Per la Pau / Por la Paz

Pedro Ibarra

El ultimo comunicado de ETA (8 de enero de 2011) es el propio e inevitable de un organización política violenta que no acaba de asumir que tiene que cerrar -en silencio- el tinglado. Por un lado, sí está convencida de que su historia se acabó entre otras razones y sobre todo por que "su" organización civil, la Izquierda Abertzale -IA-, ha decidido cortar con ellos. Con prudentes y medidas pero muy claras palabras, la IA ha decido optar exclusivamente y a todos los efectos por las vías políticas pacificas. Pero por otro lado ETA no puede resistirse a la nostalgia de que ellos puedan "vigilar" que el proceso democrático (léase proceso hacia la autodeterminación e independencia) llegue a buen puerto. De ahí surge esa última frase del comunicado en la que dicen que seguirán luchando hasta que finalice el citado proceso.

Sin duda esta ultima frase/afirmación, en serio no se la creen ni ellos. Es un acto de retórica vanguardista dirigida a su entorno, o solo a ellos mismos o, sin más, a pocos de ellos mismos; es una concesión a una minoría interna más intransigente. Parece bastante evidente que ETA no va a volver a actuar pase lo que pase con el mencionado proceso. Pero una cosa es que no lo haga y otra cosa es que diga que nunca lo va a hacer. Estamos -insisto- en el terreno de la retórica. Nadie, incluido el propio Gobierno y por supuesto la Izquierda Abertzale, creen que van a volver atrás. ETA no va a hacer nada se legalice o no a la IA. Lo que si entra dentro de lo probable que, después de la legalización, haga un nuevo comunicado de cierre definitivo, ya sin ninguna literatura. Será el momento de decir que el proceso, gracias a ellos, ya está encarrilado hacia la victoria final y que por lo tanto lo dejan definitivamente. Los niveles de ignorancia, arrogancia y autoengaño que pueden exhibir en sus comunicados las organizaciones armadas sectarias (es lo que es ETA desde hace muchos años) no tienen limites. Es lo que hay. En este caso… afortunadamente

Bajando un poco más a los hechos, tanto el comunicado como especialmente el proceso de la IA iniciado ya hace bastante tiempo, diseñan dos separados escenarios de conflicto. En primer lugar está el problema (que no, en modo alguno, el conflicto político) de ETA. El como establecer un acuerdo sobre su disolución que por otro lado no sea estrictamente necesario formalizar. Éste es el escenario real que ahora se abre, entrando dentro de lo muy probable que ETA y el Gobierno inicien contactos dirigidos a ese fin de cierre definitivo.

Para ETA no resultaría demasiado problemático

• siempre que quede claro que ellos se retiran por que quieren,
• y siempre, además, que se otorguen promesas gubernativas sobre una progresiva reincorporación de presos y exilados a la vida civil.

Y el Gobierno no tendría demasiados inconvenientes en llevar a buen término esos contactos

• siempre que por supuesto los mismos no parezcan ni siquiera simbólicamente ligados a concesiones políticas
• siempre que él -el Gobierno- pueda también hacer un discurso sobre la evidencia de la derrota de ETA
• y siempre, evidentemente, que todos los contactos se hagan en la mas estricta clandestinidad.

El otro conflicto, que sí es un conflicto político, es el que hace referencia a la legalización de la IA. Señalo que es el único conflicto derivado, pero ya a su vez hoy desconectado, de toda la larga historia del conflicto violento en el País Vasco. Eso quiere decir que en modo alguno está presente en la agenda política -ni siquiera a medio plazo- procesos o escenarios de conversaciones interpartidarias dirigidas a establecer nuevos marcos jurídico/políticos para Euskadi. Lo único que está en juego es si la IA puede entrar legalmente en la política.

Lo nuevos estatutos de la también nueva Izquierda Abertzale, más sus correspondientes declaraciones políticas, son causa -deben serlo- de extrema satisfacción. Nos hacen ¡por fin! ver el futuro con justificado optimismo.

En primer termino por que suponen el final de la violencia en su dimensión social. El fin de la violencia apoyada, o tolerada, o entendida, por significativos sectores de la sociedad. Sin duda nuestro rechazo a violencia de ETA se asienta sobre todo en sus consecuencias, en la muerte y el dolor causados. Pero no es menos cierto que el comprobar que tal violencia era, si no apoyada directamente, sí justificada y alentada por ciertos sectores de nuestra comunidad, de nuestros conciudadanos, nos producía un muy especial desasosiego, un profundo malestar. Rechazábamos esas actitudes tanto por sí mismas, como también por que conformaban una sociedad -nuestra sociedad- con una cultura política, minoritaria pero contaminante, perturbadora, perversa.

Los nuevos estatutos no son solo papel. Son hechos -y además en este caso contundentes hechos- que evidencian el inicio del fin de la violencia. Por un lado aunque no lo garantiza, sí constituyen una medida extremadamente relevante para acabar con la violencia real de ETA. Y por otro lado sí garantizan el proceso de desaparición de la cultura política de la violencia en nuestra comunidad.

El segundo motivo de satisfacción es el poder afirmar que todas y cada una de las opciones políticas de este país, incluida la del grupo mayoritario del nacionalismo vasco independentista y socialista, van a tener pleno derecho a concurrir al espacio político; a votar a sus candidatos y a ejercer el poder político donde hayan sido elegidos para ello. Si antes afirmábamos como estos acontecimientos estatutarios abrían un irreversible proceso de regeneración ético/política en la sociedad, ahora constatamos que los mismos permiten cumplimentar algunas muy acuciantes exigencias democráticas. Antes la exclusión del la IA del juego político era criticable. Ahora resulta, además imposible. La IA con sus estatutos debe estar, puede estar, y va a estar legalizada. Registrada y activa como un partido político más. Si así no resultase, la legalidad democrática sería gravemente vulnerada. Sinteticemos las exigencias legales democráticas. Tal como dice el Tribunal Supremo, una organización política no es continuidad de otra declarada ilegal, cuando el nuevo partido, al margen de las anteriores trayectorias políticas de sus miembros, afirma estatutariamente ser distinto en aspectos fundamentales de la organización precedente. En concreto, las anteriores organizaciones eran ilegalizadas por que no rechazaban la violencia de ETA. La actual formación es radicalmente diferente de sus precedentes, por que rechaza, con todas su consecuencias y en todas su dimensiones, esa violencia de ETA. Y por tanto deberá ser y será legalizada.

Una breve mención a la cuestión del pasado. Sin duda merece todo el respeto el que se demande a la IA que haga una revisión de su pasado; que haga una autocrítica de sus apoyos y tolerancias con la violencia. Resulta comprensible que si la IA mantiene el silencio respecto a este pasado, el mismo pueda ser vivido como una muy reprobable actitud de desprecio respecto a las victimas de la violencia. Estas demandas y eventuales críticas a la IA son perfectamente entendibles. Pero poco tienen que ver con la cuestión democrática. El incumplimiento de esas exigencias en modo alguno puede justificar la ilegalización de la IA. La democracia propugna la legalización por lo que, en el presente y cara al futuro, un partido dice que es y actúa en consecuencia. Malos o buenos recuerdos, antiguas amistades y complacencias, nada tienen que ver con la legalización. El ejemplo se ha repetido hasta la saciedad, pero sigue resultando adecuado. Los fundadores y continuadores del Partido Popular colaboraron (unos) con la violenta dictadura del General Franco y nunca (ninguno) condenaron a la dictadura. Y a nadie se le ocurrió impedir su legalización como partido.