Editorial
La privatización de la seguridad: tendencia del presente, reto futuro
Si se repasa lo que se ha escrito sobre la posguerra fría, se encontrarán bastantes referencias al cambio de naturaleza de los conflictos armados, a la pérdida del monopolio de la violencia masiva legal por parte de los estados, a la convergencia entre las agendas de paz, desarrollo y derechos humanos, y también a la privatización de la seguridad, en el Norte y en el Sur.
El número 9 de Por la Paz se ocupa justamente de una de las dimensiones de esta característica de nuestros tiempos, la relación entre seguridad y empresas privadas, en particular en situaciones de conflicto, como preparación del simposio internacional que el ICIP prepara sobre el tema. De aquí mis reflexiones al respeto.
Primero, durante la posguerra fría la seguridad ha tenido una evolución en dos direcciones parcialmente contradictorias. Por un lado, se ha entendido como un proceso, multidimensional, centrado en las personas, donde los retos y las amenazas y los referentes a proteger han cambiado. El resultado: una creciente desmilitarización de la noción de seguridad, al menos hasta el 11 de septiembre de 2001 y una centralidad de enfoques muy próximo al desarrollo humano, como la seguridad humana y la responsabilidad de proteger. Por otro lado, la seguridad, incluida la interior, ha perdido poco a poco la característica de bien público, de servicio básico que los estados tenían que proveer a sus ciudadanos (asegurar su integridad física), para convertirse -realmente, aunque no legalmente- en una mercancía privada sólo asequible para las personas que podían pagar para obtenerla.
El ejemplo más claro: la seguridad en buena parte de los países del Sur y en algunos de los países emergentes, con una proliferación de "ejércitos" privados, agentes armados privados omnipresentes en los establecimientos tanto públicos como privados, cuerpos especiales encargados de la seguridad del presidente o de los altos cargos del régimen, recursos contratados a mercenarios, etcétera. Hay que ser conscientes de las contradicciones que genera esta doble evolución, que afecta incluso al debate relacionado con temas sensibles, como las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas: donde se mantiene la no autorización del recurso en empresas privadas para misiones con mandato directo del Consejo de Seguridad, a la par que ya existen documentos elaborados por empresas privadas que argumentan las ventajas que tendría utilizar sus servicios (recuerdo, en 2003, el caso de la operación de Naciones Unidas al Congo, Monuc). Además, en operaciones no situadas bajo el mandato de Naciones Unidas, como Irak y Afganistán, los datos obligan a reflexionar: en Irak, la presencia máxima de personal norteamericano fue de 185.000 empleados de empresas privadas de seguridad frente a 165.000 soldados; en Afganistán, el número de personal privado desplazado ha oscilado entre 130.000 y 160.000.
Segundo, el tema requiere una aproximación conceptualmente precisa y muy abierta, analizando pros y contras, y dando voz a actores e intereses plurales. Con respecto a la pluralidad, veréis que en este número tienen voz tanto militares profesionales como empresas privadas, cómo también ocurrirá en el seminario.
En cuanto a las necesidades de ser conceptualmente preciso, bastará con algunos ejemplos. No son un fenómeno exclusivamente norteamericano o surgido de Occidente. Algunas de las primeras grandes empresas privadas pertenecían y actuaban en países del Sur, como la célebre Executive Outcomes, creada el año 1989 en Sudáfrica, formada por soldados y personal desmovilizado (con bastante presencia de personas que habían estado vinculadas al brazo armado del Congreso Nacional Africano), y que además estaban dotadas de material de combate y de transporte pesado y sofisticado. En 1993 el gobierno angoleño las contrató para luchar contra los rebeldes de Unita y para recuperar las minas de diamantes que controlaban a los rebeldes; en 1995 las contrató el gobierno de Sierra Leona para luchar contra el RUF. Además, de éste y de otros casos, los intereses de las empresas privadas de seguridad se vinculan con los de las empresas extractivas, o de otro tipo: existe una evidencia clara de la existencia de vínculos estructurales entre la empresa mencionada y Heritage Oil and Gas o Branch Energy.
Un segundo ejemplo: el debate sobre si hay que distinguir entre "empresas privadas de seguridad" (private security companies) y "empresas militares privadas" (private military companies): las primeras se dedicarían básicamente a prestar servicios como análisis de riesgos, protección y seguridad de personas y de lugares e instituciones estratégicas, mientras que las últimas ofrecen personal bien entrenado para adiestramiento de tropas o para desplegarlo en determinadas zonas, solo o acompañando otras unidades. Actualmente se usa sobre todo la expresión "empresas militares privadas", pero lo cierto es que no todas hacen de todo.
Y un último ejemplo son todos los problemas de rendición de cuentas y de transparencia, o los derivados del status jurídico del personal de seguridad privado desplazado en las misiones sobre terreno. En Irak, una orden de Paul Bremmer, responsable de la autoridad provisional de la coalición (Orden 17), les garantizó inmunidad. Desarrollos posteriores, como códigos de conducta y autorregulación elaborados por asociaciones de empresas del sector (International Peace Operations Association; British Association of Private and Security Companies; Global Peace and Security Operations Institute) no constituyen suficiente garantía.
La tendencia actual a la privatización de la seguridad se incrementará en el futuro, producto de la importancia de las operaciones de construcción de paz y de la tendencia a disminuir el número de efectivos de los ejércitos profesionales. Habrá que seguir con atención el tema, un reto de futuro, en su doble acepción de peligro y de oportunidad.