular a los países que ya poseen leyes sólidas, a fin de alcanzar, de manera efectiva, el estándar internacional más alto posible. Hasta entonces, el legado de los mercaderes de la guerra como Viktor Bout seguirá vivo.