Per la Pau / Por la Paz

Barnaby Pace

Nos encontramos en un mundo ciertamente extraño si los activistas contra el comercio de armas son contrarios a su mayor regulación. Sin embargo, es así porque el hecho de que un tratado débil pueda llevar a una justificación del status quo y a la consolidación de los intereses de los exportadores de armas es motivo de gran preocupación.

Siempre se ha visto un tratado como una de las pocas maneras posibles de limitar rápidamente el comercio de armas y eliminar las brechas que se producen en los controles de las exportaciones de armas en todo el mundo. Efectivamente, un sistema estandarizado es el único que puede acabar con las lagunas legales y evitar los enfrentamientos entre países, el traslado de los movimientos de armas a regiones menos reguladas, las acciones de lobby frente a los Gobiernos o la aparición de una carrera a la baja en las leyes relativas a las exportaciones.

Ahora bien, un tratado débil no puede lograr ninguno de estos objetivos. Y no sólo no soluciona nada, sino que supone la legalización y la legitimación del terrible status quo y ello podría significar un retroceso de décadas en la acción real.

La parte más importante del tratado es la relativa a los riesgos que se consideran relevantes a la hora de prohibir las ventas de armas y cómo deben evaluarse estos riesgos para decidir si se permiten o no las exportaciones de armas. Los criterios del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) son si estas exportaciones contribuirían a la paz y la seguridad o, por el contrario, las socavarían; y si las armas podrían ser usadas para cometer o facilitar una grave violación del derecho internacional humanitario o de las normas relativas a los derechos humanos, actos de terrorismo o actos vinculados al crimen organizado transnacional. También se incluye el riesgo de contribuir a o facilitar actos graves de violencia por motivos de género y de violencia contra menores de edad.

El estándar que debe utilizarse al evaluar estas cuestiones a fin de determinar si se debería autorizar o no la exportación es si existe un "riesgo considerable" de que se produzca alguna de las consecuencias negativas mencionadas.

Se deja que cada país realice su propia evaluación subjetiva sobre cuándo existe un "riesgo considerable". Asimismo, se deja a la imaginación de cada cual determinar qué otros factores hacen que un riesgo sea considerable. No se establece prohibición alguna basada en los factores políticos, militares o económicos de un país, que podrían hacer que la exportación de armas a dicho país fuera considerada de mayor riesgo. Incluso donde hay riesgos sustanciales de violaciones graves, se deja margen a los países para alegar que el riesgo está suficientemente mitigado y pueden permitirse las exportaciones.

Se invita a los países a cooperar en su evaluación, pero no hay ningún mecanismo para hacer respetar un estándar mínimo y cada país continuará, con toda probabilidad, con su conducta actual, justificándola exactamente de la misma manera que hasta el momento, excepto que ahora podrá añadir que cumple con las obligaciones derivadas del TCA.

Los criterios se han reducido prácticamente a su mínima expresión y sólo incluyen el derecho humanitario, los derechos humanos, la paz y la seguridad y la violencia por razón de género. No se hace mención alguna a la represión interna, la corrupción o el desarrollo socioeconómico, por mencionar sólo algunas cuestiones. El comercio de armas mata a muchas personas por estas vías y, sin embargo, ni se mencionan en el texto.

Entre los principales defectos del tratado está también la creación de una exención para los acuerdos de cooperación en defensa, lo que probablemente permitirá que cualquier venta de armas pueda soslayar el TCA si se lleva a cabo entre Estados. Las disposiciones relativas a la conservación de registros importantes y a la transparencia, por su parte, resultan debilitadas por la falta de un estándar común claro: se pide a los Estados que mantengan registros, pero no se establece una norma que les obligue a hacerlo con un formato útil. Además, no se establecen disposiciones relativas a la transparencia que obliguen a los Estados a revelar sus actividades y decisiones a sus propios ciudadanos. Y hay una laguna legal crucial, que deja las municiones fuera del mantenimiento de registros.

Si observamos diversas situaciones actuales, tendremos ejemplos reales y claros de por qué el tratado no funcionará. Uno de los principales argumentos utilizados en favor del TCA es que se impedirían las exportaciones de armas rusas a Siria. Sin embargo, Rusia (si ratifica el tratado; de momento, en la votación se abstuvo) autorizaría las exportaciones basándose en las mismas razones que hasta ahora. De manera similar, un TCA efectivo debería prohibir las exportaciones de armas del Reino Unido a países como Arabia Saudí, donde un gobierno totalitario continúa reprimiendo a su población y probablemente haya usado equipamiento procedente del Reino Unido en violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra en Bahréin y Yemen en los últimos años. Sin embargo, el Reino Unido argumentará que el riesgo no es suficientemente claro para interrumpir las exportaciones, que las consideraciones económicas y políticas son más importantes y que, en todo caso, las principales ventas al país se producen en el marco de acuerdos de Estado a Estado, que quedan prácticamente exentos en el TCA. La actitud real del Gobierno británico quedó clara cuando, mientras en Nueva York se estaba aprobando el TCA, varios ministros del Reino Unido estaban en Libia —a bordo de un buque de guerra— promoviendo la venta de armas en el agitado país.

Lamentablemente, el tratado está condenado al fracaso. Todavía no hay una corriente de opinión política opuesta a las exportaciones de armas en los principales países exportadores, que son los que tienen mayor peso político. Además, el proceso basado en el consenso exigido por los Estados Unidos hizo que fuera muy probable que el tratado se estableciera con los estándares más bajos posibles y que los principales exportadores de armas no permitieran que se implantaran estándares superiores a los que ya tenían. Al mismo tiempo, algunos exportadores, como Rusia, pueden negarse a firmar o ratificar el TCA.

La aprobación del tratado tuvo lugar con grandes dosis de autosatisfacción, pero el apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional y Oxfam a un tratado que dará el visto bueno al status quo del terrible sistema actual decepcionará, con toda probabilidad, a los activistas que lo han apoyado. Algunas organizaciones, como Campaign Against Arms Trade (Campaña contra el Comercio de Armas), en el Reino Unido, han rehusado apoyar el tratado. Ellos conservarán su reputación, pero, lamentablemente, los activistas y los políticos probablemente ignorarán aún más sus argumentos basándose, incorrectamente, en que el TCA ya ha solucionado los graves problemas del comercio de armas.

Para los que ven el comercio de armas como un obstáculo para la paz, el tratado ha estado viciado desde el principio. El preámbulo del tratado reconoce los "intereses legítimos de orden político, económico, comercial y de seguridad… en relación con el comercio internacional de armas convencionales". El predecesor de la ONU, el Pacto de la Sociedad de Naciones, estaba más cerca de la verdad hace casi cien años, cuando decía "la fabricación por parte de empresas privadas de municiones y material de guerra suscita serias objeciones".