En profundidad
El mercado de la defensa y seguridad
Tica Font
El final de la Guerra Fría supuso un cambio en la naturaleza de los conflictos armados. Por una parte los conflictos han pasado a ser mayoritariamente internos, y por otra parte se han abierto nuevos frentes de de participación militar, que han conllevado a un aumento de las misiones militares en el exterior y cambios en la gestión y en la tecnología militar. Los combates en Irak y Afganistán han sido y están siendo un laboratorio de estrategias y tecnologías militares. Algunos analistas las abordan como "guerras de cuarta generación" y las caracterizan como guerras de rápida victoria, aunque sin derrota del enemigo, y una larga posguerra con presencia militar permanente.
Militarmente a partir de los 90 se plantea la situación de cómo mantener la superioridad militar en el teatro de nuevas operaciones, en un contexto de presupuestos más bajos. La solución se buscará en dos frentes, por una parte se centrará en la tecnología, aumentar el uso de alta tecnología, tecnología de la información, sistemas no tripulados y mayor precisión en las armas, etc. y por otra parte se centrará en la organización y gestión militar, disminuir el tamaño, aligerar la estructura, privatizar muchas de sus funciones e incorporar cometidos policiales.
La privatización que estamos abordando se da en un contexto de cambio global en el pensamiento político y económico de los años 80, el pensamiento neoliberal impulsó una corriente privatizadora de todas las actividades públicas, incluyendo la de defensa y seguridad. En este contexto privatizador los gobiernos dejan en manos del mercado muchas tareas que venían ejerciendo los militares. Esta tendencia privatizadora viene de lejos. La primera privatización importante se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, en el ámbito de la producción de equipos militares o armas, las empresas públicas fabricantes de armamento pasaron a manos privadas. La segunda oleada privatizadora afectó al I+D militar, al desarrollo de nuevos sistemas de armas, que también pasaron a manos de la industria militar privada y finalmente la caída del muro de Berlín y los atentados del 11S han comportado una reestructuración del sector industrial militar, entre 1989 y el 2003 las inversiones en nuevos proyectos se redujeron considerablemente. La industria militar abordo esta crisis expandiendo el mercado, incorporando al mercado todas aquellas tareas militares que no formaran parte del núcleo duro o esencial de "lo militar". Después del 11S este proceso de externalización se ha ampliado al sector de la seguridad interior (Homeland Security), formándose un nuevo sector industrial que une la industria militar con la industria de nuevas tecnologías.
Como se ha comentado, en la década de los 90 se produjo una reducción de los presupuestos de defensa, se anularon programas de desarrollo de nuevas armas, etc. Esta reducción en el volumen de negocio del mercado militar junto con el replanteamiento de nuevas estrategias y tecnologías militares ante los nuevos conflictos emergentes, generó una presión por parte del sector industrial militar hacia los gobiernos para que éstos externalizaran actividades militares hacia el sector privado. El sector militar privado alegará que la privatización de funciones militares no esenciales ahorrará costes, mejorará la calidad, permitirá el acceso a nuevos conocimientos, experiencias y habilidades, en definitiva aumentará la eficacia y disminuirán los costes para el Estado. Los gobiernos más influenciados por la corriente neoliberal privatizadora, han propiciado la aparición de este nuevo sector y le han traspasado algunas tareas y funciones propias de los militares.
Así es como a lo largo de la década de los 90 aparecen nuevas empresas, muchas de ellas ligadas a la industria productora de armas, que ofrecerá servicios como mantenimiento, suministros, modernización de equipos y armas, apoyo logístico, formación y entrenamiento de militares o policías, construcción de bases y su mantenimiento, servicios de inteligencia, contrainteligencia, operaciones especiales, asesoramiento estratégico y técnico a gobiernos y militares, servicios de traducción, protección a personas, instalaciones o infraestructuras, ayuda humanitaria, respuesta rápida ante desastes, apoyo en operaciones de paz, destrucción de armas, gestión de conflictos, negociaciones de paz, transiciones políticas, etc. En definitiva empresas que actuaran el "el campo de batalla".
Algunas tareas que realizan estas empresas pueden considerarse tareas militares "esenciales": gestión de instalaciones (bases, prisiones, cuartes, etc.), sistemas de abastecimiento, la formación y entrenamiento militar o la inteligencia. Por tanto la primera cuestión que requiere debate es la definición de tareas "no esencialmente" militares, de no ser así estas empresas, por magnitud e intensidad del servicio que prestan, podría considerarse que representan una duplicidad de las fuerzas militares, en definitiva ejércitos privados.
La creación legal de estos ejércitos privados nos lleva a otra cuestión importante, el control democrático del uso legal de la violencia. En los estados modernos solo el Estado tiene la legitimidad del ejercicio exclusivo del uso de la violencia. La presencia de estas empresas en el ejercicio de la violencia rompe el monopolio del Estado, aumenta la distancia entre la toma de decisiones y la ejecución de la fuerza e introducen un actor privado que puede tener objetivos propios, que solo rinde cuentas a quien le contrata y que busca maximizar beneficios, perdiéndose cualquier control democrático sobre sus actividades.
En el caso de Libia podemos encontrar una paradoja. Gadafi contrata "mercenarios" para aplastar las revueltas populares contra su régimen político y los rebeldes contratan empresas de servicios militares para formar y entrenar a las milicias actuales y futuros militares para derrocar el régimen de Gadafi. En este debate, no podemos obviar el pragmatismo del mercado, las empresas son leales y sirven a los intereses de sus accionistas, su lealtad no es el bien común ni el interés colectivo.
Finalmente apuntar que dado que muchas de estas empresas están íntimamente ligadas a las empresas productoras de armas, podemos encontrarnos con que sus intereses económicos alienten o favorezcan la perpetuación de ciertos conflictos o la generación de nuevas necesidades que requieran sus servicios.