En profundidad
Violencia y conflictos ambientales, la tragedia del Chocó
Edwin Novoa
Las consecuencias del conflicto armado colombiano han dejado millones de víctimas de todo tipo de violaciones de derechos humanos, tema que si bien efectivamente es central, ha dejado de lado el debate sobre la relación entre violencia y conflictos ambientales.
Las costa pacífica colombiana, especialmente el departamento del Chocó, constituye uno de los ecosistemas más estratégicos y biodiversos del mundo al contener selva tropical húmeda primaria, extensas cuencas hidrográficas que habitan históricamente comunidades negras y ser la cuna de diversos pueblos indígenas que han habitado ancestralmente el bosque tropical.
El territorio para los grupos étnicos es igual o más importante que la vida misma, pues constituye el escenario en el que confluyen todos sus derechos como sujetos colectivos de derecho, a saber: el derecho a la identidad cultural, el derecho a la autonomía (autoridades y normas propias), a la consulta previa y a su patrimonio ambiental y cultural.
En este sentido, las normas colombianas han establecido un alto estándar de protección formal de los territorios, iniciando por la Constitución Política de 1991 y la Ley 70 de 1993 y la Ley 160 de 1994 que implicaron la titulación de todo el Departamento del Chocó a los grupos étnicos bajo la modalidad de títulos colectivos.
A pesar de este carácter formal de la protección de derechos, la realidad en los territorios es de desconocimiento de derechos y de falta de control de los grupos étnicos de sus territorios ancestrales.
La megadiversidad, que implica la existencia un gran reservorio de recursos naturales, sumada a la ubicación geoestratégica del Departamento del Chocó (es el único con salida a los Océanos Atlántico y Pacífico), hacen de toda esta zona un botín para la guerra y la extracción de recursos naturales y, en este sentido, los diversos actores armados durante las últimas tres décadas han impuesto la violencia para lograr el control territorial (por ejemplo como corredor de armas y drogas), desplazar a las comunidades étnicas y obtener el dominio de los recursos naturales.
El Chocó biogeográfico es una zona de difícil acceso, -tanto así que durante decenas de generaciones sirvió de refugio de comunidades negras que huían y se refugiaban de la esclavitud-, razón por la cual, históricamente, ha tenido una baja presencia del Estado colombiano, escenario perfecto para la actuación de guerrillas y grupos paramilitares, entre otros.
En la década de los años ochenta entraron los grupos guerrilleros a varias de las cuencas hidrográficas del Chocó, los cuales encontraron un buen refugio por las mismas condiciones de acceso de la zona, actores que mantuvieron relativa calma con los grupos étnicos. Sin embargo, desde la década de los años noventa (principalmente desde 1997 con la formación de las Autodefensas Unidas de Colombia) han incursionado los paramilitares generando grandes enfrentamientos armados, masacres, desplazamientos masivos y en general todo tipo de violaciones a los Derechos Humanos y al DIH.
El modelo de control territorial de los paramilitares (además del armado) implicó imponer a la fuerza modelos de desarrollo en las zonas despojadas (robadas a los grupos étnicos) completamente diferentes a los tradicionales. En la zona norte del Chocó (Riosucio, Darién, Acandí, Unguía) implicó principalmente la extracción masiva de maderas de la selva tropical húmeda para exportación, luego potrerización de grandes extensiones de tierra y finalmente la implementación de monocultivos (por ejemplo de palma aceitera que en su momento fue subsidiada por el mismo Estado1) y ganadería extensiva.
En otras zonas del Chocó (en los ríos Andágueda, Quitó, San Juan y,en menor proporción, Atrato) también se han venido implementado otros modelos de desarrollo basados en la minería ilegal a cielo abierto con el uso de retroexcavadoras, dragas y procesamiento con mercurio en las riberas de los ríos2. Esta minería completamente ilegal, que tiene un alto impacto ambiental (contaminación de ríos, suelos, eliminación de cobertura vegetal, extinción de especies endémicas, entre otros), ha sido implementada en la última década por guerrillas y bandas criminales y en este momento está creciendo descontroladamente a partir del llamado "boom minero" colombiano.
Esta compleja situación ha sido puesta de manifiesto por la Corte Constitucional Colombiana3, organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y por las mismas comunidades que se encuentran desplazadas o confinadas en pequeñas partes de su territorio; sin embargo, el Estado aún no logra controlar varias zonas del Chocó y en otras que sí logra controlar, ha dejado abierta la posibilidad de proyectos mineros avalados por las autoridades ambientales. Por lo anterior, el futuro no es prometedor para pueblos y comunidades étnicas y el ambiente de la región también está amenazado.
1 Casos Jiguamiandó y Curvaradó, norte del Chocó.
2 Si bien las comunidades étnicas ancestralmente hacen extracción de minerales como el oro, lo hacen a baja escala, sin químicos y sin grandes maquinarias, por lo que son prácticas sostenibles.
3 Sentencia T-025 de 2004 y Autos 004 y 005 de 2009, Corte Constitucional.