Per la Pau / Por la Paz

Mario A. Laborie
Iglesias

El pasado mes de mayo, los medios de comunicación internacionales hacían público que la empresa de servicios de seguridad privada "Reflex Responses" había sido contratada por el príncipe heredero de Abu Dhabi con el objeto formar un batallón compuesto de 800 extranjeros. El contrato, por un montante de unos 500 millones de euros, especifica  que esta fuerza estaría destinada a llevar a cabo a misiones de operaciones especiales dentro y fuera del país, defender los oleoductos y otras infraestructuras de posibles ataques terroristas y sofocar las revueltas internas. Este hecho ha ratificado, si es que a fecha de hoy existía alguna duda, como las empresas transnacionales exportadoras de servicios relacionados con la seguridad están, cada vez más, desempeñando funciones hasta ahora catalogadas como inherentemente estatales y reservadas a los ejércitos regulares nacionales.

Como resultado de las dinámicas de la globalización y por razones de eficiencia económica, se ha impulsado la desestatificación y la privatización de servicios. La práctica totalidad de las Fuerzas Armadas de los países de nuestro entorno no han sido ajenas a estas transformaciones. La gran disminución de efectivos militares de los últimos lustros, las drásticas reducciones de los presupuestos de defensa, sobre todo en Europa, junto al aumento del número y la complejidad de las operaciones militares en el exterior han hecho perentorio recurrir a las empresas privadas de seguridad. Consecuentemente, el mercado de la seguridad privada vive en la actualidad una época de oro.

Efectivamente, hoy en día, todos los ejércitos occidentales precisan, en mayor o menor medida, del apoyo de contratistas para desempeñar sus misiones. El catálogo de servicios que las empresas privadas ofrecen se extiende por todas las funciones militares, desde las relacionadas con el combate directo hasta las puramente logísticas. Estas compañías disponen de gran flexibilidad de actuación, capacidad de crear soluciones adaptadas a cada caso concreto, rapidez de acción, conocimientos sobre el teatro de operaciones, experiencia operativa, confidencialidad, y se publicitan por ser una alternativa más barata. La externalización facilita la especialización de las Fuerzas Armadas en los procesos que constituyen su razón de ser, liberando personal y recursos de aquellas labores que pueden realizarse eficientemente fuera de la estructura militar.

Sin embargo, pese a las ventajas expuestas, la repercusión que tienen las actividades de estas empresas en los Ejércitos nacionales es un elemento distorsionador que debe ser cuidadosamente analizado. En el nivel práctico, existen evidencias de que las actividades de los contratistas pueden obstaculizar, en cierta medida, la toma de decisiones y comprometer las acciones de combate de las fuerzas regulares en escenarios de conflicto armado.

Pero en un plano superior, la mayor parte de los recelos que se plantean están ligados a la privatización de ciertas funciones "inherentes a los Estados", es decir intrínsecamente relacionadas con el interés público. Aunque es cierto que no existe consenso sobre cuáles son las funciones que, por su naturaleza inequívocamente estatal, no deben ser privatizadas, lo que sí es ampliamente aceptado es que no hay nada más inherente a los Estados que el legítimo uso de la fuerza armada. De hecho , como escribió Max Weber, el Estado no existiría como tal si no puede monopolizar la violencia. Bajo los paradigmas democráticos, el Estado constituye el único agente en que se puede confiar para el debido control y autorización del uso de la fuerza,  lo que constituye la justificación de su monopolio por parte de los gobiernos legítimos y su misión fundamental, por encima de cualquier otra que puedan llevar a cabo.

Por consiguiente, los Ejércitos, como organización armada que garantiza la aplicación de la violencia legítima de acuerdo a los principios que emanan del Estado democrático, son sin duda la institución que se ve más afectada por la actividad de estas firmas que entienden a la seguridad como una forma más de negocio. En teoría, las Fuerzas Armadas sólo externalizan aquellos cometidos que no constituyen tareas militares en esencia, ya que éstas son consideradas como funciones inherentemente gubernamentales. Sin embargo, en la práctica, se ha difuminado la línea divisoria entre las actividades esencialmente estatales, que no deben ser externalizadas en ningún caso, y las labores comerciales que pueden estar sujetas a la gestión del sector privado. El ejemplo de Abu Dhabi es claro: la fuerza armada, adiestrada y equipada por una empresa privada, se sitúa a disposición del gobierno del país sustituyendo al  Ejército en las labores que le serían propias. Aunque éste no deja de ser un caso extremo, no cabe duda de que nos encontramos ante una tendencia que parece consolidarse a escala global.

En conclusión, en el contexto actual en que los factores económicos parecen primar por encima de otras consideraciones, la contratación de empresas de seguridad privada ofrece nuevas posibilidades que no deben ser obviadas.  Pero es preciso evaluar con cuidado qué funciones, pese a las posibles ventajas, no es conveniente externalizar, ya que los potenciales beneficios inmediatos pueden esconder perjuicios a largo plazo. Cualquier acción que debilite el rol que llevan a cabo las Fuerzas Armadas dentro del Estado democrático, incrementa la posibilidad de que otros agentes desafíen la primacía de lo "público" sobre lo "privado". En esta línea argumental, se antoja crucial una regulación robusta sobre este mercado.