Per la Pau / Por la Paz

Gerardo Rios

Desde que se descubrió petróleo en el Delta del Níger en 1956, su extracción ha generado ingresos de más de 600.000 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, la contaminación producida[1], cuyo origen está en el deficiente mantenimiento de la infraestructura y, en ocasiones, en el sabotaje o robo de petróleo, ha provocado enfermedades en los habitantes, y destrucción de sus medios de vida, sumiendo a la población en una creciente pobreza. Además de estas vulneraciones de derechos humanos, en el marco de las protestas que se han producido durante años, las fuerzas de seguridad han ejercido, en ocasiones, un uso excesivo de la fuerza, produciéndose muertes y heridos en sucesos que nunca han sido esclarecidos, ni se ha procedido a reparar a las víctimas. En 1995, Ken Saro Wiwa y otros ocho dirigentes ogonis fueron detenidos, condenados a muerte en un juicio sin garantías, y finalmente ejecutados.

El rastro del petróleo es inconfundible: grandes beneficios para las compañías petroleras, ingresos elevados para los gobiernos de Nigeria, miseria para los habitantes del Delta. El caso de Shell constituye el paradigma de las violaciones de derechos producidas por la complicidad entre empresas y autoridades nigerianas y representa un caso emblemático en la lucha por la defensa de los derechos de las víctimas.

Las comunidades luchan contra la violación de sus derechos. Buscan reparación a las violaciones sufridas y rendición de cuentas de las empresas. Esta ha sido reclamada ante los tribunales en diversas instancias.

Una reciente sentencia de un tribunal holandés condena a Shell a compensar económicamente a una de las personas afectadas por un vertido, limpiar la zona, y realizar un mantenimiento adecuado de las instalaciones, por considerar que la empresa debía haber evitado el derrame. Este proceso judicial constituye una pequeña victoria para las víctimas, pero también refleja los obstáculos en el acceso a la justicia que enfrentan las víctimas de abusos cometidos por empresas transnacionales.

Las partes demandantes, cuatro pescadores y agricultores, tuvieron que hacer frente a la dificultad de probar que los vertidos se debían a fallos operativos en las infraestructuras y no a actos de sabotaje, como mantenía Shell. Amnistía Internacional ha denunciado repetidamente que las comunidades no tienen acceso a evaluaciones independientes sobre la causa de los vertidos y que es la empresa quien dirige todas las investigaciones, generándose un claro conflicto de intereses. Así, Shell, la otra parte del proceso, es quien disponía de la mayor parte de documentación clave que, en opinión de los demandantes, habría sido fundamental para sustentar su defensa. Además, las normas procesales holandesas exigen que la parte demandante prácticamente pruebe sus alegaciones antes de iniciar el juicio.

El hecho de que las reclamaciones de tres de los cuatro demandantes en la misma causa no fueran aceptadas por el tribunal, al considerar que la responsabilidad de Shell no estaba suficientemente probada, pone en evidencia que, si bien la justicia es posible, es sumamente difícil de alcanzar cuando se demanda a una enorme multinacional.

Todo el proceso judicial deja patente una flagrante desigualdad de armas, causada sustancialmente por la falta de acceso de la parte demandante a información sustancial en la que sustentar la defensa de los agricultores. Es evidente que en todo proceso judicial, deben existir unos requisitos taxativos para aportar pruebas que corroboren las alegaciones. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que de manera urgente se deben establecer condiciones de igualdad cuando comunidades empobrecidas se enfrentan en procesos a empresas con muchos recursos.

Como elemento positivo del proceso, es preciso destacar que era la primera vez que una causa contra Shell, por delitos cometidos fuera de su territorio, era admitida en su país de origen[2]. Esta decisión sienta un precedente extraordinariamente positivo para otras víctimas de abusos cometidos por empresas multinacionales holandesas.

Más recientemente, ha sido la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos (EEUU) en el caso Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co. la que ejemplifica otro de los obstáculos a los que hacen frente las víctimas; el acceso a la justicia fuera de sus fronteras. Los denunciantes, basándose en la  Alien Tort Act de EEUU, una ley de 1798 que permitía juzgar delitos extraterritoriales cometidos por empresas internacionales,  acusaban a Shell de haber prestado apoyo a las fuerzas de seguridad que cometieron actos de violencia contra los ogoni.

La Corte no admitió la demanda aduciendo que esta ley no era de aplicación puesto que los hechos se habían producido fuera de EEUU. La decisión, que los demandantes recurrirán, y que ha sido enérgicamente cuestionada por Amnistía Internacional[3] y otras organizaciones, constituye un lamentable giro interpretativo de una legislación que, hasta ahora, había sido utilizada por supervivientes de abusos de derechos humanos cometidos en todo el mundo, para obtener reparación. Supone un golpe para las víctimas y para los defensores de derechos humanos, que ven así complicarse una de las pocas vías existentes para llevar a empresas ante tribunales por hechos sucedidos en cualquier lugar del mundo. 

Existe en la actualidad otra causa pendiente contra Shell en los tribunales británicos[4]. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental ha condenado al gobierno de Nigeria por los abusos cometidos por las petroleras, obligando al gobierno a exigir responsabilidades a dichas empresas[5].

Estos crecientes procesos judiciales ponen de manifiesto que la lucha de las víctimas obliga a las empresas a rendir cuentas y a realizar las reparaciones correspondientes, aunque todavía de una forma muy lenta y plagada de dificultades. Algunas de ellas constituyen  victorias pequeñas pero importantes en una lucha por la justicia que es imparable.