En profundidad
El precio de la riqueza. Caso Chevron Texaco
Pablo Fajardo
A mediados de la década de los 60, se inició el peor desastre ambiental perpetrado por una empresa petrolera, en la región Norte del Ecuador. Las víctimas, los pueblos originarios: Siekopai, Sionas, Cofanes, Wuaorani, Tetetes y Sansahuari; luego también los pueblos Shuar, Kichwas, y miles de colonos; el victimario Chevron Corporation, antes Texaco; en total, más de 30.000 seres humanos afectados, cientos de muertos con cáncer, abortos espontáneos 2.5 más alto que en el resto del Ecuador, dos culturas indígenas extinguidas, extrema pobreza en la región, entre otros efectos.
Inicialmente el Estado Ecuatoriano, le entregó una concesión a la empresa Texaco, de aproximadamente 1.5 millones de hectáreas para que explore y extraiga petróleo; pero la petrolera, en además de explorar y explotar petróleo, contaminó una extensión territorial de más de 450 mil hectáreas de selva, entregadas en concesión a Texaco (ahora Chevron). El frágil territorio amazónico, fue invadido de una forma brutal, rompiendo el equilibrio eco-sistémico y afectando gravemente a sus habitantes y finalmente al Ecuador y al mundo, por los daños provocados a una de las regiones de mayor diversidad biológica, su importancia reconocida para la producción de oxígeno y la principal fuente de agua dulce del planeta.
El desbroce de la selva, el ingreso de maquinaria, la llegada de trabajadores petroleros, la sísmica, fueron el inicio de un criminal desplazamiento de los colectivos asentados en la región, pero también de la migración de especies animales y la extinción de importantes familias de plantas, que eran fuente de medicamentos y sustento alimentario de los pobladores amazónicos.
Violencia social, racismo, violaciones sexuales, alcoholismo, se iban afincando en lo que antes era un sistema pacífico de convivencia humana y de ésta en su relación con la naturaleza. El choque cultural que empezó a minar las bases de subsistencia de las culturas ancestrales, obligadas a incorporarse a una nueva estructura dependiente, en su mayor parte, de los ingresos que recibían como trabajadores en la industria petrolera.
356 pozos y 22 estaciones de producción fueron la base de un negocio rentable, marcado por el ahorro en los gastos de la petrolera, causante de una contaminación jamás registrada y que respondía a un proceso sistemático de uso de tecnología barata, no utilizada en ningún otro país del mundo.
16 mil millones de galones de agua tóxica regada a esteros y ríos, que aún ahora son la principal fuente de abastecimiento del líquido vital para la población; vertido intencional de 650 mil barriles de crudo directamente a la selva; 880 piscinas sin recubrimiento por la que filtran los tóxicos; la instalación de sistemas de "cuello de ganzo" para desfogar el crudo y aguas de perforación hacia ríos y esteros impactaron fuertemente en el ambiente y la población, que sigue sufriendo enfermedades relacionadas con la contaminación.
La parte más visible de esta realidad son las afectaciones a la salud, con el desarrollo de enfermedades directamente asociadas a los químicos utilizados en la industria petrolera: un índice de abortos 2.5 veces mayor que la media nacional; leucemia en niños de 0 a 4 años, con un índice que supera tres veces las existentes en el país; incremento de cáncer en una tasa de 150%, con un nivel de mortalidad 130% mayor que en otras zonas. A ellas se suman violaciones a los derechos humanos y colectivos, niveles de pobreza creciente por la improductividad de la tierra, muerte de animales de corral y afectación a la flora y fauna originaria.
Esta realidad es el origen del juicio ambiental más grande de la historia en materia ambiental, tanto por la magnitud de la contaminación, como por el tiempo demorado en su trámite. 20 años se han cumplido desde que se inició la primera demanda en Nueva York. En Ecuador se instaura en el año 2003 y el 14 de febrero de 2011, la Corte Suprema de Justicia dicta la sentencia de primera instancia.
230 mil páginas de información analizadas, más de 40 testimonios de personas afectadas por las operaciones de Texaco; 106 informes periciales, 60 de los cuales fueron pagados totalmente por Chevron; más de 80.000 resultados químicos de las muestras tomadas en el suelo, aguas o sedimentos; varios estudios de salud elaborados en forma independiente por expertos extranjeros; más la inspección y verificación directa del Juez, a 54 sitios operados por la petrolera, son el sustento de una condena por más de 19 mil millones de dólares, que la petrolera deberá pagar para la reparación de los daños.
Este fallo ratificado en segunda instancia, en el Pleno de la Corte Provincial de Sucumbíos, determinó que los demandantes iniciaran las acciones de cobro. Chevron para preservar sus intereses retiró todos sus bienes y activos del Ecuador, por lo tanto los afectados han recurrido a procesos internacionales. En cada país en los que se establecen las demandas de cobro, la petrolera, al igual que lo actuado en Ecuador, recurre a diversos mecanismos, que incluyen presiones de tipo económico y político, además de malas prácticas procesales, para evitar el pago de la sentencia. Hasta ahora los actores hemos planteado tres acciones de ejecución de sentencia en el exterior; estos países son: Canada, Brasil y Argentina, sin embargo estamos planificando otras acciones en distintas jurisdicciones donde Chevron tiene activos; entre ellos están países sudamericanos, Asiáticos, de Oceanía y Europeos; el objetivo de los demandantes es perseguir los activos de Chevron hasta cobrar el último centavo de la deuda que mantiene Chevron con nosotros.
Luego de 20 años de lucha, por fin, llegó el fallo de la Corte Nacional o Corte Suprema de justicia de Ecuador, en la cual se ratifica la condena a Chevron por el crimen ambiental cometido en la Amazonía Ecuatoriana. El fallo de 222 páginas, es contundente en ratificar la condena a Chevron.
Sin embargo, arguyendo la falta de una ley expresa, los jueces Nacionales de Ecuador, quitaron la condena por la mala conducta de Chevron y el abuso del derecho. Recordemos que en los dos fallos anteriores, se había ordenado que Chevron pidiera disculpas públicas, y en caso de no hacerlo, se duplicaría el monto de la sentencia. La obligación de disculparse y la duplicación de la sentencia no se han dado. En otras palabras, el abuso del derecho, la afectación o el daño moral psicológico causado a las víctimas tras 20 años de juicio y el uso de artimañas para dilatar un proceso, no son sancionados. Ojala que pronto, los países adopten normas que castiguen esas conductas inapropiadas y lesivas para la humanidad y el derecho.
La justicia sigue siendo parcialmente esquiva para las poblaciones afectadas, frente al poder económico y la influencia política de la transnacional Chevron Corporation.